Fórmula problemática del Transantiago

La necesidad urgente del Gobierno de encontrar una fórmula para financiar el déficit operacional del Transantiago -que fluctúa alrededor de un millón de dólares diarios-, pues de lo contrario el sistema de transporte público de Santiago se paralizaría, se resolvió finalmente mediante un crédito por 160 millones de dólares otorgado por el BancoEstado y suscrito por "el sistema Transantiago".

Entre las opciones que el Gobierno barajó estaba la reasignación presupuestaria, que correctamente fue evitada por éste, pues como explicó su vocero, el Congreso ya había votado en contra de asignar partidas del actual presupuesto al Transantiago, y torcerle la mano de esa forma dejaba en un mal pie la relación entre ambospoderes.

La otra opción era utilizar el dos por ciento constitucional para los casos de catástrofe nacional, a lo que se opuso permanentemente el ministro de Hacienda, seguramente porque no se trataba de una catástrofe "natural" -históricamente las causales por las que se había invocado dicha prerrogativa-, sino de una provocada por el propio Gobierno, y además requería la responsabilidad personal de todos los ministros.

La fórmula utilizada, sin embargo, no deja de resultar problemática. Por una parte, no queda claro quién es el sujeto del crédito, pues el sistema como un todo no es una persona jurídica, y las empresas participantes son receptoras de parte de los ingresos del sistema, pero no son los mandantes responsables finales de su operación.

Por otra, para que el BancoEstado estuviera dispuesto a otorgar el crédito, éste tuvo que ser avalado en un 80 por ciento por Corfo, es decir, por el fisco, reconociendo así que el Transantiago no tiene capacidad para servirlo. A pesar que el crédito quedó pactado a cinco años con dos de gracia, eso sólo posterga los problemas de financiamiento del sistema hasta abril, cuando estén por extinguirse dichos fondos, por lo que el Gobierno deberá volver a solicitar al Congreso financiamiento para el Transantiago en ese momento, en una negociación difícil y contra el tiempo.

El problema de largo plazo sólo se soluciona con una tarifa que permita cubrir los costos del sistema -o una parte sustancial de ellos si el país está dispuesto a subsidiar el resto-, con el reconocimiento de que el subsidio de la tarifa escolar no puede ser pagado por el Transantiago, sino por otra entidad, pero, por sobre todas las cosas, con un sistema capaz de entregar el servicio al que se comprometió, claramente la parte más difícil de la solución.