Martes 08 de Julio de 2008
La voz de la autoridad económica
Ya no cabe duda de que el panorama económico es muy complejo. Como lo ratifican las últimas cifras, Chile enfrenta una inflación elevada y un bajo crecimiento. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero aquí se ha manifestado con especial intensidad. En un año se ha triplicado la inflación medida en 12 meses, y el crecimiento, que en el presupuesto se proyectó en 5,3 por ciento, difícilmente alcanzará durante 2008 el cuatro por ciento. Si bien esta situación tiene un fuerte componente externo, también es el resultado de decisiones discutibles y de la falta de reformas económicas profundas. Entretanto, el pesimismo tanto de empresarios como de consumidores registra alzas severas.
En este cuadro difícil, numerosas voces piden políticas que son incoherentes entre sí, defendiendo de manera simultánea bajas de impuestos -en particular a los combustibles- y aumentos de gasto público. Ambas políticas no sólo carecen de un impacto evidente en el crecimiento, sino que aumentan la presión sobre los precios. Sin embargo, en un escenario de confusión y de ausencia de liderazgo, pueden encontrar un espacio de acogida que, obviamente, sería muy contraproducente para todos los chilenos.
Es indispensable y urgente oír una voz más clara de nuestras autoridades económicas, que permita mantener el foco en el mediano y largo plazo. Ellas pueden influir mucho en el cariz del debate, pero, lamentablemente, no lo están haciendo. Se requiere una presencia más decidida que, por una parte, explique la inconveniencia de algunas políticas sugeridas por los más diversos sectores y, por otra, muestre un camino de reformas posibles para fortalecer la economía en el corto, mediano y largo plazo.
Para consolidar dicho camino se requiere, en primer lugar, asegurar un manejo prudente del gasto público. Con tal objeto, podrían postergarse o suprimirse de inmediato gastos corrientes del Estado. Estas acciones, si bien pueden no tener un impacto directo sobre los precios, enviarían una señal significativa de que el Ejecutivo está haciendo sus mejores esfuerzos para apoyar el control de la inflación. Sentaría, además, las bases para discutir una expansión moderada del presupuesto del sector público en 2009. El crecimiento potencial del país parece estar a la baja y no hay razones para pensar que el precio de largo plazo del cobre, a pesar de los elevados valores actuales, haya experimentado un alza respecto del año pasado. Si a esto se suman los aumentos de costos de Codelco, hay buenos argumentos para pensar que el presupuesto del próximo año no tiene mucho espacio para crecer. Todos éstos son aspectos que conviene poner desde ya sobre la mesa, para darle un contexto a un debate que, en tiempos electorales, en cualquier caso se va a producir necesariamente.
En segundo lugar, pero con no menor importancia, el Gobierno tiene que abrirse a evaluar reformas estructurales que apunten a la eficiencia de la economía. Hay un campo amplio para avanzar en este ámbito. Por ejemplo, bajar impuestos a las personas, con compensaciones razonables en gasto público, y mayores impuestos a bienes cuyo consumo causa externalidades negativas; complementar el proyecto de reforma al seguro de cesantía que se enviará próximamente al Congreso con una reformulación del sistema de indemnizaciones por años de servicio, que rigidiza la economía sin proteger a los trabajadores; apurar reformas al Estado que aseguren un uso más eficiente de los recursos públicos y una mejor gestión pública, incluyendo el estudio de la apertura de empresas públicas a la bolsa y una revisión de marcos regulatorios como el de los hidrocarburos.
En suma, es hora de analizar reformas que cambien el curso actual del debate público, alejándolo de tópicos nocivos, que sólo giran en torno a cómo debe gastar Chile sus ahorros extraordinarios en iniciativas de dudosa calidad y de nulo o negativo impacto en el combate de la inflación y en el fortalecimiento del crecimiento.
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martes, 8 de julio de 2008
miércoles, 18 de junio de 2008
Paro de profesores y desafío educacional
Martes 17 de Junio de 2008
Paro de profesores y desafío educacional
Es curioso que algunos sectores quieran identificar tan fácilmente las posturas de rechazo al acuerdo de educación con amplias demandas ciudadanas. La verdad es que los movimientos sociales que participan en las protestas del último tiempo tienen escasa representatividad, lo que contrasta con la votación de 90 a 95 por ciento que han obtenido los partidos que concurrieron al acuerdo. Dichos movimientos tampoco han logrado articular una propuesta concreta de reemplazo del actual proyecto de Ley General de Educación. En la mayoría de los casos, las declaraciones que formulan al respecto son simples eslóganes, con escaso o nulo contenido. Ello sucede porque esos grupos están atravesados por intereses particulares más que por el interés público -un hecho que a menudo se olvida-. Así, sus planteamientos casi siempre se limitan, en último término, a desconocer la libertad de las familias para elegir entre distintas opciones educacionales, o a exigir más recursos sin una clara contrapartida de deberes.
El paro contra el proyecto de LGE a que han convocado los profesores es una nueva demostración de lo anterior. ¿Cómo y en qué podría esa protesta beneficiar a los niños y jóvenes que asisten a un establecimiento educacional? El proyecto en trámite, ¿es acaso una amenaza para la educación dependiente del Estado? Si cupiera emplear tal término, sería una amenaza sólo y precisamente para aquellos establecimientos que no cumplan los estándares de aprendizaje de los estudiantes que se fijen una vez que se materialice en plenitud el acuerdo de educación sancionado por el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria. Y si aquéllos no se hacen efectivos o no se exigen, mal podrá existir una educación orientada a la calidad. La LGE debería ser motivo de celebración para los profesores: en su marco, habrá metas que lograr, y ellos tendrán libertad para, en conjunto con los sostenedores y directivos de los establecimientos, definir estrategias que les permitan alcanzar dichos estándares en plazos razonables. Es un desafío educacional y profesional que debería ser fuente de motivación. La defensa corporativa que intenta hacer el Colegio de Profesores para evitar cualquier exigencia adicional no se condice con los enormes esfuerzos que ha hecho el país en allegar más recursos que, en una gran proporción, han ido a aumentar los salarios de los profesores.
Los motivos aducidos para este paro son una nueva confirmación de que los profesores son parte del problema, más que de la solución. Su insistencia en cerrarse a cambios beneficiosos para la comunidad continuará restando legitimidad a sus actuaciones. Desde luego, eso se advierte en la participación cada vez menor que se observa en la elección de sus directivas. Chile necesita transformaciones institucionales en educación, y los profesores deberían ser los primeros en abrazarlas. Ellas deberían incluir no sólo las que contempla el acuerdo, sino también reformas al Estatuto Docente, que permitan a la educación dependiente del Estado responder con más agilidad a las necesidades educacionales de sus establecimientos. Disfrazar el paro de ayer como una defensa de la educación proveída por el Estado es desconocer que el acuerdo hace mucho más por ella que cuanto ha hecho hasta ahora el Colegio de Profesores. Suponer que se podrá defender dicha educación por la vía de paros, tratos diferenciados que dependan de la naturaleza jurídica de las instituciones y no de la vulnerabilidad de los estudiantes, o de restricciones a la libertad de elegir de las familias, es un error que sólo aumenta las probabilidades de que ésta siga perdiendo estudiantes. El camino correcto es atraer de nuevo a las familias chilenas. Los profesores deberían pedir la derogación de todas aquellas disposiciones que restringen esa posibilidad, en vez de exigir otras que las fortalecen.
Todo lo anterior son evidencias básicas que emergen de cualquier análisis técnico imparcial. Ciertamente, las conocen las autoridades del sector, versadas en materias educacionales, y sería conducente que las expusieran sin eufemismos a la opinión pública. Seguramente encontrarían apoyo en la mayoría ciudadana
Paro de profesores y desafío educacional
Es curioso que algunos sectores quieran identificar tan fácilmente las posturas de rechazo al acuerdo de educación con amplias demandas ciudadanas. La verdad es que los movimientos sociales que participan en las protestas del último tiempo tienen escasa representatividad, lo que contrasta con la votación de 90 a 95 por ciento que han obtenido los partidos que concurrieron al acuerdo. Dichos movimientos tampoco han logrado articular una propuesta concreta de reemplazo del actual proyecto de Ley General de Educación. En la mayoría de los casos, las declaraciones que formulan al respecto son simples eslóganes, con escaso o nulo contenido. Ello sucede porque esos grupos están atravesados por intereses particulares más que por el interés público -un hecho que a menudo se olvida-. Así, sus planteamientos casi siempre se limitan, en último término, a desconocer la libertad de las familias para elegir entre distintas opciones educacionales, o a exigir más recursos sin una clara contrapartida de deberes.
