La Semana Política del lunes 15 al domingo 21 octubre

La estrategia presidencial de los acuerdos

Pese a la alta valoración de las virtudes personales de la Presidenta Bachelet, su gobierno sufre una constante pérdida de apoyo, y hoy alcanzaría menos del 40 por ciento de aprobación. De alguna manera, los negativos resultados en educación y seguridad pública, o el fracaso del Transantiago, afectan a la Mandataria y al gabinete de modo distinto. Pero nada garantiza que esa distinción se mantenga, y en cualquier momento las críticas pueden traspasarse completamente a la imagen de la Presidenta. Para conjurar ese riesgo, figuras como el presidente del PPD, Sergio Bitar, o el senador Pizarro (PDC) han venido insistiendo en un cambio de gabinete, para retomar la iniciativa política.

La Presidenta no parece convencida, o intuye que las raíces del problema van más allá del cambio de algunos nombres. Ella advierte el fraccionamiento de la Concertación como pacto político, luego de casi 20 años de predominio. Esto complica el funcionamiento de una administración férreamente cuoteada y dificulta el trabajo con las bancadas legislativas.

El tiempo pasa y el país no avanza con la pujanza que permitirían el excepcional precio del cobre, la sanidad de nuestras finanzas públicas y el listado de cruciales tareas pendientes, como la coyuntura energética o la crisis de la educación estatal.

En esas circunstancias, los asesinatos de otros dos carabineros y la muerte de 10 menores en un centro del Sename en Puerto Montt forman un contrapunto con la actitud autocomplaciente de algunos personeros del Gobierno y justifican la percepción de temor ciudadano que confirman una y otra vez las encuestas.

Existe una Estrategia Nacional de Seguridad que el Gobierno invoca con entusiasmo, pero -como se consigna por separado en esta página y en crónica- una mirada técnica concluye que su aplicación y su evaluación técnica son insatisfactorias. No obstante, se insiste en aumentar los recursos económicos para distintas iniciativas de esa estrategia que no aparecen validadas hasta ahora.

La muerte de los menores detenidos dejó al descubierto el incumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno para obtener la aprobación de la puesta en marcha de la nueva justicia juvenil, ignorando las advertencias de la comisión de expertos nombrada por La Moneda. La gravedad de lo ocurrido sobrepasó las lealtades políticas, y el presidente del PS, en el que milita la Mandataria, se querelló contra quienes resulten responsables, sin contentarse con el anuncio de sumarios administrativos -un gesto de alcance más político que jurídico.

Antes de hacer ajustes en su gabinete, la Presidenta se ha jugado por involucrar a la oposición en la solución de los principales problemas que agobian a su gobierno, primero con cambiantes apelaciones a un "pacto social" y, luego, con la audaz iniciativa de mandatar al ex candidato presidencial Joaquín Lavín para forjar un acuerdo con RN y la UDI en torno a una agenda antidelincuencia. Los partidos de oposición, que exhiben cada vez mayor coordinación política, rechazaron ese conducto personal y optaron por un diálogo institucional, concurriendo ambos presidentes a La Moneda.

Condiciones de éxito y capacidad de gestión

La estrategia presidencial envuelve un doble desafío para el Gobierno. En primer lugar, debe ganarse la confianza de una oposición a la que ha fustigado y a la que ahora debe recurrir. Las palabras del más probable abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera -entrevistado en esta edición y que encabeza todas las encuestas presidenciales-, son elocuentes: "La Concertación, primero, trata de 'sacarse el pillo' de su fracaso en materia de delincuencia, socializando la responsabilidad, cosa que jamás haría con sus éxitos. Yo creo en la buena voluntad y las buenas intenciones de la Presidenta Bachelet. Pero no comparto los malos resultados de su Gobierno... Tenemos una firme voluntad en colaborar con eficacia, pero nula voluntad de actuar como comparsas o con ingenuidad". En ese mismo sentido deben entenderse los gestos y palabras del presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, en la cena anual de la industria. Los empresarios no esconden su inquietud por el derrotero de la inflación, del tipo de cambio y del clima laboral, pero manifiestan su disposición de buscar acuerdos para enfrentar los principales cuellos de botella de nuestra economía.

Un test del éxito o fracaso en el logro de acuerdos de trascendencia nacional es, sin duda, el trabajo que se lleva a cabo por representaciones de Gobierno y oposición en torno al proyecto de Ley General de Educación, que demanda amplio acuerdo, pues está llamada a modelar el desarrollo del sistema educacional de los próximos 20 o 30 años. Con discreción, se han ido reduciendo las áreas de desacuerdo, pero subsisten importantes puntos de fricción en torno a la selección de estudiantes y las posibilidades de lucro en el sector particular subvencionado.


Por otra parte, el Gobierno debe mejorar sustancialmente su capacidad de gestión. Los problemas de los tribunales de familia o de la ley penal juvenil, de las designaciones en Chiledeportes o del funcionamiento de EFE, no se resuelven con un acuerdo político. Por el contrario, el eventual acuerdo que se alcance en cualquier materia eliminará una excusa recurrente del Gobierno frente a sus fracasos: la supuesta obstrucción opositora. Logrado el consenso, el Gobierno respondería directamente de la materialización y ejecución de esos acuerdos. Con ese objeto, podría ocurrir que la Mandataria diera curso -tras ese eventual acuerdo- al tantas veces anunciado cambio en su equipo de ministros. Un test del éxito o fracaso en el logro de acuerdos de trascendencia nacional es el trabajo por representaciones de Gobierno y oposición en torno al proyecto de Ley General de Educación, que modelaría ésta por los próximos 20 o 30 años.