Algunas indicaciones han desvirtuado el proyecto original: el nuevo marco legal separará sólo parcialmente las facultades de los institutos que capacitan de los organismos que evaluarán qué aprendieron los trabajadores.
Pablo Obregón Castro
A mediados de 2007, unos 160 trabajadores de la salmonicultura de la XI Región recibieron certificados de competencias que reconocen formalmente sus capacidades y aptitudes laborales -buzos, navegantes, etc.- bajo el alero de un plan piloto patrocinado por la Fundación Chile.
De eso pasó un buen tiempo, y la necesidad de certificar las competencias de todos los chilenos se convirtió en proyecto de ley, el que está próximo a terminar su tramitación en el Senado.
Esto, siempre y cuando la iniciativa logre sortear su punto más complejo: la integración vertical de los organismos que capacitan y que, al mismo tiempo, certificarán las habilidades de los chilenos a partir de 2008.
Se enredó
Hasta ahora, la iniciativa venía desarrollándose con agilidad. Pero luego de que el Senado incorporara una serie de indicaciones, algunos de sus impulsores dudan de que ahora se alcance el efecto que se buscaba originalmente.
El proyecto tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas. Esta certificación será de carácter voluntario y será otorgada por entidades acreditadas.
El proceso de evaluación se desarrollará de acuerdo con las directrices definidas por una Comisión Nacional, integrada por nueve miembros: tres del empresariado, tres de la multisindical más representativa y tres del Gobierno.
Hasta aquí, todo impecable. El problema surge a la hora de definir los aspectos propios del negocio. El proyecto original separaba estrictamente el negocio de la certificación y el de la capacitación, de modo de evitar conflictos de intereses.
Del mismo modo, se proponía que los OTIC (organismos privados que administran el dinero que sus empresas afiliadas destinan a capacitación) no pudieran intermediar los fondos que las empresas destinarán a certificar trabajadores. La idea era evitar la integración vertical entre los OTIC predominantes (pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción y la Sofofa) y unos pocos institutos.
En su recorrido por el Parlamento, el proyecto perdió dos de sus elementos cruciales, y ahora aquellas cortapisas sólo operarán parcialmente.
A medio camino
Cuando el sistema empiece a funcionar en 2008, los centros de formación técnica y las universidades podrán capacitar y, al mismo tiempo, certificar las competencias de los trabajadores, siempre que no hayan sido sus alumnos.
Tal como advierte el director del Programa de Competencias Laborales de la Fundación Chile, Hernán Araneda, la última versión del proyecto no resuelve del todo los conflictos de intereses ni la integración vertical y, en esa línea, la eficacia del sistema se jugará en el reglamento complementario.
La única cortapisa que se establece para evitar la integración entre los institutos y los OTIC es que estos últimos no puedan destinar más del 15% de los fondos que administran a un solo instituto.
Y si bien las entidades certificadoras no podrán evaluar las competencias laborales de personas egresadas de sus propios establecimientos, sí podrán evaluar a sus competidores.
Con todo, el gerente general de Alog Chile, Andreas Wiechert, defiende la incorporación de universidades e institutos: "Es lógico incorporar a las universidades en la parte operativa. Cuando uno es juez y parte pueden complicarse las cosas, pero ¿quién mejor que aquel que certifica sea el que ofrezca las soluciones?".
En la misma línea, el director de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, Bernardo Ramírez, reconoce que varias de las rigideces del proyecto original se han corregido, pero advierte que los gremios estarán subrepresentados en la Comisión Nacional
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