El paro contra el proyecto de LGE a que han convocado los profesores es una nueva demostración de lo anterior. ¿Cómo y en qué podría esa protesta beneficiar a los niños y jóvenes que asisten a un establecimiento educacional? El proyecto en trámite, ¿es acaso una amenaza para la educación dependiente del Estado? Si cupiera emplear tal término, sería una amenaza sólo y precisamente para aquellos establecimientos que no cumplan los estándares de aprendizaje de los estudiantes que se fijen una vez que se materialice en plenitud el acuerdo de educación sancionado por el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria. Y si aquéllos no se hacen efectivos o no se exigen, mal podrá existir una educación orientada a la calidad. La LGE debería ser motivo de celebración para los profesores: en su marco, habrá metas que lograr, y ellos tendrán libertad para, en conjunto con los sostenedores y directivos de los establecimientos, definir estrategias que les permitan alcanzar dichos estándares en plazos razonables. Es un desafío educacional y profesional que debería ser fuente de motivación. La defensa corporativa que intenta hacer el Colegio de Profesores para evitar cualquier exigencia adicional no se condice con los enormes esfuerzos que ha hecho el país en allegar más recursos que, en una gran proporción, han ido a aumentar los salarios de los profesores.
Los motivos aducidos para este paro son una nueva confirmación de que los profesores son parte del problema, más que de la solución. Su insistencia en cerrarse a cambios beneficiosos para la comunidad continuará restando legitimidad a sus actuaciones. Desde luego, eso se advierte en la participación cada vez menor que se observa en la elección de sus directivas. Chile necesita transformaciones institucionales en educación, y los profesores deberían ser los primeros en abrazarlas. Ellas deberían incluir no sólo las que contempla el acuerdo, sino también reformas al Estatuto Docente, que permitan a la educación dependiente del Estado responder con más agilidad a las necesidades educacionales de sus establecimientos. Disfrazar el paro de ayer como una defensa de la educación proveída por el Estado es desconocer que el acuerdo hace mucho más por ella que cuanto ha hecho hasta ahora el Colegio de Profesores. Suponer que se podrá defender dicha educación por la vía de paros, tratos diferenciados que dependan de la naturaleza jurídica de las instituciones y no de la vulnerabilidad de los estudiantes, o de restricciones a la libertad de elegir de las familias, es un error que sólo aumenta las probabilidades de que ésta siga perdiendo estudiantes. El camino correcto es atraer de nuevo a las familias chilenas. Los profesores deberían pedir la derogación de todas aquellas disposiciones que restringen esa posibilidad, en vez de exigir otras que las fortalecen.
Todo lo anterior son evidencias básicas que emergen de cualquier análisis técnico imparcial. Ciertamente, las conocen las autoridades del sector, versadas en materias educacionales, y sería conducente que las expusieran sin eufemismos a la opinión pública. Seguramente encontrarían apoyo en la mayoría ciudadana
Urge zanjar el desacuerdo educacional
Lunes 16 de Junio de 2008
Urge zanjar el desacuerdo educacional
El Gobierno decidió postergar para esta semana la votación del proyecto de reforma a la Ley General de Educación, vistos los desacuerdos dentro de la coalición oficialista y la discrepancia opositora con una de las dos indicaciones del Ejecutivo que alteran el texto consensuado el año pasado.
La primera de ellas -que anticipa la exigencia de que los sostenedores de la educación particular gratuita se constituyan como personas jurídicas ad hoc- fue aceptada por la Alianza opositora. La otra, según la cual "el Estado financiará un sistema de educación pública, pluralista y gratuito, que asegure el acceso a toda la población", ha sido objetada por la oposición. El candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, ha propuesto un texto alternativo, en el cual suprime la palabra "pública" de la indicación oficial, término cuya inclusión encaminaría al país hacia la absorción total por el Estado de la educación financiada con fondos de éste, comprometiendo las libertades de emprender y de elegir de los ciudadanos. En efecto, con tal propuesta ningún particular podría fundar escuelas gratuitas subvencionadas, ni los padres o apoderados tendrían posibilidad de optar entre éstas y las públicas.
La ministra de Educación ha alentado la presentación de proposiciones para zanjar el desacuerdo existente, pero parece haber menos flexibilidad en la Concertación que en la Alianza. El diputado Carlos Montes (PS), principal gestor del centenar de indicaciones que pusieron en tela de juicio el acuerdo del año pasado, abandonó, en aparente señal de molestia, la reunión en que el oficialismo buscaba un consenso interno. Al mismo tiempo, los anuncios de paros durante esta semana, tanto de los dirigentes estudiantiles como del magisterio, permiten anticipar un clima muy alejado de los "diálogos participativos", conducentes a aprobar la iniciativa en el Congreso, que propicia la ministra Jiménez
En efecto, los profesores paralizarían hoy y mañana, y los dirigentes estudiantiles también prometen hacerlo y salir a las calles el miércoles y el jueves. Los habituales desórdenes públicos y destrozos son de presumir. Todo esto sucede en un clima bastante ajeno al diálogo civilizado, desvirtuando el propósito nacional democráticamente compartido con que se logró el acuerdo educacional, fundado en el trabajo de una comisión presidencial muy representativa, que sesionó largamente, hasta arribar a un consenso que fue rubricado por las directivas de todos los partidos con representación parlamentaria.
Este ambiente mueve a una inquietud que va más allá aun de la educación, pues toca ya a la gobernabilidad.
Urge zanjar el desacuerdo educacional
El Gobierno decidió postergar para esta semana la votación del proyecto de reforma a la Ley General de Educación, vistos los desacuerdos dentro de la coalición oficialista y la discrepancia opositora con una de las dos indicaciones del Ejecutivo que alteran el texto consensuado el año pasado.
La primera de ellas -que anticipa la exigencia de que los sostenedores de la educación particular gratuita se constituyan como personas jurídicas ad hoc- fue aceptada por la Alianza opositora. La otra, según la cual "el Estado financiará un sistema de educación pública, pluralista y gratuito, que asegure el acceso a toda la población", ha sido objetada por la oposición. El candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, ha propuesto un texto alternativo, en el cual suprime la palabra "pública" de la indicación oficial, término cuya inclusión encaminaría al país hacia la absorción total por el Estado de la educación financiada con fondos de éste, comprometiendo las libertades de emprender y de elegir de los ciudadanos. En efecto, con tal propuesta ningún particular podría fundar escuelas gratuitas subvencionadas, ni los padres o apoderados tendrían posibilidad de optar entre éstas y las públicas.
La ministra de Educación ha alentado la presentación de proposiciones para zanjar el desacuerdo existente, pero parece haber menos flexibilidad en la Concertación que en la Alianza. El diputado Carlos Montes (PS), principal gestor del centenar de indicaciones que pusieron en tela de juicio el acuerdo del año pasado, abandonó, en aparente señal de molestia, la reunión en que el oficialismo buscaba un consenso interno. Al mismo tiempo, los anuncios de paros durante esta semana, tanto de los dirigentes estudiantiles como del magisterio, permiten anticipar un clima muy alejado de los "diálogos participativos", conducentes a aprobar la iniciativa en el Congreso, que propicia la ministra Jiménez
En efecto, los profesores paralizarían hoy y mañana, y los dirigentes estudiantiles también prometen hacerlo y salir a las calles el miércoles y el jueves. Los habituales desórdenes públicos y destrozos son de presumir. Todo esto sucede en un clima bastante ajeno al diálogo civilizado, desvirtuando el propósito nacional democráticamente compartido con que se logró el acuerdo educacional, fundado en el trabajo de una comisión presidencial muy representativa, que sesionó largamente, hasta arribar a un consenso que fue rubricado por las directivas de todos los partidos con representación parlamentaria.
Este ambiente mueve a una inquietud que va más allá aun de la educación, pues toca ya a la gobernabilidad.
domingo, 16 de diciembre de 2007
La Semana Política , Transantiago: de "normalización" a "bases de un nuevo sistema"
Domingo 16 de Diciembre de 2007.
El desastre social, económico y político del Transantiago es de tal envergadura, que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pese a tener mayoría oficialista, no pudo sino reprochar críticamente al ex Presidente Lagos por su responsabilidad en el diseño del fallido plan de transportes. El informe, que deberá conocer y votar la sala de la Cámara, desvanece los temores iniciales de que la investigación pudiese centrarse en responsabilidades administrativas y ejecutivas menores, sin incomodar a figuras de mayor peso político.
