Los informes que prepara la Contraloría

BRUNO EBNER
Indagaciones apuntan a Plan Comuna Segura, irregularidades en el Fosis y en Gendarmería, y la publicación del sumario por propaganda política en el Indap.



BRUNO EBNER

Volcada de lleno a la tarea de volverse una "gacela administrativa", tal como bromeó la semana pasada el contralor Ramiro Mendoza, hoy la Contraloría prepara una serie de informes de auditoría sobre distintos temas -algunos polémicos- de interés público.

Varios de ellos han sido gatillados por denuncias parlamentarias (ver recuadros). Es el caso del informe sobre el Plan Comuna Segura, del Ministerio del Interior, y que fue iniciado a petición del senador RN Alberto Espina. También está la denuncia del diputado UDI Felipe Ward sobre irregularidades en Gendarmería, y la acusación de diputados de la UDI sobre asignaciones políticas en el Fosis.

Otros casos que investiga la Contraloría han terminado en sumarios luego de haberse detectado irregularidades que, posteriormente, fueron denunciadas al Ministerio Público. Así, se esperan en los próximos meses los resultados sobre el hallazgo de material propagandístico en las bodegas del Indap en La Serena.

Junto a todo esto, en la Contraloría se diseñaron "planillas de riesgo". Es decir, los servicios que por la gran cantidad de dineros públicos involucrados ameritan un seguimiento exhaustivo. Éstos son los ministerios de Transportes, Salud, OO.PP., Educación y Vivienda.

Además -y de cara a las elecciones municipales del próximo año-, se están agilizando los sumarios municipales, actualmente en elaboración. Esto, para no influir en las elecciones municipales, con dictámenes que perjudiquen a ciertos alcaldes que van a la reelección, lo que puede ser visto como una suerte de intervención electoral.

Básicamente, cuatro son las metas a las que apunta la gestión de Mendoza: mejoras en los procesos de gestión; conformación de equipos compenetrados y ágiles; la elaboración de dictámenes de excelencia y responder a tiempo a todos los requerimientos del servicio.

La pretensión de independencia y transparencia del contralor es tal, que una de sus aspiraciones es -de aquí a cuatro años- dotar de edificios propios a todas las contralorías regionales.

Esto, para evitar que en regiones donde la Contraloría comparte espacios con, por ejemplo, la intendencia, se generen redes de compenetración entre funcionarios de ambas reparticiones, que conviven y se ven siempre, generando la necesaria distancia que los funcionarios del organismo fiscalizador deben tener para la imparcialidad y objetividad.

Mendoza también ha incrementado sus redes de contacto ciudadano, y se reúne periódicamente con personas comunes, con el fin de escuchar sus inquietudes y prevenir situaciones e irregularidades.

Irregularidades en el Fosis
Evacuado el primero, se espera un segundo informe con un examen de cuentas.

En enero, RN acusó al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) de la VIII Región de asignar más de 400 millones de pesos con fines políticos.

Después, la Contraloría de la V Región investigó el pago de $120 millones del Fosis a la empresa Nucom Ltda., la que comercializaba piezas computacionales y se adjudicó siete proyectos para capacitar a personas en extrema pobreza. Nucom habría presentado documentación falsa y boletas por servicios nunca efectuados.

La denuncia dejó en evidencia al ex gobernador de Petorca, Christian Urízar, como socio de Nucom. La Contraloría regional entregó esos antecedentes en septiembre al Ministerio Público, para que indague posibles ilícitos. Paralelamente, la Contraloría General inició una auditoría que arrojó en noviembre irregularidades administrativas de funcionarios. El informe que se espera es un examen de cuentas a la institución.

Las rentas en Gendarmería
Indagación apunta a asesorías que nunca se hicieron efectivamente.

El diputado UDI Felipe Ward destapó irregularidades en el pago de honorarios extra en Gendarmería. En su denuncia reveló que figuras concertacionistas, como el senador PRSD José Antonio Gómez, el embajador en España Osvaldo Puccio, el hoy ministro de Justicia Carlos Maldonado, y el ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano, entre otros, recibieron pagos por concepto de asesorías que -acusó- nunca realizaron de manera efectiva. Según corroboró después el ex director de Gendarmería, Mario Morales, en la comisión investigadora que se creó en la Cámara de Diputados para tal fin, era una forma de "mejorar las rentas" que cada uno de ellos percibía en su calidad de funcionarios del Ministerio de Justicia.

Indap y la propaganda
La existencia de intervención electoral sería el punto a aclarar en esta indagación.

A partir de una denuncia de diputados de la UDI encabezados por Gonzalo Uriarte, la Contraloría comenzó una investigación acerca de una presunta intervención electoral en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) tras el hallazgo de material de propaganda política en la bodega de archivos de la dirección regional de La Serena.

Allí -además de folletos donde aparece la Presidenta Michelle Bachelet con el ex director del servicio, Arturo Sánchez- también se encontraron pertenencias y documentos personales del ex director regional, José Mora.

Constatadas irregularidades, la Contraloría inició un sumario, el que -según fuentes internas- podría librar el próximo mes.

Plan Comuna Segura
Se revisa si los fondos fueron a programas ajenos al combate a la delincuencia.

En septiembre pasado, el senador RN Alberto Espina pidió a la Contraloría investigar los proyectos financiados con el Fondo Concursable del programa Comuna Segura del Ministerio del Interior.

Este plan invirtió sobre $16 mil millones de pesos en casi 4 mil proyectos en 70 comunas desde 2001, pero se eliminó en 2007.

Según Espina, muchas de estas iniciativas estaban relacionadas con programas de índole social que nada tenían que ver con la seguridad ciudadana y el delito.

Este año, el Gobierno reconvirtió el plan en el llamado Plan Comunal de Seguridad Pública, el que no tiene fondos concursables y obliga a todas las comunas del país a presentar planes locales sujetos a la estrategia nacional.

¿Por qué? Porque, según dijo la División de Seguridad Ciudadana en 2006, el plan original tuvo muy bajo impacto en la reducción de los índices delictuales.

El recambio generacional para agilizar la fiscalización

Definitivamente, el "estilo Mendoza" le puso el acelerador a la Contraloría. Reflejo de ello es que, tras las nuevas designaciones de jefaturas, el martes, se efectuó un importante cambio generacional. A la cabeza de las divisiones más importantes, el antiguo promedio, de más de 60 años en las jefaturas, bajó a poco más de 50.

En el núcleo más "duro" del contralor, los tres colaboradores que lo asesoran en sus decisiones no sobrepasan en promedio los 37 años. Este núcleo lo componen el jefe de gabinete, Julio Pallavicini (40), el abogado José Ramón Correa (30) y el jefe de la División de Vivienda, abogado Osvaldo Vargas (43).

Porque -explican- Mendoza busca la juventud, pues necesita de gente que le siga su duro ritmo: jornadas laborales de hasta 15 horas y trabajo los domingo. Y desea evitar el surgimiento de feudos, donde jefes con años en el mismo cargo ya no tengan la diligencia que se exige.

En lo político, el contralor intensificó su relación con parlamentarios y ministros, y su relación con el ministro José Antonio Viera-Gallo -encargado de la agenda legislativa- es muy fluida.

Relativo a ello, Mendoza organizó en la Contraloría un comité de seguimiento de proyectos legislativos, con el fin de analizar los casos en donde nuevas instituciones creadas puedan superponer sus atribuciones con las de la Contraloría. Tales como los futuros Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Educación.