jueves, 27 de septiembre de 2007
Editorial El Mercurio: Nuevas reformas laborales
Nuevos matices respecto del momento oportuno para proponer reformas laborales han manifestado los ministros de Hacienda y del Trabajo. Este último ha hecho saber algunas propuestas que su cartera está analizando para volcar en un proyecto de ley. Aunque inicialmente no planteó una fecha específica para su envío, su solo anuncio eclipsa la labor que está desarrollando el Consejo Asesor para la Equidad. Éste -cabe recordarlo- tiene entre sus mandatos el estudio de reformas al mercado del trabajo y a las instituciones laborales. Si bien su naturaleza asesora no impide que el Gobierno avance por otras vías en su agenda, la opinión pública y, posiblemente, sus integrantes entendieron que dicho consejo se instalaba para tener una reflexión amplia y libre sobre estas materias.Por eso, la gestación en paralelo de un proyecto en áreas que son centrales para este consejo no es apropiada. En el pasado, los demás consejos creados para propósitos de similar interés nacional tuvieron la tranquilidad suficiente para deliberar sin la presión que pueden imponer los proyectos gubernamentales. La sola existencia de los mismos obliga necesariamente al consejo a pronunciarse sobre ellos, anulando el fin esencial de la instancia asesora presidencial. Resulta conciliador, por tanto, el planteamiento del ministro de Hacienda en cuanto a que estas propuestas son aportes al trabajo de la Comisión Meller, que ésta deberá evaluar según su propio mérito. En este sentido, el acuerdo alcanzado para plantear un proyecto en este ámbito recién en 2008 salva el virtual punto muerto que se había producido.Los acontecimientos laborales de los últimos meses han despertado en diversos sectores políticos el interés de participar e influir en el debate público que aquéllos provocaron. Como suele suceder en estos casos, los proyectos de ley sobre aspectos relacionados con el mercado del trabajo no se hicieron esperar. Muchos de ellos, sin embargo, carecen -como también ocurre en estas circunstancias- de un adecuado análisis de sus efectos y de la racionalidad que inspira las disposiciones actuales. Se crea así un clima en el que lo importante parece ser legislar, sin que importen las consecuencias de lo que se propone. Esta forma de hacer política termina siendo muy costosa para el país, de escaso o nulo beneficio para los trabajadores y, finalmente, aleja aún más del mundo político a la ciudadanía, que comprende que tras estas iniciativas hay intereses electorales de corto plazo, antes que el deseo de lograr una institucionalidad laboral productiva, equilibrada y eficiente. De hecho, el acuerdo de postergar el planteamiento de estas reformas para 2008, año de importantes elecciones municipales, trae obviamente a la memoria el debate de la reforma laboral en la campaña presidencial de 1999, y hace pensar que también en este caso el oficialismo quiere repetir una operación similar.Es comprensible, pues, que tales propuestas sean recibidas con escepticismo y preocupación por especialistas, empresarios y hasta los propios trabajadores, que deberían ser los principales beneficiados por ellas.Por otra parte, los planteamientos del ministro del Trabajo recogen muy poco del debate mundial en el ámbito de su competencia en las dos últimas décadas. Si bien hay países que aún mantienen la prohibición de reemplazo durante las huelgas, ella tiene cada vez menos respaldo entre los expertos y también en los propios países donde existe o se ha abandonado hace pocos años. Igualmente, dadas las características del trabajo actual, es incomprensible que se pretenda convertir al sindicato en la única opción negociadora dentro de las empresas. Fijar pisos a la negociación colectiva no se hace cargo de que la nuestra es una economía cíclica no sólo a nivel agregado, sino también en el ámbito sectorial. Semejantes propuestas requieren una reflexión técnica mucho mayor, porque no se condicen con los verdaderos desafíos que existen en el ámbito laboral, ni con las realidades mundiales que Chile debe enfrentar en materia de competitividad.
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