A medida que avanzó la investigación de los 13 diputados, presididos por Patricio Hales (PPD), la indignación moral frente a la indolencia exhibida por algunos de los comparecientes, la incompetencia de otros y la toma de conciencia de las dimensiones de este fracaso se fue apoderando de sus integrantes y quedó plasmada tanto en el texto aprobado por la mayoría de siete diputados oficialistas, como en la decisión de aceptar la incorporación de un "addendum" con un resumen de la opinión de minoría, naturalmente más dura, de los seis fiscalizadores de oposición.
El trabajo de los diputados Hales, Allende, Rubilar, Nogueira, Cristi, Burgos, Olivares, Montes, Sule, Farías, Mönckeberg, Melero y Uriarte se desarrolló con gran seriedad, fijando un nuevo estándar para el desempeño de estas instancias fiscalizadoras. Además, la inclusión en el informe oficial de la opinión de la minoría inaugura una sana práctica en nuestro sistema político.
La renuncia del ministro Cortázar, pese a su previsible rechazo, marcó un cambio irreversible para el Transantiago: si hace seis meses el ministro definió su cometido como "normalizarlo" hasta diciembre, al rechazar su renuncia la Presidenta le ha pedido "consolidar las bases de un nuevo sistema". No es la primera vez que ella intenta dar vuelta la página de este duro legado de la administración Lagos. Ya el 31 de mayo pasado desahució el nombre del fracasado plan al señalar, en visita de Estado en Noruega, que Transantiago "es una muy mala palabra".
Los esfuerzos de Cortázar son ampliamente reconocidos, pese al incumplimiento de sus metas. Para dimensionar el margen de error y la imposibilidad de resolver los aspectos centrales de esta política pública, basta considerar que el ministro declaró a mediados de año que el déficit mensual de cerca de 30 millones de dólares se reduciría, en el actual mes de diciembre, a 10 millones, pero la realidad es que ya en noviembre bordeaba los 35 millones de dólares.
Resulta casi provocador recordar que entre los argumentos que para impulsar este plan daban los estudios de académicos y figuras de gobierno, se sostenía que el sistema de las micros amarillas tenía un excedente de renta de aproximadamente 65 millones de dólares anuales, de los que podría beneficiarse parcialmente el Estado de Chile para obras de infraestructura. La realidad es que a los más de mil millones de dólares que el país ya ha gastado en un sistema que no funciona, se agrega una sangría mensual de recursos que se están traspasando de las arcas fiscales a los operadores privados del plan. Debe tenerse conciencia de que no se trata de aportes para financiar inversiones físicas o tecnológicas -que en último término quedarían en beneficio público-, sino que financian la rentabilidad virtualmente garantizada que se pactó con las empresas de transporte que se adjudicaron el servicio de las líneas.
La disposición ciudadana a subsidiar obras de infraestructura, como puede serlo el recién inaugurado camino a Torres del Paine, es muy distinta a verter millonarios recursos en contratos mal concebidos por ineptitud de las autoridades. Es imprescindible que el ministro aborde el tema de la evasión y dé una tarifa más realista para el financiamiento del plan. La tentación de eludir esas responsabilidades en un año electoral, para no asumir los costos de los errores cometidos, puede ser irresistible.
En ese sentido, las intervenciones públicas del ministro Cortázar, incluida su última conferencia de prensa tras ser confirmado en el cargo, no aclaran el estado preciso de algunos temas. Es el caso de los contratos del Estado con los operadores y de las modificaciones a que alude. ¿Hasta dónde esos cambios se encuentran acordados, pero aún no perfeccionados? ¿Ha variado contractualmente la debilitada posición en que se encontraba el Estado frente a su contraparte? Sería necesario que el confirmado ministro informara en detalle a la opinión pública sobre el estado actual de todo aquello que el informe de la Cámara individualiza como causas del desastre que afecta a millones de usuarios y que financian todos los chilenos.
Cambio de gabinete: inconveniente compás de espera
Entre las filas del oficialismo y del Gobierno reina hace algunas semanas la extendida sensación de un inminente cambio de gabinete. La solitaria inclusión del nuevo vocero, Francisco Vidal, y la ratificación del titular de Transportes, René Cortázar, no han despejado esa inquietud ni han dado luces de cuándo podría verificarse. Ese estado psicológico tiene un efecto inhibidor y paralizante. Lo anterior se acrecienta por el resquebrajamiento de las confianzas dentro de la Concertación. Los líderes partidarios y figuras del gobierno viven en estado de alerta para no ser sorprendidos con nombramientos que los debiliten dentro del bloque concertacionista.
No se puede descartar que las gruesas descoordinaciones con motivo del dictamen de la Dirección del Trabajo en materia de subcontratación y la defensa emprendida por Codelco, con repercusiones en el seno del gabinete, sean fruto de esa aparente indefinición política.
Un ajuste del equipo ministerial debiera fijar rumbos y clarificar prioridades, lo que tendría un beneficioso efecto ordenador. En todo caso, se hace urgente que la Presidenta Bachelet despeje esta incógnita en uno u otro sentido, sea confirmando o reestructurando a su grupo de colaboradores más directos
El desastre social, económico y político del Transantiago es de tal envergadura, que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pese a tener mayoría oficialista, no pudo sino reprochar críticamente al ex Presidente Lagos por su responsabilidad en el diseño del fallido plan de transportes. El informe, que deberá conocer y votar la sala de la Cámara, desvanece los temores iniciales de que la investigación pudiese centrarse en responsabilidades administrativas y ejecutivas menores, sin incomodar a figuras de mayor peso político.
A medida que avanzó la investigación de los 13 diputados, presididos por Patricio Hales (PPD), la indignación moral frente a la indolencia exhibida por algunos de los comparecientes, la incompetencia de otros y la toma de conciencia de las dimensiones de este fracaso se fue apoderando de sus integrantes y quedó plasmada tanto en el texto aprobado por la mayoría de siete diputados oficialistas, como en la decisión de aceptar la incorporación de un "addendum" con un resumen de la opinión de minoría, naturalmente más dura, de los seis fiscalizadores de oposición.
El trabajo de los diputados Hales, Allende, Rubilar, Nogueira, Cristi, Burgos, Olivares, Montes, Sule, Farías, Mönckeberg, Melero y Uriarte se desarrolló con gran seriedad, fijando un nuevo estándar para el desempeño de estas instancias fiscalizadoras. Además, la inclusión en el informe oficial de la opinión de la minoría inaugura una sana práctica en nuestro sistema político.
La renuncia del ministro Cortázar, pese a su previsible rechazo, marcó un cambio irreversible para el Transantiago: si hace seis meses el ministro definió su cometido como "normalizarlo" hasta diciembre, al rechazar su renuncia la Presidenta le ha pedido "consolidar las bases de un nuevo sistema". No es la primera vez que ella intenta dar vuelta la página de este duro legado de la administración Lagos. Ya el 31 de mayo pasado desahució el nombre del fracasado plan al señalar, en visita de Estado en Noruega, que Transantiago "es una muy mala palabra".
Los esfuerzos de Cortázar son ampliamente reconocidos, pese al incumplimiento de sus metas. Para dimensionar el margen de error y la imposibilidad de resolver los aspectos centrales de esta política pública, basta considerar que el ministro declaró a mediados de año que el déficit mensual de cerca de 30 millones de dólares se reduciría, en el actual mes de diciembre, a 10 millones, pero la realidad es que ya en noviembre bordeaba los 35 millones de dólares.
Resulta casi provocador recordar que entre los argumentos que para impulsar este plan daban los estudios de académicos y figuras de gobierno, se sostenía que el sistema de las micros amarillas tenía un excedente de renta de aproximadamente 65 millones de dólares anuales, de los que podría beneficiarse parcialmente el Estado de Chile para obras de infraestructura. La realidad es que a los más de mil millones de dólares que el país ya ha gastado en un sistema que no funciona, se agrega una sangría mensual de recursos que se están traspasando de las arcas fiscales a los operadores privados del plan. Debe tenerse conciencia de que no se trata de aportes para financiar inversiones físicas o tecnológicas -que en último término quedarían en beneficio público-, sino que financian la rentabilidad virtualmente garantizada que se pactó con las empresas de transporte que se adjudicaron el servicio de las líneas.
