Primer paso para establecer fideicomiso ciego

Jueves 13 de marzo de 2008

Gobierno presentó reforma constitucional para que autoridades traspasen administración de sus bienes a terceros:
Primer paso para establecer fideicomiso ciego
La obligación, que sería precisada en una futura ley, alcanzaría al Presidente, ministros, parlamentarios y jueces.



CLAUDIO SALINAS

En momentos que el empresario y abanderado de RN Sebastián Piñera se empina en las encuestas con la mejor expectativa para llegar a La Moneda, el Gobierno decidió dar el primer paso con miras a legislar sobre la separación entre el dinero y la política.

Para ese efecto, sin mayor publicidad, ingresó el pasado lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que, entre otros aspectos, establece la obligación del Presidente de la República, ministros, parlamentarios y altos magistrados de traspasar la administración de sus bienes a terceros cuando lo determine la ley.

El subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, quien fue el encargado de presentar el martes la iniciativa en la Comisión de Constitución de la Cámara, precisó a este diario que con ella el Gobierno busca establecer un marco normativo para legislar sobre el llamado fideicomiso ciego.

Se trata de un mecanismo por el cual las personas acaudaladas que lleguen a altos puestos en los poderes públicos puedan traspasar la administración de su patrimonio a fin de prevenir conflictos de interés.

Piñera ha manifestado su disposición a ceñirse a ese tipo de figura y ha reclamado insistentemente al Gobierno que legisle con ese propósito.

En ese contexto, el Ejecutivo presentó esta semana una indicación sustitutiva al proyecto sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política que está en primer trámite desde fines del 2006 en la Cámara de Diputados.

La primera parte de la indicación introduce un nuevo inciso al artículo 8{+o} de la Constitución -que consagra el principio de transparencia- donde se establece que las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades serán públicas, y agrega que "el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los miembros de los altos tribunales de justicia y demás autoridades que la ley señale, deberán encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a un tercero cuando aquélla así lo exija".

El subsecretario Riveros precisó que se trata por el momento de establecer la exigencia en el texto de la Constitución y que un próximo paso será establecer los detalles y modalidades en una ley específica para ello.

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La indicación sustitutiva contiene también otros aspectos, como la extensión a los ministros del estatuto de incompatibilidades que hoy rige a los parlamentarios, la consagración de las primarias como mecanismo (voluntario, pero con resultados vinculantes) para que los partidos elijan sus candidaturas y nuevas restricciones destinadas a limitar el intervencionismo electoral.

Se propone que el Congreso Nacional deje de sesionar treinta días antes de las elecciones presidenciales y que los senadores y diputados que promuevan o voten asuntos de su directo y personal interés queden, como sanción, inhabilitados para postular a cargos de elección popular por un período de cinco años.

También la indicación plantea que no podrán presentarse proyectos de reformas constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial