Diagnóstico tras renuncia en EFE

El nombramiento del ex ministro Jorge Rodríguez Grossi como nuevo presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado lleva a ese cargo a una figura prestigiada. Su misión, sin embargo, parece muy difícil de cumplir. La renuncia de su predecesor, Vicente Domínguez, ratifica el diagnóstico que se ha venido consolidando en torno a la situación de EFE -caracterizada por una politización creciente en sus criterios de decisión estratégica, el aumento de sus pérdidas y la falta de claridad respecto de su futuro- y confirma las deficiencias de la dirección del Sistema de Empresas Públicas (SEP), presidido por Patricio Rojas. Resulta inevitable que este cuadro ponga una vez más en fuerte cuestionamiento la conveniencia nacional de mantener empresas estatales, si tales son los criterios de utilización de los fondos de los contribuyentes.

El manejo de EFE ha sido criticado por los pésimos resultados de la cuantiosa inversión en esa empresa; por la ineficiencia en el uso de los fondos invertidos -por ejemplo, comprar caros trenes españoles usados, con problemas de operación, en vez de trenes chinos nuevos y baratos-; por el eventual desvío de parte de esos fondos para otros propósitos; por los gruesos errores en la estimación de la demanda que los servicios tendrían luego de efectuada la inversión; por no haber logrado implementar servicios en algunos de los tramos a los cuales fue destinada dicha inversión, y por las impresionantes pérdidas que muestra la operación, que el año pasado superaron a la totalidad de los ingresos de la compañía. En palabras en carta a este diario de Rodrigo García Márquez, actual concejal de Providencia (PPD) y ex presidente de los profesionales de EFE, una "situación de virtual catástrofe", cuya responsabilidad "no debe limitarse únicamente a quienes han cometido ilícitos, sino que debe extenderse a los que sin ninguna experiencia ferroviaria -y alguno sin requisitos académicos- llegaron a dirigir la empresa, implementando políticas desastrosas, dilapidando recursos de todos los chilenos".

En su hora, lo anterior llevó a la sustitución del presidente del directorio, Luis Ajenjo, por Guillermo Díaz. Éste debió renunciar por estar sometido a proceso, para ser finalmente reemplazado por Vicente Domínguez, recién renunciado, mientras una comisión investigadora de la Cámara examina lo ocurrido en todo este proceso.

Bajo la presidencia de Domínguez se encargaron estudios al Banco Mundial y a la U. Católica para definir los cursos de acción, pero ellos no han salido a la luz pública, porque, según ha trascendido, Patricio Rojas se ha negado a permitirlo, en contra de la opinión de Domínguez. Presumiblemente, esos informes indicarían la necesidad de introducir profundas rectificaciones en la forma de gestionar la empresa, lo que es juzgado impopular a la luz de los fuertes grupos sindicales tradicionales de EFE.

Difícilmente cabe interpretar de otra manera el hecho de que, en su carta de renuncia, Domínguez haya indicado que "se requiere un presidente del directorio que articule una solución político-estratégica que sea respaldada unánimemente por el Gobierno y convenida con los sectores parlamentarios", y que agregue que "se requiere una persona distinta de la de un profesional que, como el suscrito, funda su experiencia en la gestión y dirección de empresas en el mundo de los asuntos corporativos". En otras palabras, lo que Domínguez afirma permite inferir que los criterios normales para manejar una empresa no son actualmente válidos en EFE, esto es, que las decisiones deben validarse políticamente -un eufemismo para no preocuparse de la rentabilidad de los fondos aportados por los contribuyentes- y que, en consecuencia, quien quiera dirigir la compañía debe allanarse a seguir esos criterios.

Esto pone nuevamente en debate las actuaciones del SEP, que han aparecido, en general, teñidas por criterios políticos, el último de los cuales fue cambiar al directorio del puerto de Talcahuano para que éste no siguiera adelante con el proceso de privatización de los sitios, cediendo así a la presión de grupos sindicales con escasos socios y manteniendo a ese puerto en una condición insostenible. Esta forma de concebir a las empresas estatales es la que empuja a poner en duda la conveniencia de que ellas subsistan bajo el actual esquema.