La disposición ciudadana a subsidiar obras de infraestructura, como puede serlo el recién inaugurado camino a Torres del Paine, es muy distinta a verter millonarios recursos en contratos mal concebidos por ineptitud de las autoridades. Es imprescindible que el ministro aborde el tema de la evasión y dé una tarifa más realista para el financiamiento del plan. La tentación de eludir esas responsabilidades en un año electoral, para no asumir los costos de los errores cometidos, puede ser irresistible.
En ese sentido, las intervenciones públicas del ministro Cortázar, incluida su última conferencia de prensa tras ser confirmado en el cargo, no aclaran el estado preciso de algunos temas. Es el caso de los contratos del Estado con los operadores y de las modificaciones a que alude. ¿Hasta dónde esos cambios se encuentran acordados, pero aún no perfeccionados? ¿Ha variado contractualmente la debilitada posición en que se encontraba el Estado frente a su contraparte? Sería necesario que el confirmado ministro informara en detalle a la opinión pública sobre el estado actual de todo aquello que el informe de la Cámara individualiza como causas del desastre que afecta a millones de usuarios y que financian todos los chilenos.
Cambio de gabinete: inconveniente compás de espera
Entre las filas del oficialismo y del Gobierno reina hace algunas semanas la extendida sensación de un inminente cambio de gabinete. La solitaria inclusión del nuevo vocero, Francisco Vidal, y la ratificación del titular de Transportes, René Cortázar, no han despejado esa inquietud ni han dado luces de cuándo podría verificarse. Ese estado psicológico tiene un efecto inhibidor y paralizante. Lo anterior se acrecienta por el resquebrajamiento de las confianzas dentro de la Concertación. Los líderes partidarios y figuras del gobierno viven en estado de alerta para no ser sorprendidos con nombramientos que los debiliten dentro del bloque concertacionista.
No se puede descartar que las gruesas descoordinaciones con motivo del dictamen de la Dirección del Trabajo en materia de subcontratación y la defensa emprendida por Codelco, con repercusiones en el seno del gabinete, sean fruto de esa aparente indefinición política.
Un ajuste del equipo ministerial debiera fijar rumbos y clarificar prioridades, lo que tendría un beneficioso efecto ordenador. En todo caso, se hace urgente que la Presidenta Bachelet despeje esta incógnita en uno u otro sentido, sea confirmando o reestructurando a su grupo de colaboradores más directos
jueves, 25 de octubre de 2007
Pasos de Chávez
Prácticamente todos los días, Chávez sorprende con nuevos pasos de su radical revolución. Ayer fue su propuesta de eliminar la autonomía del Banco Central. Él no estima necesario ceñirse a las normas de la democracia para llevar adelante su revolución bolivariana y el "socialismo del siglo XXI". Decidoramente, la Fundación Konrad Adenauer, de la DC alemana, consignó en su informe anual que Venezuela ocupa el último lugar entre 18 países en el índice de condiciones básicas de la democracia, el respeto de los derechos políticos, las libertades civiles y la calidad institucional.
A ese deterioro valórico se añade el mal manejo económico de un país con inmensos recursos, pero arrastrado a una de las mayores inflaciones en Sudamérica. De allí el anuncio de que creará un "bolívar fuerte", una nueva moneda con el solo expediente de reducir el número de ceros de su denominación, lo que podrá, quizás, producir algún efecto psicológico en ciertos sectores, pero no resolverá el problema económico real.
Entretanto, Chávez continúa su proceso de control o desmantelamiento de las instituciones y de las industrias cruciales. Para esto, un instrumento principal es la reforma constitucional, rechazada en forma terminante por la Iglesia Católica, que la estima "moralmente inaceptable y grave", en cuanto acentúa la concentración del poder en manos del gobernante y vulnera los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, unos 20 mil universitarios protestaron contra ella este martes, enfrentando a la policía y a grupos de choque gobiernistas.
Para sofocar las críticas, el Presidente venezolano apela al expediente clásico: restringir la libertad de expresión e información. En su reciente asamblea, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció los obstáculos y amenazas al ejercicio periodístico en la Venezuela actual, y llegó a señalar que el propósito del gobierno chavista es hacer desaparecer los medios de comunicación venezolanos que no controle. La SIP, que se reúne dos veces al año para examinar la situación de la prensa en el continente, aceptó a principios de 2007 una invitación del Bloque de Prensa, entidad que agrupa a los medios de Venezuela, para reunirse en Caracas en marzo de 2008. El gobierno de Chávez, sin embargo, ha presionado a los dueños de los hoteles de Caracas, Maracaibo e Isla Margarita para que nieguen las facilidades necesarias de alojamiento y reunión -insinuándoles que, de lo contrario, serían confiscados-, de modo que los delegados de los diarios norte y sudamericanos no puedan sesionar.
A ese deterioro valórico se añade el mal manejo económico de un país con inmensos recursos, pero arrastrado a una de las mayores inflaciones en Sudamérica. De allí el anuncio de que creará un "bolívar fuerte", una nueva moneda con el solo expediente de reducir el número de ceros de su denominación, lo que podrá, quizás, producir algún efecto psicológico en ciertos sectores, pero no resolverá el problema económico real.
Entretanto, Chávez continúa su proceso de control o desmantelamiento de las instituciones y de las industrias cruciales. Para esto, un instrumento principal es la reforma constitucional, rechazada en forma terminante por la Iglesia Católica, que la estima "moralmente inaceptable y grave", en cuanto acentúa la concentración del poder en manos del gobernante y vulnera los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, unos 20 mil universitarios protestaron contra ella este martes, enfrentando a la policía y a grupos de choque gobiernistas.
Para sofocar las críticas, el Presidente venezolano apela al expediente clásico: restringir la libertad de expresión e información. En su reciente asamblea, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció los obstáculos y amenazas al ejercicio periodístico en la Venezuela actual, y llegó a señalar que el propósito del gobierno chavista es hacer desaparecer los medios de comunicación venezolanos que no controle. La SIP, que se reúne dos veces al año para examinar la situación de la prensa en el continente, aceptó a principios de 2007 una invitación del Bloque de Prensa, entidad que agrupa a los medios de Venezuela, para reunirse en Caracas en marzo de 2008. El gobierno de Chávez, sin embargo, ha presionado a los dueños de los hoteles de Caracas, Maracaibo e Isla Margarita para que nieguen las facilidades necesarias de alojamiento y reunión -insinuándoles que, de lo contrario, serían confiscados-, de modo que los delegados de los diarios norte y sudamericanos no puedan sesionar.
Responsabilidad Política
¿Qué significa realmente este concepto? Hasta ahora, en nuestra práctica política, no mucho. Para la ciudadanía no están claras las consecuencias de que a alguna figura pública se le impute tenerla. Para los funcionarios que son elegidos mediante votaciones populares -Presidente, parlamentarios, alcaldes-, la responsabilidad política en sus actuaciones se refleja, eventualmente, en su mayor o menor probabilidad de resultar reelegidos, pero eso sólo ocurre en caso de que se postulen o repostulen como candidatos. Esto no siempre sucede y, además, puede estar demasiado alejado en el tiempo de los hechos por los cuales son evaluados políticamente. Por tanto, la ciudadanía suele no percibir que dicha responsabilidad tiene que ser asumida en términos proporcionales al daño causado por una determinada actuación a bienes materiales, jurídicos o espirituales.
Para los funcionarios no elegidos por votación popular, la responsabilidad política es un concepto aún más difuso, pues ellos pueden, sin más, ignorar hechos por los que pudiere caberles, y continuar en sus cargos si sus superiores así lo estiman, lo que fácilmente ocurre por solidaridad partidista.
Así, el concepto de responsabilidad política se utiliza a menudo, pero suele carecer de contenido efectivo. Muy variados ejemplos lo ilustran. Un caso paradigmático es el Transantiago, pues se ha hablado de responsabilidad política en distintas instancias de la cadena de mando, sin que ello se haya traducido en consecuencias de ningún tipo. El ex ministro Espejo asumió la responsabilidad política del fracaso del plan, pero siguió en su cargo tres meses hasta que la Presidenta decidió cambiarlo; es de reconocer, con todo, que él planteó la idea -tal vez correcta- de que renunciar podía ser interpretado más como irresponsabilidad ante el desastre que como voluntad de abordar las dificultades de repararlo. Otro ex ministro de OO.PP., Jaime Estévez, asumió ante la comisión investigadora de la Cámara "la responsabilidad política que me corresponde", sin que se conozca la sustancia que contiene tal declaración. En el presente caso de la muerte de 10 menores en un establecimiento del Sename en Puerto Montt, el senador Escalona ha presentado una querella contra quienes resulten responsables, pero es discutible cuán conducente pueda ser esa vía en la práctica, y habrá de investigarse si hubo alguna forma de responsabilidad penal -que es distinta de la política-. En todo caso, los tiempos judiciales difícilmente resultan adecuados para ayudar a determinar responsabilidades políticas.
