Paro de profesores y desafío educacional

Martes 17 de Junio de 2008
Paro de profesores y desafío educacional

Es curioso que algunos sectores quieran identificar tan fácilmente las posturas de rechazo al acuerdo de educación con amplias demandas ciudadanas. La verdad es que los movimientos sociales que participan en las protestas del último tiempo tienen escasa representatividad, lo que contrasta con la votación de 90 a 95 por ciento que han obtenido los partidos que concurrieron al acuerdo. Dichos movimientos tampoco han logrado articular una propuesta concreta de reemplazo del actual proyecto de Ley General de Educación. En la mayoría de los casos, las declaraciones que formulan al respecto son simples eslóganes, con escaso o nulo contenido. Ello sucede porque esos grupos están atravesados por intereses particulares más que por el interés público -un hecho que a menudo se olvida-. Así, sus planteamientos casi siempre se limitan, en último término, a desconocer la libertad de las familias para elegir entre distintas opciones educacionales, o a exigir más recursos sin una clara contrapartida de deberes.

El paro contra el proyecto de LGE a que han convocado los profesores es una nueva demostración de lo anterior. ¿Cómo y en qué podría esa protesta beneficiar a los niños y jóvenes que asisten a un establecimiento educacional? El proyecto en trámite, ¿es acaso una amenaza para la educación dependiente del Estado? Si cupiera emplear tal término, sería una amenaza sólo y precisamente para aquellos establecimientos que no cumplan los estándares de aprendizaje de los estudiantes que se fijen una vez que se materialice en plenitud el acuerdo de educación sancionado por el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria. Y si aquéllos no se hacen efectivos o no se exigen, mal podrá existir una educación orientada a la calidad. La LGE debería ser motivo de celebración para los profesores: en su marco, habrá metas que lograr, y ellos tendrán libertad para, en conjunto con los sostenedores y directivos de los establecimientos, definir estrategias que les permitan alcanzar dichos estándares en plazos razonables. Es un desafío educacional y profesional que debería ser fuente de motivación. La defensa corporativa que intenta hacer el Colegio de Profesores para evitar cualquier exigencia adicional no se condice con los enormes esfuerzos que ha hecho el país en allegar más recursos que, en una gran proporción, han ido a aumentar los salarios de los profesores.

Los motivos aducidos para este paro son una nueva confirmación de que los profesores son parte del problema, más que de la solución. Su insistencia en cerrarse a cambios beneficiosos para la comunidad continuará restando legitimidad a sus actuaciones. Desde luego, eso se advierte en la participación cada vez menor que se observa en la elección de sus directivas. Chile necesita transformaciones institucionales en educación, y los profesores deberían ser los primeros en abrazarlas. Ellas deberían incluir no sólo las que contempla el acuerdo, sino también reformas al Estatuto Docente, que permitan a la educación dependiente del Estado responder con más agilidad a las necesidades educacionales de sus establecimientos. Disfrazar el paro de ayer como una defensa de la educación proveída por el Estado es desconocer que el acuerdo hace mucho más por ella que cuanto ha hecho hasta ahora el Colegio de Profesores. Suponer que se podrá defender dicha educación por la vía de paros, tratos diferenciados que dependan de la naturaleza jurídica de las instituciones y no de la vulnerabilidad de los estudiantes, o de restricciones a la libertad de elegir de las familias, es un error que sólo aumenta las probabilidades de que ésta siga perdiendo estudiantes. El camino correcto es atraer de nuevo a las familias chilenas. Los profesores deberían pedir la derogación de todas aquellas disposiciones que restringen esa posibilidad, en vez de exigir otras que las fortalecen.

Todo lo anterior son evidencias básicas que emergen de cualquier análisis técnico imparcial. Ciertamente, las conocen las autoridades del sector, versadas en materias educacionales, y sería conducente que las expusieran sin eufemismos a la opinión pública. Seguramente encontrarían apoyo en la mayoría ciudadana