Domingo 28 de octubre de 2007
"El énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación".
"No sabemos si los fondos públicos se invierten en programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad".
MAURICIO CARVALLO
Quien se hiciera conocido como fiscal del centro de Santiago y por la idea de estrategias antidelictuales inteligentes, sin dejar de reconocer méritos, plantea su crítica -descarnada, y a veces demoledora- sobre cómo Gobierno y oposición están enfrentando el tema de la delincuencia.
-¿Qué piensa del debate sobre delincuencia?
"La pregunta clave es: ¿qué funciona realmente? Hoy hay conocimiento muy específico, que constituye un estándar técnico. Los paquetes de medidas (agenda corta, 14 medidas del Gobierno, 34 de la oposición) contienen algunas iniciativas útiles, pero en su mayoría abordan problemas marginales o irrelevantes, varios ya superados, y algunas son contraproducentes. En su conjunto, me parece que pueden aprobarse todas mañana y no habría un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. Por otro lado, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública -el eje de todo el discurso del Gobierno-, siendo un esfuerzo meritorio, descansa casi enteramente sobre programas que no tienen evaluación".
-¿El estado de emergencia política con que parece estar tratándose el tema es lo que faltaba para disminuir la delincuencia?
"No. Veo cuatro ejes problemáticos para lograr resultados reales. Primero, el énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación. En segundo lugar, están las medidas "urgentes" tanto del Gobierno como de la oposición. Muchas de ellas son buenas, pero por otras razones: es bueno que los policías estén más protegidos, o que ciertas víctimas puedan ser mejor atendidas, y que jóvenes pobres puedan capacitarse. Pero eso no necesariamente impacta en la delincuencia. A cambio, esas medidas impiden que abordemos problemas realmente sustantivos, de los que sí urge hacerse cargo".
-¿Cómo así?
"Tomemos el tema de las franjas de impunidad, que domina el debate público. Las medidas de ambos lados apuntan a la prisión preventiva en los delitos graves, a las detenciones ilegales, a las facultades policiales para detener... Ninguno de éstos constituye realmente un problema de impunidad, más allá de los errores que se puedan cometer. Las facultades policiales dejaron de ser un problema importante hace tiempo. En cambio, la mitad de la población condenada, 40 mil personas al año, lo es a penas en libertad -alternativas a la cárcel-, diseñadas para promover la reinserción, pero la realidad las transforma hoy en una enorme franja de impunidad. Sorprende que nadie siquiera mencione este tema, frente al cual los problemas asociados a la prisión preventiva o a las detenciones ilegales parecen insignificantes. Lo mismo ocurre cuando las propuestas se focalizan en los delitos graves, porque las franjas de impunidad no están realmente aquí, sino en los delitos menores y de mediana gravedad (hurtos, robos con sorpresa, lesiones, amenazas). Son propuestas con el foco equivocado, y algunas de ellas derechamente contraproducentes".
-¿Por qué lo dice?
"Veamos la agenda corta. Hay delitos en que está claro que el imputado lo hizo, pero la prueba es débil. Por ejemplo, robo con intimidación. Todos los días, especialmente si el delito no produjo ningún daño real a las víctimas, el sistema obtiene condenas, pese a la debilidad del caso, por un procedimiento abreviado (negociación entre fiscal, imputado y defensor, en la que el imputado renuncia al juicio a cambio de una pena más baja). Las modificaciones de la agenda corta van a cerrar esta vía y van a forzar el juicio. Muchas de estas condenas se van a convertir en absoluciones si se llevan a juicio y, probablemente, los fiscales -en casos que hoy se condenan- simplemente no van a perseverar. Esta modificación va a producir impunidad, lo contrario de lo que se pretende. Esto, sin mencionar el impacto en cuanto a mayor población y costo carcelario".
-¿Y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública?
"Es el tercer eje problemático. Debe valorarse el esfuerzo por construir una estrategia integral. Es un buen discurso, pero no sabemos -y no quiero descalificarla, realmente no sabemos- si puede llegar a ser algo más que eso, porque la mayoría de sus programas no cuenta con evaluaciones. No sabemos si en verdad funcionan para la prevención y control del delito, o la reinserción. No sabemos cómo se están implementando, cuáles son sus problemas y correcciones, y si vale la pena la inversión que demandan. En el supuesto de que algunos sean eficaces, tampoco existe metodología para hacer de ellos un estándar de calidad, de manera que un mismo programa se aplique de diversas maneras en distintos lugares. Para su propia legitimación, los programas de la estrategia antidelincuencia deben abrirse a la evaluación independiente por la sociedad civil. Esta participación sería tanto o más importante que la que se invoca respecto de su gestación".
-Sin embargo, estos programas se están ampliando...
"Se aumentan su cobertura y el gasto, y no sabemos si los fondos públicos se están invirtiendo en ampliar programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad pública. La pregunta es por qué se trabaja de esta manera. El énfasis está en la cobertura, no en la implementación ni en asegurar metodologías medibles".
-¿Sería más rentable políticamente?