En países como Japón, los funcionarios que sienten que su actuación ha perjudicado a sus conciudadanos o que ella ha afectado a su honor, renuncian a su cargo: el error cometido se paga con el daño a la imagen del responsable y la pérdida de su poder. Allí, la responsabilidad política tiene una expresión clara. Algo similar ocurre en las democracias avanzadas, especialmente en los regímenes parlamentarios.
La responsabilidad política alude a lo que los anglosajones llaman "accountability", esto es, "hacerse responsable de sus actos ante terceros" por las acciones que cada uno realiza. El solo hecho de que no exista una traducción directa al español y se requiera una frase explicativa para describirla ilustra la menor importancia que tiene ese concepto en nuestra cultura.
El Estado chileno, deficitario en su capacidad de gestión a todo nivel, necesita con urgencia un sistema por el cual la responsabilidad política se haga efectiva de algún modo que suponga un costo real para quien la tenga.
Para los funcionarios no elegidos por votación popular, la responsabilidad política es un concepto aún más difuso, pues ellos pueden, sin más, ignorar hechos por los que pudiere caberles, y continuar en sus cargos si sus superiores así lo estiman, lo que fácilmente ocurre por solidaridad partidista.
Así, el concepto de responsabilidad política se utiliza a menudo, pero suele carecer de contenido efectivo. Muy variados ejemplos lo ilustran. Un caso paradigmático es el Transantiago, pues se ha hablado de responsabilidad política en distintas instancias de la cadena de mando, sin que ello se haya traducido en consecuencias de ningún tipo. El ex ministro Espejo asumió la responsabilidad política del fracaso del plan, pero siguió en su cargo tres meses hasta que la Presidenta decidió cambiarlo; es de reconocer, con todo, que él planteó la idea -tal vez correcta- de que renunciar podía ser interpretado más como irresponsabilidad ante el desastre que como voluntad de abordar las dificultades de repararlo. Otro ex ministro de OO.PP., Jaime Estévez, asumió ante la comisión investigadora de la Cámara "la responsabilidad política que me corresponde", sin que se conozca la sustancia que contiene tal declaración. En el presente caso de la muerte de 10 menores en un establecimiento del Sename en Puerto Montt, el senador Escalona ha presentado una querella contra quienes resulten responsables, pero es discutible cuán conducente pueda ser esa vía en la práctica, y habrá de investigarse si hubo alguna forma de responsabilidad penal -que es distinta de la política-. En todo caso, los tiempos judiciales difícilmente resultan adecuados para ayudar a determinar responsabilidades políticas.
En países como Japón, los funcionarios que sienten que su actuación ha perjudicado a sus conciudadanos o que ella ha afectado a su honor, renuncian a su cargo: el error cometido se paga con el daño a la imagen del responsable y la pérdida de su poder. Allí, la responsabilidad política tiene una expresión clara. Algo similar ocurre en las democracias avanzadas, especialmente en los regímenes parlamentarios.
La responsabilidad política alude a lo que los anglosajones llaman "accountability", esto es, "hacerse responsable de sus actos ante terceros" por las acciones que cada uno realiza. El solo hecho de que no exista una traducción directa al español y se requiera una frase explicativa para describirla ilustra la menor importancia que tiene ese concepto en nuestra cultura.
El Estado chileno, deficitario en su capacidad de gestión a todo nivel, necesita con urgencia un sistema por el cual la responsabilidad política se haga efectiva de algún modo que suponga un costo real para quien la tenga.
lunes, 22 de octubre de 2007
¿Se justifica el alto gasto público?
Sin el ordenamiento de las finanzas públicas conseguido desde la segunda mitad de los años 70, Chile no habría podido lograr el desarrollo con creciente estabilidad que se ha observado desde entonces. El equilibrio fiscal ha sido determinante para ello, así como la expansión del gasto público sólo en porcentajes similares al aumento del producto. Pero si el fisco crece a tasas mayores que el producto, es obvio que afecta al gasto privado, incluida la inversión.
Parece olvidarse que, siendo los recursos productivos limitados, su uso exagerado por parte del aparato público debilita su uso privado, por alzas de la tasa de interés y del precio de los factores productivos en general. A su vez, los mayores intereses atraen dólares desde el exterior, afectando el tipo de cambio real, con perjuicio de los exportadores.
El aumento del gasto público en los dos últimos años y el previsto para 2008 están, a todas luces, muy por sobre el crecimiento del producto, con el agravante de dirigirse en muchos casos a destinos dudosos, como el Transantiago y ferrocarriles, o a burocracia, o a simples remuneraciones y transferencias en salud y educación, sin una contraparte productiva. Esto, además del mal uso en variadas irregularidades, como las de Chiledeportes, sobresueldos, programas de empleo y diversas inversiones en empresas del Estado de muy bajo o nulo retorno.
Sin encarar la modernización del Estado, hay temores fundados respecto del beneficio social del aumento de remuneraciones de los empleados públicos, cuya productividad, lejos de aumentar, disminuye.
Otro tanto ocurriría con los enormes recursos destinados a innovación, la que no se obtendrá con meros traspasos para estudios, publicaciones y seminarios universitarios. La innovación y la investigación útiles para el desarrollo sólo se logran en condiciones reales de mercado, en las empresas que deben competir, y no en burocráticos organismos o programas oficiales, como los más de 30 ya existentes.
El aumento del gasto público en salud y educación desde 1990 es francamente desproporcionado si se considera que no se ha traducido en mejoramiento alguno de la calidad. Pero nadie osa pedir cuentas del uso efectivo dado a tan enormes recursos, que habrían servido mejor a los más pobres si se les hubieran asignado directamente, o por la vía de reducciones tributarias de impuestos regresivos -como el IVA y los que afectan a alcoholes y bebidas, a los combustibles, o el de timbres y estampillas-. En cambio, una rebaja tributaria que favoreciera la inversión y la innovación aumentaría el producto y la creación de empleos, con el consiguiente mejoramiento de las remuneraciones.
La política fiscal tiende a convertirse en un continuo enunciado de nuevos gastos con nobles objetivos nunca evaluados, lo que es una invitación a que los grupos de presión exijan más dineros y fomenta los conflictos. Nuestra experiencia, así como la de prácticamente todos los países del mundo, sugiere que aumentos repentinos del gasto público, como el actual, estimulan malos usos, burocracia, mayores costos de operación y aun variadas formas de deshonestidad y corrupción.
Aumentos presupuestarios sin fundamentación clara
En el presupuesto para el año 2008 hay expansiones de gasto que requieren mayor explicación, como el 13,3 por ciento de la Presidencia de la República, el 9,6 de la Contraloría, el 17,4 del Ministerio del Interior, el 21,6 del Ministerio de Economía, el 15,3 en Educación, el 11,8 del Ministerio de Agricultura, el 10,2 de Bienes Nacionales, el 46,7 de Minería, el 24,9 de la Secretaría General de Gobierno, el 9,8 de la Secretaría General de la Presidencia, el 10,1 de Mideplan, el 10,4 de Vivienda y el 18,2 por ciento de Transportes.
El enunciado anterior muestra que todos los ministerios aumentan su gasto, y que la mayoría lo hace en porcentajes alejados del crecimiento del producto o de otro criterio que sugiera racionalidad técnica en el uso de los recursos fiscales.
En las empresas estatales preocupa el enorme aumento de costos de Codelco, y en Enap inquieta su presencia monopólica en el país, que obstruye el descubrimiento y desarrollo de petróleo y gas.
Por su parte, los recursos del presupuesto fiscal para energía crecen ocho veces, principalmente para financiar el alza del 51 por ciento en la Comisión Nacional de Energía, como base para crear un nuevo ministerio, que vendría a agregarse a la veintena ya existente.
El gasto fiscal en ministerios como Trabajo, Educación y Salud -entre 4,7 y 6,6 mil millones de dólares cada uno- debe justificar una contrapartida de efectivo apoyo social a los pobres, que en todo caso tiene que ser correctamente evaluada.
La tradicional y notable evaluación de proyectos por Mideplan y su influencia decisiva en el desarrollo de las inversiones se ha debilitado, lo que, sin duda, explica los desastres en EFE y el Transantiago, y el puente sobre el Canal de Chacao que pretendió realizar el Gobierno anterior.
