Editorial, Financiamiento de partidos

Domingo 02 de Marzo de 2008
Financiamiento de partidos

El financiamiento de los partidos políticos es asunto controvertido. Hay buenos argumentos para oponerse a él; entre otros, que los desvincula de la ciudadanía y les otorga un estatus que no tienen otras organizaciones autónomas. Pero también hay buenas razones para aportarles recursos fiscales, como, por ejemplo, la de que proveen bienes públicos que otras instituciones no son capaces de ofrecer. Las democracias son más estables cuando hay partidos fuertes que cuando ellos están ausentes. Con todas sus imperfecciones, ellos son los más indicados para agregar los intereses privados y sancionar, mediante los representantes elegidos por la ciudadanía, el proceso de deliberación pública. También cumplen el insustituible papel de seleccionar a los líderes políticos del país y, movidos por el natural deseo de ganar elecciones, son los más interesados en ejercer un control de aquéllos en el corto plazo. Por supuesto, el control más permanente reside finalmente en los ciudadanos que eligen entre las opciones políticas disponibles. Cuando hay partidos, ellas son relativamente predecibles, lo que es sano para la vida en común.

La pregunta más relevante es qué debe exigírseles a los partidos a cambio de tal financiamiento, y ella surge a propósito del anuncio gubernamental de que se enviará un proyecto de ley de financiamiento de los mismos para períodos no electorales. Ese proyecto -aún no conocido- plantearía cosas obvias: mayor transparencia, fiscalización, padrón electoral de los partidos manejado por el Servicio Electoral para evitar la manipulación de los registros, mayor competencia interna para cargos partidarios y la realización de primarias para aspirantes a cargos de elección popular, entre otras.

En lo que ha trascendido a los medios, se echan de menos incentivos para que los partidos se vinculen más con la ciudadanía. Eso es crucial para legitimarlos ante ella. En esta línea, parte del financiamiento debería estar ligada, por ejemplo, a contrapartidas tales como aportes de militantes y reuniones con la ciudadanía.

La creación de una superintendencia para fiscalizar a los partidos no parece una buena idea. Esta tarea debería estar en manos del Servicio Electoral, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, quizás fortaleciéndolo con un comité especializado de auditoría, cuyos miembros sean elegidos, eventualmente, por el sistema de alta dirección pública o, mejor aún, con ratificación del Senado, como en el Banco Central o en el Ministerio Público