El Mercurio, Editorial; Lunes 1 de Octubre de 2007.
Tratándose de la principal herramienta de la política fiscal de un gobierno, es importante que la discusión no se centre únicamente en los aspectos numéricos involucrados, sino que, junto a ello, se les otorgue una especial prioridad a temas orientados a lograr una mejor gestión de los recursos y a permitir una mayor capacidad fiscalizadora del Congreso.
La elaboración de la Ley de Presupuestos de cada año es el principal hito de la política fiscal de un gobierno, pues se trata de una herramienta fundamental para impulsar sus proyectos. El reciente ingreso a tramitación legislativa del proyecto de presupuesto fiscal 2008 marca el inicio de un proceso deliberativo, tanto parlamentario como de opinión pública, que estará marcado por variados ejes, pero en el que predominará la discusión sobre la procedencia o improcedencia de la expansión del gasto fiscal que se está proponiendo.Para orientarse en ese debate, cabe tener presente que el ordenamiento institucional chileno es especialmente favorable para el Poder Ejecutivo, ya que el Congreso carece de facultades para modificar la estimación de los ingresos fiscales presentada por el Gobierno. Por consiguiente, el Legislativo no tiene competencia para imponer cambios en el nivel de gasto público propuesto por el Ejecutivo, limitándose su función a poder cuestionar partidas específicas que no le parezcan apropiadas, pudiendo sólo sugerir cambios. Esto da lugar a negociaciones con la autoridad política para, finalmente, lograr la aprobación del proyecto de ley sometido a discusión.En lo referido al impacto macroeconómico del presupuesto fiscal 2008, el Gobierno ha hecho especial hincapié en la responsabilidad con que se está abordando, para dar estricto cumplimiento al criterio basado en el balance estructural de las finanzas públicas, cuya regla vigente apunta a un superávit equivalente a 0,5 por ciento del PIB. Desde el punto de vista de los necesarios equilibrios financieros, ya no se discute la conveniencia de actuar sobre la base de parámetros de largo plazo.Sin embargo, la responsabilidad con que debe actuar el Gobierno en materia de gasto fiscal trasciende al compromiso de ceñirse al citado criterio de equilibrio financiero. Aun si se cumple esto último, la cuantía en que aumente el gasto público, así como su composición, pueden desempeñar un papel muy relevante para contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica o para exacerbar los desequilibrios que hoy preocupan. Enfrentado a un escenario que hace unos meses no se preveía, como la amenaza de un rebrote inflacionario, y en el marco de una economía en que las brechas de capacidad disponible están desapareciendo, una expansión del gasto fiscal que exceda la tasa de crecimiento potencial del PIB (en torno a cinco por ciento) tiene un riesgo desestabilizador evidente. Esto es especialmente aplicable a todas aquellas partidas de gasto de carácter esencialmente asistencial y que, por ende, no contribuyen a aumentar la capacidad productiva de la economía. Sería prudente, pues, que, sin alterar el mayor uso de recursos implícito en el cumplimiento de la regla fiscal vigente -que es lo que se propone en el proyecto de Ley de Presupuestos 2008-, se limite la expansión de los gastos corrientes a una tasa no superior a 5,0 por ciento, dejando el resto para iniciativas orientadas a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía. Dentro de esto último debería incluirse, por cierto, la opción de reducir impuestos que obstaculizan la inversión y la productividad.Mejorar fiscalización de eficiencia en el uso de recursos públicosPese a los márgenes limitados del Congreso para abordar la discusión presupuestaria, su papel no es por ello menos importante. El Legislativo debe concentrarse esencialmente en la fiscalización del uso de los recursos públicos, y en esta materia falta mucho por avanzar. La discusión de esta Ley de Presupuestos constituye una buena instancia para introducir en la legislación ciertos preceptos que permitan fortalecer la potestad fiscalizadora del Congreso.En las actuales circunstancias, hay bastante consenso técnico -que se ha hecho extensivo incluso al mundo político- en cuanto a la necesidad de poner énfasis en controlar mejor la calidad del gasto público. Los ejemplos de programas mal evaluados, sumados a los casos de uso indebido de recursos en ciertas reparticiones, y a la frustración del propio Gobierno al constatar que en determinadas áreas no se perciben mejoras concretas, a pesar de los significativos aumentos presupuestarios a lo largo del tiempo, están creando las condiciones para enfrentar el tema con un prisma diferente.No se puede desconocer que la Dirección de Presupuestos ha introducido importantes cambios en el último tiempo, con el propósito de mejorar la gestión de los recursos fiscales, pero ello ha demostrado ser insuficiente, por cuanto se carece de instancias de fiscalización independientes del Gobierno. Prueba de ello es que en el caso de los proyectos de inversión no siempre se aplican las recomendaciones emanadas de los estudios de evaluación socioeconómica realizados, y tampoco hay suficiente transparencia en el sentido de permitir a la ciudadanía acceder a esta información. Los paneles de expertos que evalúan determinados programas de gasto responden, a fin de cuentas, al propio Gobierno.Sería conveniente incorporar en esta ley una facultad para que el propio Congreso, por medio de la Comisión Mixta del presupuesto, disponga de recursos para contratar por su cuenta a terceros, con el fin de evaluar el desempeño de los programas cuando se estime conveniente hacerlo, y que estos antecedentes se pongan en conocimiento de la ciudadanía.
lunes, 1 de octubre de 2007
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