Las presiones ejercidas por los más variados grupos de interés en demanda de más aportes fiscales ha sido una característica del actual Gobierno, que habría pasado a mayores si la economía mundial no se hubiera expandido con intensidad y los precios de las exportaciones chilenas, como el cobre, no hubieran subido como lo han hecho.
Si en vez de aumentar el gasto público se hubieran reducido los impuestos, habrían sido mayores el incremento del producto, la inversión, los salarios y el empleo y, con ello, el bienestar de los más pobres. Éste no ha mejorado con claridad como resultado del mayor gasto fiscal social.
Parece olvidarse que, siendo los recursos productivos limitados, su uso exagerado por parte del aparato público debilita su uso privado, por alzas de la tasa de interés y del precio de los factores productivos en general. A su vez, los mayores intereses atraen dólares desde el exterior, afectando el tipo de cambio real, con perjuicio de los exportadores.
El aumento del gasto público en los dos últimos años y el previsto para 2008 están, a todas luces, muy por sobre el crecimiento del producto, con el agravante de dirigirse en muchos casos a destinos dudosos, como el Transantiago y ferrocarriles, o a burocracia, o a simples remuneraciones y transferencias en salud y educación, sin una contraparte productiva. Esto, además del mal uso en variadas irregularidades, como las de Chiledeportes, sobresueldos, programas de empleo y diversas inversiones en empresas del Estado de muy bajo o nulo retorno.
Sin encarar la modernización del Estado, hay temores fundados respecto del beneficio social del aumento de remuneraciones de los empleados públicos, cuya productividad, lejos de aumentar, disminuye.
Otro tanto ocurriría con los enormes recursos destinados a innovación, la que no se obtendrá con meros traspasos para estudios, publicaciones y seminarios universitarios. La innovación y la investigación útiles para el desarrollo sólo se logran en condiciones reales de mercado, en las empresas que deben competir, y no en burocráticos organismos o programas oficiales, como los más de 30 ya existentes.
El aumento del gasto público en salud y educación desde 1990 es francamente desproporcionado si se considera que no se ha traducido en mejoramiento alguno de la calidad. Pero nadie osa pedir cuentas del uso efectivo dado a tan enormes recursos, que habrían servido mejor a los más pobres si se les hubieran asignado directamente, o por la vía de reducciones tributarias de impuestos regresivos -como el IVA y los que afectan a alcoholes y bebidas, a los combustibles, o el de timbres y estampillas-. En cambio, una rebaja tributaria que favoreciera la inversión y la innovación aumentaría el producto y la creación de empleos, con el consiguiente mejoramiento de las remuneraciones.
La política fiscal tiende a convertirse en un continuo enunciado de nuevos gastos con nobles objetivos nunca evaluados, lo que es una invitación a que los grupos de presión exijan más dineros y fomenta los conflictos. Nuestra experiencia, así como la de prácticamente todos los países del mundo, sugiere que aumentos repentinos del gasto público, como el actual, estimulan malos usos, burocracia, mayores costos de operación y aun variadas formas de deshonestidad y corrupción.
Aumentos presupuestarios sin fundamentación clara
En el presupuesto para el año 2008 hay expansiones de gasto que requieren mayor explicación, como el 13,3 por ciento de la Presidencia de la República, el 9,6 de la Contraloría, el 17,4 del Ministerio del Interior, el 21,6 del Ministerio de Economía, el 15,3 en Educación, el 11,8 del Ministerio de Agricultura, el 10,2 de Bienes Nacionales, el 46,7 de Minería, el 24,9 de la Secretaría General de Gobierno, el 9,8 de la Secretaría General de la Presidencia, el 10,1 de Mideplan, el 10,4 de Vivienda y el 18,2 por ciento de Transportes.
El enunciado anterior muestra que todos los ministerios aumentan su gasto, y que la mayoría lo hace en porcentajes alejados del crecimiento del producto o de otro criterio que sugiera racionalidad técnica en el uso de los recursos fiscales.
En las empresas estatales preocupa el enorme aumento de costos de Codelco, y en Enap inquieta su presencia monopólica en el país, que obstruye el descubrimiento y desarrollo de petróleo y gas.
Por su parte, los recursos del presupuesto fiscal para energía crecen ocho veces, principalmente para financiar el alza del 51 por ciento en la Comisión Nacional de Energía, como base para crear un nuevo ministerio, que vendría a agregarse a la veintena ya existente.
El gasto fiscal en ministerios como Trabajo, Educación y Salud -entre 4,7 y 6,6 mil millones de dólares cada uno- debe justificar una contrapartida de efectivo apoyo social a los pobres, que en todo caso tiene que ser correctamente evaluada.
La tradicional y notable evaluación de proyectos por Mideplan y su influencia decisiva en el desarrollo de las inversiones se ha debilitado, lo que, sin duda, explica los desastres en EFE y el Transantiago, y el puente sobre el Canal de Chacao que pretendió realizar el Gobierno anterior.
Las presiones ejercidas por los más variados grupos de interés en demanda de más aportes fiscales ha sido una característica del actual Gobierno, que habría pasado a mayores si la economía mundial no se hubiera expandido con intensidad y los precios de las exportaciones chilenas, como el cobre, no hubieran subido como lo han hecho.
Si en vez de aumentar el gasto público se hubieran reducido los impuestos, habrían sido mayores el incremento del producto, la inversión, los salarios y el empleo y, con ello, el bienestar de los más pobres. Éste no ha mejorado con claridad como resultado del mayor gasto fiscal social.
jueves, 11 de octubre de 2007
Diagnóstico tras renuncia en EFE
El nombramiento del ex ministro Jorge Rodríguez Grossi como nuevo presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado lleva a ese cargo a una figura prestigiada. Su misión, sin embargo, parece muy difícil de cumplir. La renuncia de su predecesor, Vicente Domínguez, ratifica el diagnóstico que se ha venido consolidando en torno a la situación de EFE -caracterizada por una politización creciente en sus criterios de decisión estratégica, el aumento de sus pérdidas y la falta de claridad respecto de su futuro- y confirma las deficiencias de la dirección del Sistema de Empresas Públicas (SEP), presidido por Patricio Rojas. Resulta inevitable que este cuadro ponga una vez más en fuerte cuestionamiento la conveniencia nacional de mantener empresas estatales, si tales son los criterios de utilización de los fondos de los contribuyentes.
El manejo de EFE ha sido criticado por los pésimos resultados de la cuantiosa inversión en esa empresa; por la ineficiencia en el uso de los fondos invertidos -por ejemplo, comprar caros trenes españoles usados, con problemas de operación, en vez de trenes chinos nuevos y baratos-; por el eventual desvío de parte de esos fondos para otros propósitos; por los gruesos errores en la estimación de la demanda que los servicios tendrían luego de efectuada la inversión; por no haber logrado implementar servicios en algunos de los tramos a los cuales fue destinada dicha inversión, y por las impresionantes pérdidas que muestra la operación, que el año pasado superaron a la totalidad de los ingresos de la compañía. En palabras en carta a este diario de Rodrigo García Márquez, actual concejal de Providencia (PPD) y ex presidente de los profesionales de EFE, una "situación de virtual catástrofe", cuya responsabilidad "no debe limitarse únicamente a quienes han cometido ilícitos, sino que debe extenderse a los que sin ninguna experiencia ferroviaria -y alguno sin requisitos académicos- llegaron a dirigir la empresa, implementando políticas desastrosas, dilapidando recursos de todos los chilenos".
En su hora, lo anterior llevó a la sustitución del presidente del directorio, Luis Ajenjo, por Guillermo Díaz. Éste debió renunciar por estar sometido a proceso, para ser finalmente reemplazado por Vicente Domínguez, recién renunciado, mientras una comisión investigadora de la Cámara examina lo ocurrido en todo este proceso.
Bajo la presidencia de Domínguez se encargaron estudios al Banco Mundial y a la U. Católica para definir los cursos de acción, pero ellos no han salido a la luz pública, porque, según ha trascendido, Patricio Rojas se ha negado a permitirlo, en contra de la opinión de Domínguez. Presumiblemente, esos informes indicarían la necesidad de introducir profundas rectificaciones en la forma de gestionar la empresa, lo que es juzgado impopular a la luz de los fuertes grupos sindicales tradicionales de EFE.
