Políticas públicas de seguridad

La calidad de las políticas públicas de un país no sólo depende del acervo de conocimiento técnico que exista respecto de las acciones más eficaces y socialmente rentables para abordar los problemas sociales, sino también de que la formulación y aprobación de dichas políticas por los colegisladores logre incorporar dicho conocimiento en políticas de Estado de largo plazo. En estas últimas semanas, nuevamente se ha observado cómo Chile no ha logrado avanzar en esta línea en uno de los problemas sociales más graves del país -la seguridad ciudadana-, que la población, con sobrada razón, estima de altísima prioridad.

Las autoridades están reaccionando una vez más ante hechos específicos -la muerte de carabineros en la violencia del 11 de septiembre y en un asalto la semana pasada, la muerte de 10 menores en una dependencia del Sename-, y no impulsadas por diagnósticos comprensivos y profundos de los problemas que exigen solución. Además, el tema ha sido incorporado de lleno a la arena político-partidista, en la cual la motivación de los actores es maximizar, en el corto plazo, la representación de su partido político en cargos de elección popular. A las 14 medidas anunciadas por el Gobierno después del 11 de septiembre se suman ahora decenas de medidas propuestas por la Alianza y la posterior pugna de poder entre ministros, líderes políticos y los dos partidos de la Alianza. Es positivo que la Concertación y la Alianza se propongan avances concordados en el Congreso, pero los acuerdos de la comisión creada para ese efecto deberían ir mucho más allá de los puntos conocidos hasta ahora, provenientes de "paquetes de medidas" reactivas, que en su mayoría no se sustentan sobre diagnósticos acabados ni en el conocimiento internacional y las técnicas de punta en estas materias. Ellos, cuando más, sólo embrionariamente constituyen un cuerpo armónico de políticas de las cuales se pueda esperar con fundamento un efecto sustancial en la seguridad ciudadana. En general, carecen de evaluación de costos y de rentabilidad social. Incluso abundan propuestas simplistas, de supuesta "mano dura", que pueden resumirse en más recursos y atribuciones para el control de la delincuencia. La Política Nacional de Seguridad Pública, fruto de un mejor proceso de formulación, incluyó propuestas más técnicas e integró tanto la prevención como el control de la delincuencia, pero ha tenido muy escaso nivel de ejecución.

Básicamente, la reducción de la delincuencia en Chile no depende tanto de la legislación ni de la cantidad de recursos como de la gestión de las instituciones públicas que actúan en prevención y control de aquélla