Presencia antártica

El inconsulto anuncio británico de su intención de declarar a la comisión correspondiente de la convención de la ONU sobre Derecho del Mar la plataforma continental ancha (o de más de 200 millas) que correspondería al sector cuya soberanía reclama, ha motivado una saludable reacción chilena. Un comunicado de la Cancillería reafirmó nuestros derechos soberanos, que incluyen la Tierra de O'Higgins o Península Antártica, y anunció las declaraciones de la plataforma continental ancha que le corresponde dentro del plazo establecido, de mayo de 2009. Se hizo efectiva una visita de la comisión de Defensa de la Cámara y se anunciaron viajes de otras personalidades y científicos a la Antártica; hubo declaraciones de personeros de Gobierno y parlamentarios, y una amplia cobertura de prensa.

Lo más simbólico ha sido la decisión de la Armada de reponer su base antártica, Arturo Prat, en la isla Greenwich. Ella nació como base Soberanía en 1947, 12 años antes del Tratado Antártico y a sólo seis del decreto de 1941 que fijó los límites del Territorio Antártico Chileno. Viajó el entonces Presidente González Videla. En la isla Greenwich, la Armada desarrolló su expedición anual, que conectaba a la Antártica con el resto del territorio, hasta poco después de que la FACh asegurara una conexión regular con el aeropuerto de la hoy base Presidente Frei. Se supera, así, una quizás infortunada suspensión de las operaciones de la base y se restituye a su plena actividad, operada por la Armada y con una renovada labor de investigación científica.

Nuestros derechos antárticos se fundan en títulos históricos desde la colonia, en actividades y actos posesorios, en afirmaciones y actas muy antiguas de la Cancillería, pero la geografía los evidencia: somos el país más cercano a la Antártica, a 500 millas de distancia y poco más de dos horas de vuelo, y ella es una prolongación geológica de nuestro territorio continental. En la base Frei hay actividad y presencia constantes, y en ella han nacido chilenos. Nuestros derechos de soberanía están cautelados por el Tratado Antártico, que congela sólo su pleno ejercicio. Él nos confiere, además, derechos de decisión y administración de toda la Antártica, dedicada a la ciencia y a la protección ecológica, en conjunto con las demás partes consultivas del tratado, y con facultad de veto.

Tenemos, pues, derechos de soberanía en la Antártica, que afirmamos y que están cautelados por el tratado sobre un sector de la misma, y derechos para participar en su manejo general. Esta doble condición nos obliga a una renovada presencia diplomática en las reuniones antárticas y otras relacionadas con actividades en las varias bases que mantenemos -de labor científica, de contribución decisiva a la conexión del continente con el resto del mundo-. El anuncio británico, inadecuado sobre todo en su forma y oportunidad, ha despertado y vigorizado el poderoso sentimiento de ser un país antártico.