Difícilmente cabe interpretar de otra manera el hecho de que, en su carta de renuncia, Domínguez haya indicado que "se requiere un presidente del directorio que articule una solución político-estratégica que sea respaldada unánimemente por el Gobierno y convenida con los sectores parlamentarios", y que agregue que "se requiere una persona distinta de la de un profesional que, como el suscrito, funda su experiencia en la gestión y dirección de empresas en el mundo de los asuntos corporativos". En otras palabras, lo que Domínguez afirma permite inferir que los criterios normales para manejar una empresa no son actualmente válidos en EFE, esto es, que las decisiones deben validarse políticamente -un eufemismo para no preocuparse de la rentabilidad de los fondos aportados por los contribuyentes- y que, en consecuencia, quien quiera dirigir la compañía debe allanarse a seguir esos criterios.
Esto pone nuevamente en debate las actuaciones del SEP, que han aparecido, en general, teñidas por criterios políticos, el último de los cuales fue cambiar al directorio del puerto de Talcahuano para que éste no siguiera adelante con el proceso de privatización de los sitios, cediendo así a la presión de grupos sindicales con escasos socios y manteniendo a ese puerto en una condición insostenible. Esta forma de concebir a las empresas estatales es la que empuja a poner en duda la conveniencia de que ellas subsistan bajo el actual esquema.
El manejo de EFE ha sido criticado por los pésimos resultados de la cuantiosa inversión en esa empresa; por la ineficiencia en el uso de los fondos invertidos -por ejemplo, comprar caros trenes españoles usados, con problemas de operación, en vez de trenes chinos nuevos y baratos-; por el eventual desvío de parte de esos fondos para otros propósitos; por los gruesos errores en la estimación de la demanda que los servicios tendrían luego de efectuada la inversión; por no haber logrado implementar servicios en algunos de los tramos a los cuales fue destinada dicha inversión, y por las impresionantes pérdidas que muestra la operación, que el año pasado superaron a la totalidad de los ingresos de la compañía. En palabras en carta a este diario de Rodrigo García Márquez, actual concejal de Providencia (PPD) y ex presidente de los profesionales de EFE, una "situación de virtual catástrofe", cuya responsabilidad "no debe limitarse únicamente a quienes han cometido ilícitos, sino que debe extenderse a los que sin ninguna experiencia ferroviaria -y alguno sin requisitos académicos- llegaron a dirigir la empresa, implementando políticas desastrosas, dilapidando recursos de todos los chilenos".
En su hora, lo anterior llevó a la sustitución del presidente del directorio, Luis Ajenjo, por Guillermo Díaz. Éste debió renunciar por estar sometido a proceso, para ser finalmente reemplazado por Vicente Domínguez, recién renunciado, mientras una comisión investigadora de la Cámara examina lo ocurrido en todo este proceso.
Bajo la presidencia de Domínguez se encargaron estudios al Banco Mundial y a la U. Católica para definir los cursos de acción, pero ellos no han salido a la luz pública, porque, según ha trascendido, Patricio Rojas se ha negado a permitirlo, en contra de la opinión de Domínguez. Presumiblemente, esos informes indicarían la necesidad de introducir profundas rectificaciones en la forma de gestionar la empresa, lo que es juzgado impopular a la luz de los fuertes grupos sindicales tradicionales de EFE.
Difícilmente cabe interpretar de otra manera el hecho de que, en su carta de renuncia, Domínguez haya indicado que "se requiere un presidente del directorio que articule una solución político-estratégica que sea respaldada unánimemente por el Gobierno y convenida con los sectores parlamentarios", y que agregue que "se requiere una persona distinta de la de un profesional que, como el suscrito, funda su experiencia en la gestión y dirección de empresas en el mundo de los asuntos corporativos". En otras palabras, lo que Domínguez afirma permite inferir que los criterios normales para manejar una empresa no son actualmente válidos en EFE, esto es, que las decisiones deben validarse políticamente -un eufemismo para no preocuparse de la rentabilidad de los fondos aportados por los contribuyentes- y que, en consecuencia, quien quiera dirigir la compañía debe allanarse a seguir esos criterios.
Esto pone nuevamente en debate las actuaciones del SEP, que han aparecido, en general, teñidas por criterios políticos, el último de los cuales fue cambiar al directorio del puerto de Talcahuano para que éste no siguiera adelante con el proceso de privatización de los sitios, cediendo así a la presión de grupos sindicales con escasos socios y manteniendo a ese puerto en una condición insostenible. Esta forma de concebir a las empresas estatales es la que empuja a poner en duda la conveniencia de que ellas subsistan bajo el actual esquema.
miércoles, 10 de octubre de 2007
Agitado panorama económico
Las últimas cifras conocidas sobre la evolución de los niveles de actividad económica y del ritmo inflacionario dan cuenta de una realidad poco alentadora: mientras el impulso expansivo de la producción entrega señales de estar perdiendo fuerza, los precios en el país registran un aumento que comienza a alarmar, configurándose así una desfavorable combinación que puede instalarse en la economía.
Los responsables de la conducción de la política económica han intentado bajarles el perfil a las últimas cifras de inflación y crecimiento, asociándolas a situaciones aisladas. En el caso de los aumentos de precios, la causa principal del fenómeno en curso radicaría en el comportamiento de los productos alimenticios, los cuales, en su componente importado, se han visto influidos por una situación de mayor escasez mundial relativa, mientras que una amplia variedad de productos locales (frutas, verduras y hortalizas) está todavía sufriendo los efectos derivados de los fenómenos climáticos de los últimos meses.
En cuanto a niveles de actividad, el inesperadamente bajo crecimiento del Imacec en agosto (4,5 por ciento) se explicaría por el menor valor agregado asociado a la generación de energía eléctrica mediante plantas térmicas, y por el impacto negativo que en la producción minera estaría vinculado a proyectos específicos.
Más allá de explicaciones que surgen de ejercicios aritméticos, preocupa la falta de visión para situar estos problemas en una perspectiva más global. En lo referido al mayor ritmo inflacionario, es indiscutible que los precios de los alimentos han tenido este año un comportamiento bastante atípico, pero es preocupante que, incluso aislando este efecto y recurriendo a la medición de lo que se conoce como inflación "subyacente" -que deja fuera a los combustibles y a los productos perecibles-, la tendencia global muestre una inclinación alcista que se arrastra hace varios meses. Y en materia de crecimiento, más allá del resultado de agosto, se ha venido observando en los últimos meses una caída en la tendencia cíclica del ritmo de expansión, lo que, indudablemente, tendrá un efecto significativo en la evolución del PIB.
Una preocupación adicional -expresada aun por el ministro de Hacienda a parlamentarios- es la tendencia del tipo de cambio: el dólar cayó el lunes por debajo de 500 pesos, su mínimo en ocho años, y los expertos creen que seguirá en torno a esa cifra. Habiéndose acelerado esto por el aumento en el diferencial de tasas de interés entre Chile y EE.UU., es de notar que la apreciación nominal del peso chileno respecto del dólar es inferior a la que se ha producido entre la moneda estadounidense y el euro, e incluso entre ella y las monedas de otros países emergentes. Siendo un fenómeno global, es poco viable una intervención cambiaria como la que piden algunos gremios.
El significado práctico de esto es que lo verdaderamente relevante para medir competitividad -el tipo de cambio real- no ha experimentado variaciones significativas. Por tanto, el menor valor nominal del tipo de cambio en Chile debería estar compensando, en esencia, una mayor inflación en dólares de la canasta promedio de productos que el país comercializa, pero con situaciones disímiles en los distintos sectores.
No cabe sino concluir que la coyuntura actual es delicada para articular una política fiscal estabilizadora. La expansión considerada en el Presupuesto 2008 -muy por sobre lo que se espera sea el crecimiento del PIB y con una orientación básicamente asistencial- podría forzar alzas adicionales en la tasa de interés, lo cual afectaría negativamente el gasto privado y debilitaría adicionalmente el tipo de cambio.
Los responsables de la conducción de la política económica han intentado bajarles el perfil a las últimas cifras de inflación y crecimiento, asociándolas a situaciones aisladas. En el caso de los aumentos de precios, la causa principal del fenómeno en curso radicaría en el comportamiento de los productos alimenticios, los cuales, en su componente importado, se han visto influidos por una situación de mayor escasez mundial relativa, mientras que una amplia variedad de productos locales (frutas, verduras y hortalizas) está todavía sufriendo los efectos derivados de los fenómenos climáticos de los últimos meses.
