Agenda Corta Antidelincuencia parte con opiniones divididas

Viernes 14 de marzo de 2008

Hoy se publica en el Diario Oficial:
Agenda Corta Antidelincuencia parte con opiniones divididas
Mientras el Gobierno confía en que la nueva ley ayudará a disminuir la inseguridad de la gente, los jueces creen que podría recargar su labor y que no reducirá los delitos.



C. VALENZUELA, H. ÁVALOS Y R. DOWNEY

Con opiniones encontradas entre los diversos actores de la seguridad pública comienza hoy a regir, con su publicación en el Diario Oficial, la ley 20.253, conocida como Agenda Corta Antidelincuencia, texto legal que -entre otras medidas- endurece las sanciones para los delincuentes reincidentes y establece la permanencia en prisión del imputado mientras la Corte zanja si aprueba o no su libertad.

El Gobierno, según lo señaló el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tiene la plena confianza de que la norma podrá "evitar excepciones que provocan la inseguridad e incomprensión de la ciudadanía" ante libertades concedidas por los jueces que no son compartidas por la opinión pública.

A su vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, calificó la iniciativa como "un aporte para facilitar la persecución penal. Se trata de un conjunto de cambios que si bien no podemos decir que van a eliminar la delincuencia, sí van a aportar al trabajo de fiscales y policías".

Pero para los ministros de corte, algunas normas van a significar una recarga de trabajo que podría afectar otros procesos, según dijo el ministro Mario Carroza, quien preside la Asociación Nacional de Magistrados.

El presidente de la Corte de Santiago, Haroldo Brito, afirmó que "prontamente" se resolverá cómo el tribunal enfrentará la normativa, ya que se prevé un aumento de causas. En cuanto a la eficacia de la ley, sostuvo que, a su juicio, "la reacción estatal está encaminada hacia obtener los objetivos de tranquilidad y seguridad social en los que todos estamos empeñados".

Una percepción distinta tienen los jueces de garantía, quienes insisten en que la prisión preventiva no tendrá incidencia en la disminución de la delincuencia. Así lo expresó el magistrado Fernando Guzmán, quien agregó que la norma "sólo implicará restringir las facultades de los jueces de garantía de controlar la actividad persecutoria".

En Gendarmería, el mayor José Maldonado, secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, advirtió que "el Gobierno propuso enviar más infractores de ley a las cárceles, pero no otorgó más recursos materiales ni humanos, ni construye más cárceles".

Chahuán, respecto de ello, precisó que "los fiscales no pueden inhibirse de solicitar la prisión preventiva si eso es lo que procede".

Guillermo Piedrabuena: "Ahora hay que pensar en la Agenda Larga"
Ex fiscal nacional analiza virtudes y defectos de la ley que impulsó desde el Ministerio Público.

Para el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena -uno de los principales impulsores de la Agenda Corta Antidelincuencia durante sus dos años de tramitación legislativa-, si bien la nueva ley contiene aspectos valiosos, no es una solución definitiva para los problemas de la delincuencia en Chile.

A su juicio, ahora hay que ocuparse de sacar adelante en el Parlamento la Agenda Larga, que entre otras materias considera crear el Ministerio o Subsecretaría de Seguridad Pública; dar mayores recursos al Ministerio Público para mejorar la atención a las víctimas; enfrentar el problema carcelario; y contar con programas efectivos de rehabilitación social para los condenados y planes para quienes delinquen por primera vez, especialmente para que los más jóvenes no reincidan.

Pero Piedrabuena va más allá de los cambios legales. Enfatiza en la necesidad de dotar de más recursos a las policías y a los organismos auxiliares de Justicia, como Gendarmería. Próximo a publicar un libro sobre la Agenda Corta, el ex fiscal nacional destaca que esta ley precisa algunos criterios sobre jurisprudencia que, si bien eran corregidos por las cortes de Apelaciones, generaban una sensación de inseguridad en la ciudadanía.

Era el caso, explica, del concepto de flagrancia, el de no decretar la prisión preventiva, o declarar ilegal una detención, en que algunos jueces dejaban libres a algunos detenidos y cuando la Corte revertía la decisión, ya era imposible ubicarlos para formalizarlos.

Entre las deficiencias de la nueva legislación, estima que el texto es "muy tímido" a la hora de enfrentar el delito de receptación, pues sólo incorpora sanciones para quien transforma el objeto robado. Según Piedrabuena, es posible pensar en sanciones administrativas y comerciales para quienes han hecho una verdadera "industria" de los artículos sustraídos