Lunes 16 de Junio de 2008
Urge zanjar el desacuerdo educacional
El Gobierno decidió postergar para esta semana la votación del proyecto de reforma a la Ley General de Educación, vistos los desacuerdos dentro de la coalición oficialista y la discrepancia opositora con una de las dos indicaciones del Ejecutivo que alteran el texto consensuado el año pasado.
La primera de ellas -que anticipa la exigencia de que los sostenedores de la educación particular gratuita se constituyan como personas jurídicas ad hoc- fue aceptada por la Alianza opositora. La otra, según la cual "el Estado financiará un sistema de educación pública, pluralista y gratuito, que asegure el acceso a toda la población", ha sido objetada por la oposición. El candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, ha propuesto un texto alternativo, en el cual suprime la palabra "pública" de la indicación oficial, término cuya inclusión encaminaría al país hacia la absorción total por el Estado de la educación financiada con fondos de éste, comprometiendo las libertades de emprender y de elegir de los ciudadanos. En efecto, con tal propuesta ningún particular podría fundar escuelas gratuitas subvencionadas, ni los padres o apoderados tendrían posibilidad de optar entre éstas y las públicas.
La ministra de Educación ha alentado la presentación de proposiciones para zanjar el desacuerdo existente, pero parece haber menos flexibilidad en la Concertación que en la Alianza. El diputado Carlos Montes (PS), principal gestor del centenar de indicaciones que pusieron en tela de juicio el acuerdo del año pasado, abandonó, en aparente señal de molestia, la reunión en que el oficialismo buscaba un consenso interno. Al mismo tiempo, los anuncios de paros durante esta semana, tanto de los dirigentes estudiantiles como del magisterio, permiten anticipar un clima muy alejado de los "diálogos participativos", conducentes a aprobar la iniciativa en el Congreso, que propicia la ministra Jiménez
En efecto, los profesores paralizarían hoy y mañana, y los dirigentes estudiantiles también prometen hacerlo y salir a las calles el miércoles y el jueves. Los habituales desórdenes públicos y destrozos son de presumir. Todo esto sucede en un clima bastante ajeno al diálogo civilizado, desvirtuando el propósito nacional democráticamente compartido con que se logró el acuerdo educacional, fundado en el trabajo de una comisión presidencial muy representativa, que sesionó largamente, hasta arribar a un consenso que fue rubricado por las directivas de todos los partidos con representación parlamentaria.
Este ambiente mueve a una inquietud que va más allá aun de la educación, pues toca ya a la gobernabilidad.
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