"No sé. Puede ser que parezca más impactante decir estamos atendiendo a 55 mil personas en lugar de decir mil 500, pero preocupándonos de construir una metodología evaluada y eficaz. Y la cuestión es: ¿quién va a responder cuando, en cinco años más, descubramos que lo que hicimos nos tiene igual que antes? Hoy, cinco años después, descubrimos que gastamos $15 mil millones en el Programa Comuna Segura, expandiéndolo año tras año, y parece que no funcionaba... Me parece imprescindible evaluar, porque empieza a haber información que sugiere que hay problemas en la capacidad para hacer llegar las iniciativas de la Estrategia a las personas y a los barrios. Programas emblemáticos han probado no funcionar, y en otros el impacto no está claro".
-¿Como por ejemplo?
"Comuna Segura fue hasta hace poco un programa emblemático, y tras cinco años y un gasto de $15 mil millones, desapareció o fue radicalmente reformulado, sin que haya documentación oficial, al menos pública, que explique la decisión, describa los problemas y la evaluación que determinaron tal decisión, justifique cómo el traspaso de los fondos a las municipalidades corrige esos problemas. En responsabilidad penal adolescente, los programas de rehabilitación y toda la filosofía en torno a la reinserción de los menores, que justificaron varios años y recursos para una reforma estructural, no parecen lograr instalarse. El Plan Cuadrante aparece evaluado por la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda como un avance muy importante en la gestión de los recursos policiales y en la satisfacción de las demandas por servicio policial, pero el mismo informe concluye también que no puede, a la fecha, contribuir al objetivo de reducir victimización y temor. En la red social a nivel de barrio y usuarios finales hay información que sugiere duplicación y sobreposición de programas, intervenciones de nivel puramente diagnóstico, escasa coordinación entre instituciones y programas, disputas por los fondos estatales, y en muchos casos falta de focalización. Todo esto se traduciría en programas de bajo impacto, y son $100 mil millones invertidos en esta área. Aunque, de nuevo, es difícil saber, porque no hay evaluaciones ni información disponible suficiente para hacer seguimientos independientes".
-¿Un ejemplo?
"Cuando se anuncia que 5 mil jóvenes en vulnerabilidad serán capacitados laboralmente, no está claro cuál es el grupo objetivo, si han cometido delitos, si son carreras delictuales en potencia, cómo se hizo ese diagnóstico y selección. Si sólo se trata de jóvenes pobres, sin duda es un gran programa social, pero no necesariamente está previniendo delincuencia. Tal vez sólo unos pocos o ninguno de esos jóvenes iban a seguir carreras delictuales. Tal vez algunos las sigan de todos modos, porque sus factores de riesgo están asociados a abuso de drogas, abusos sexuales o maltrato infantil. Si es así, el gasto no está focalizado, y probablemente el impacto tampoco.
-¿Qué está sucediendo con la rehabilitación?
"Las estrategias exitosas son integrales, y el discurso de la Estrategia Nacional debe ser reconocido. Pero eso quiere decir fuerte inversión de recursos, construcción de capacidad técnica y persistente voluntad política para diseñar programas probados de prevención y reinserción, y conjugarlos con formas eficaces de control y persecución del delito. Pero en inserción y rehabilitación -y ése es el cuarto eje problemático-, simplemente, no hay oferta programática. Las medidas alternativas a la cárcel, lidiando con la mitad de los condenados, disponen sólo del 3% del presupuesto de Gendarmería. Todos los años egresan de las cárceles chilenas alrededor de 20 mil personas, y necesitan oportunidades para rehacer sus vidas. La oferta estatal en la actualidad es un solo programa... que atiende a 250 personas. La propuesta de la Estrategia es aumentarlas en otros... 300 cupos. No hay oferta, en un área de máxima importancia si se quiere reducir delincuencia: es muy predecible que muchos vuelvan a delinquir. Aunque no lo sabemos, porque tampoco hay estudios fuertes y públicos de reincidencia".
-¿Qué rescata del debate político que surgió en los últimos días sobre este tema?
"Rescato la intención, el discurso de integralidad, la idea de hacer de esto una política de Estado. Que se haga en un trabajo conjunto entre el Gobierno, la oposición y todos los sectores. Como se hizo la Reforma Procesal Penal. Pero hasta ahora no ha alcanzado para desideologizar el tema. Si estuviera siendo abordado técnicamente, muy pocas de las medidas propuestas seguirían circulando".
"Hace unos días, el subsecretario del Interior, en una columna de opinión, vinculaba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con los intensos desarrollos internacionales en el área delincuencia. Si hubiera una sola lección que aprender de la experiencia internacional, es que son las prácticas, la implementación y la metodología lo que producen los cambios".
"Sin excepción, donde se ha logrado reducir el delito, se ha hecho sobre bases sustancialmente operativas. No son las leyes ni los planes ni los discursos. La experiencia internacional muestra también que en esta área -en la que por cada experiencia que funciona hay cientos que fracasan-, las metodologías exitosas sólo se han podido construir mediante un riguroso proceso de implementación, seguimiento, evaluación de objetivos y corrección. Por eso, en esta área, lo que no está evaluado no cuenta".
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