La semana política

Domingo 02 de Marzo de 2008
La semana política

Ambiciosa agenda política

El Gobierno ha confirmado esta semana que impulsará con prioridad una vasta agenda de reformas políticas, que incluirían una nueva Ley de Partidos -con rubros tales como su financiamiento fiscal y obligatoriedad de primarias para la selección de sus candidatos-, la reforma del sistema binominal, la inscripción automática y el voto voluntario, el sufragio de chilenos en el exterior y la elección directa de consejeros regionales, junto con las elecciones municipales de octubre próximo. El ministro Pérez Yoma aclaró que el Ejecutivo no incluiría en tal agenda la pérdida de su escaño por causa de expulsión o renuncia a su partido de un parlamentario, idea que, sin embargo, podría reemerger en la tramitación parlamentaria, pese a su discutibilísima constitucionalidad.

Este anuncio ha despertado hasta ahora pocas reacciones. Algunas voces han hecho ver la notoria omisión de una referencia al término de las prácticas de intervención electoral oficialista -a lo que RN condiciona su disposición a analizar eventuales modificaciones al sistema binominal-, precisamente en momentos en que ese tema cobra máxima visibilidad, por la evolución del proceso que por tales prácticas afecta a la diputada Laura Soto (PPD).

Esa escasa repercusión, pese a la magnitud de las materias referidas, probablemente se deba a cierto desinterés en temas que no aparecen marcados por ninguna apremiante urgencia que concierna a la vida diaria de las personas. Las anomalías con fondos públicos que pueden tener desviaciones políticas harían excepción a lo anterior, pero, paradójicamente, no aparecen mencionadas. Tampoco lo están las grandes reformas pendientes al aparato estatal, que sí podrían mejorar la calidad de los servicios que de él reciben las personas. Los demás temas han sido reiterativos (salvo puntos interesantes, como las primarias obligatorias) desde 1990 a esta parte, y el interés ciudadano mal puede inflamarse, cuando el propio entonces Presidente Lagos dio por culminada la sucesión de reformas políticas con los amplios cambios constitucionales de 2005, que incluso él firmó como una virtual nueva Carta Fundamental.

Es natural que todo gobierno quiera impulsar una gran agenda política, pero hoy no parece existir en Chile posibilidad de que eso se perciba como primordial por parte de la opinión pública, porque las realidades determinadas por la naturaleza y por las circunstancias mundiales son incomparablemente más fuertes.


Las duras realidades

Entre esas realidades sobresale la estrechez energética, con consecuencias tales como que el costo promedio para generar energía eléctrica haya subido en 51 por ciento en un año, por el mayor uso de diésel.

La estrechez ya no sólo deriva de los problemas de abastecimiento de gas, sino también de la sequía. Ella aqueja cada vez más angustiosamente al país y se constituye ya en una suerte de "terremoto pardo", afectando a la minería, la industria, la ganadería y la agricultura. La situación de esta última se agrava, además, por circunstancias económicas mundiales inquietantes, y los agricultores, además de sus pérdidas directas, deben invertir en obras extraordinarias para riego artificial, especialmente en el sur. Ante todo lo anterior, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio ha planteado un "pacto social" para enfrentar un escenario de grave emergencia. En algunas zonas reina franca desesperación, y diversas voces estiman que las medidas hasta ahora dispuestas por la autoridad son insuficientes. El senador Coloma (UDI), de la comisión de Agricultura del Senado, advirtió que "la sequía va ganado la pelea" y que si bien no es la más intensa de la historia, sí es la que ha causado más daño, como lo muestra el que la mitad de las comunas agrícolas de Chile ya esté declarada en emergencia. Propuso también varias iniciativas adicionales que a su juicio deberían emprenderse. En general, cualesquiera sean las que se apliquen, requerirán acuerdo entre todos los sectores, cooperación de la ciudadanía y, por cierto, buen ejemplo y coordinación de las autoridades.

Esta experiencia debería enseñar que los gobiernos, en el futuro, no podrán contentarse con confiar en que las condiciones favorables durarán indefinidamente. Como estas páginas lo han señalado antes, Chile carece hoy de una institucionalidad apta para enfrentar en buen pie una contingencia como ésta, pese a que ella no era imprevisible.

En otra área, en la misma semana en que la ministra de Educación ha decidido sancionar sólo simbólicamente a un seremi por las razones que todo Chile conoce, su ministerio debe prepararse para un mes de marzo en el que el Gobierno debería comenzar a discutir en el Congreso el proyecto presentado a fines de enero, que sustituye al de Ley General de Educación, como fruto del acuerdo alcanzado con la oposición. También debe introducir las indicaciones que reflejen el acuerdo alcanzado en materia de Superintendencia de Educación y de creación de una agencia de calidad en este rubro. Además, debe velar por el pago de la subvención preferencial y la elaboración de los convenios para el desembolso de la misma. También en marzo se conocerá el informe del consejo asesor presidencial para educación superior, que obligará al ministerio a un análisis profundo y, eventualmente, a la elaboración en plazos breves de proyectos de ley que recojan sus recomendaciones. De allí que se espere con especial atención el discurso que la ministra o la Presidenta pronunciarán -el miércoles próximo, en un lugar aún no dado a conocer- cuando se inaugure el año escolar, que estará signado por el referido cúmulo de definiciones pendientes.

La agenda política tiene puntos de interés -uno de ellos se analiza en esta misma página- que habrán de considerarse en su mérito, pero difícilmente pueden erigirse en la gran agenda nacional, en la que el Gobierno centre su atención, mientras Chile no alcance una autosuficiencia energética -el gran problema de hoy-, y frente a la envergadura y el apremio de decisiones que deben tomarse en áreas como seguridad, educación y salud, entre otras.