En cuanto a niveles de actividad, el inesperadamente bajo crecimiento del Imacec en agosto (4,5 por ciento) se explicaría por el menor valor agregado asociado a la generación de energía eléctrica mediante plantas térmicas, y por el impacto negativo que en la producción minera estaría vinculado a proyectos específicos.
Más allá de explicaciones que surgen de ejercicios aritméticos, preocupa la falta de visión para situar estos problemas en una perspectiva más global. En lo referido al mayor ritmo inflacionario, es indiscutible que los precios de los alimentos han tenido este año un comportamiento bastante atípico, pero es preocupante que, incluso aislando este efecto y recurriendo a la medición de lo que se conoce como inflación "subyacente" -que deja fuera a los combustibles y a los productos perecibles-, la tendencia global muestre una inclinación alcista que se arrastra hace varios meses. Y en materia de crecimiento, más allá del resultado de agosto, se ha venido observando en los últimos meses una caída en la tendencia cíclica del ritmo de expansión, lo que, indudablemente, tendrá un efecto significativo en la evolución del PIB.
Una preocupación adicional -expresada aun por el ministro de Hacienda a parlamentarios- es la tendencia del tipo de cambio: el dólar cayó el lunes por debajo de 500 pesos, su mínimo en ocho años, y los expertos creen que seguirá en torno a esa cifra. Habiéndose acelerado esto por el aumento en el diferencial de tasas de interés entre Chile y EE.UU., es de notar que la apreciación nominal del peso chileno respecto del dólar es inferior a la que se ha producido entre la moneda estadounidense y el euro, e incluso entre ella y las monedas de otros países emergentes. Siendo un fenómeno global, es poco viable una intervención cambiaria como la que piden algunos gremios.
El significado práctico de esto es que lo verdaderamente relevante para medir competitividad -el tipo de cambio real- no ha experimentado variaciones significativas. Por tanto, el menor valor nominal del tipo de cambio en Chile debería estar compensando, en esencia, una mayor inflación en dólares de la canasta promedio de productos que el país comercializa, pero con situaciones disímiles en los distintos sectores.
No cabe sino concluir que la coyuntura actual es delicada para articular una política fiscal estabilizadora. La expansión considerada en el Presupuesto 2008 -muy por sobre lo que se espera sea el crecimiento del PIB y con una orientación básicamente asistencial- podría forzar alzas adicionales en la tasa de interés, lo cual afectaría negativamente el gasto privado y debilitaría adicionalmente el tipo de cambio.
jueves, 4 de octubre de 2007
Retroceso en apoyo ciudadano
El Mercurio, jueves 4 de octubre de 2007.
La aprobación a la forma como la Presidenta Bachelet está conduciendo su gobierno registró una nueva baja en la encuesta Adimark de septiembre pasado: sólo el 35 por ciento de la población de las 16 principales ciudades del país la respalda. El 46 por ciento la desaprueba. Son datos preocupantes para el Gobierno, porque es altamente probable que ellos debiliten su capacidad de acción política, dadas las dificultades que ha tenido hasta ahora para empujar su agenda.Es cierto que el cuestionamiento ha estado muy marcado por el Transantiago. Eso explica que la aprobación a la conducción gubernamental en la capital alcance sólo al 27 por ciento. Este porcentaje es similar al que registró en esta zona el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle hacia el final de su mandato -si bien las circunstancias económicas eran, entonces, muy distintas-. Que el efecto político del plan de transportes sea similar al de una crisis económica indica el alcance que él ha tenido para la población.Pero concentrar excesivamente en el Transantiago los orígenes de la desaprobación al gobierno de Bachelet sería desconocer que, a pesar de que su apoyo regional es mayor (41 por ciento), está lejos de ser satisfactorio, sobre todo a la luz del buen desempeño económico promedio de las regiones. Esta realidad deja entrever, pues, una crítica a la conducción gubernamental que sobrepasa a la que se origina en la del transporte público de Santiago. Todo indica que, en particular, la delincuencia y las dificultades gubernamentales para plantear una agenda coherente en este ámbito han tenido un impacto mayor en la evaluación del Gobierno. Por eso, éste podría sufrir eventuales nuevos retrocesos en mediciones posteriores: no cabe excluir que la aprobación en regiones comenzara a seguir una tendencia similar a la registrada en Santiago. El Gobierno debe estar atento a evitar esa situación.Es interesante que, pese a la negativa evaluación de su administración, las cualidades personales de la Presidenta siguen intactas. Esto sugiere que hay una oportunidad para que La Moneda revierta esta deficiente apreciación ciudadana. Pero eso, sin duda, requiere algunas condiciones. Entre otras, un rediseño de su gestión, probablemente en la dirección de darle mayor sustento político al Gobierno y lograr la unidad del gabinete en torno al programa del mismo. De igual forma, se deben abordar aquellos ámbitos en los que aquél aparece especialmente mal evaluado - el Transantiago y la delincuencia, de acuerdo con esta encuesta-. También salud es un área en la que la evaluación parece estar debilitándose y puede convertirse en un pasivo en próximas mediciones.La mala evaluación gubernamental ha afectado a la Concertación como coalición política: la desaprobación a la forma como está desarrollando su labor supera en cuatro puntos porcentuales a la Alianza. Es de notar que los niveles de aprobación son bajos para ambos conglomerados, y la alta desafección ciudadana hacia la política -54 por ciento de los ciudadanos no se identifica con ninguna agrupación política- no eleva la identificación ciudadana con la oposición. Con todo, se ha configurado un cuadro en el que la Concertación, por primera vez, no tiene ya una ventaja evidente sobre la Alianza.Ésta, en consecuencia, tiene una oportunidad real para avanzar electoralmente. Pero, a su vez, eso requiere de sus líderes un trabajo mancomunado que tenga como norte la preocupación ciudadana, y que las soluciones ofrecidas sean audaces y se inscriban en la tradición liberal-conservadora que ha caracterizado a esta opción política en el mundo entero.
La aprobación a la forma como la Presidenta Bachelet está conduciendo su gobierno registró una nueva baja en la encuesta Adimark de septiembre pasado: sólo el 35 por ciento de la población de las 16 principales ciudades del país la respalda. El 46 por ciento la desaprueba. Son datos preocupantes para el Gobierno, porque es altamente probable que ellos debiliten su capacidad de acción política, dadas las dificultades que ha tenido hasta ahora para empujar su agenda.Es cierto que el cuestionamiento ha estado muy marcado por el Transantiago. Eso explica que la aprobación a la conducción gubernamental en la capital alcance sólo al 27 por ciento. Este porcentaje es similar al que registró en esta zona el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle hacia el final de su mandato -si bien las circunstancias económicas eran, entonces, muy distintas-. Que el efecto político del plan de transportes sea similar al de una crisis económica indica el alcance que él ha tenido para la población.Pero concentrar excesivamente en el Transantiago los orígenes de la desaprobación al gobierno de Bachelet sería desconocer que, a pesar de que su apoyo regional es mayor (41 por ciento), está lejos de ser satisfactorio, sobre todo a la luz del buen desempeño económico promedio de las regiones. Esta realidad deja entrever, pues, una crítica a la conducción gubernamental que sobrepasa a la que se origina en la del transporte público de Santiago. Todo indica que, en particular, la delincuencia y las dificultades gubernamentales para plantear una agenda coherente en este ámbito han tenido un impacto mayor en la evaluación del Gobierno. Por eso, éste podría sufrir eventuales nuevos retrocesos en mediciones posteriores: no cabe excluir que la aprobación en regiones comenzara a seguir una tendencia similar a la registrada en Santiago. El Gobierno debe estar atento a evitar esa situación.Es interesante que, pese a la negativa evaluación de su administración, las cualidades personales de la Presidenta siguen intactas. Esto sugiere que hay una oportunidad para que La Moneda revierta esta deficiente apreciación ciudadana. Pero eso, sin duda, requiere algunas condiciones. Entre otras, un rediseño de su gestión, probablemente en la dirección de darle mayor sustento político al Gobierno y lograr la unidad del gabinete en torno al programa del mismo. De igual forma, se deben abordar aquellos ámbitos en los que aquél aparece especialmente mal evaluado - el Transantiago y la delincuencia, de acuerdo con esta encuesta-. También salud es un área en la que la evaluación parece estar debilitándose y puede convertirse en un pasivo en próximas mediciones.La mala evaluación gubernamental ha afectado a la Concertación como coalición política: la desaprobación a la forma como está desarrollando su labor supera en cuatro puntos porcentuales a la Alianza. Es de notar que los niveles de aprobación son bajos para ambos conglomerados, y la alta desafección ciudadana hacia la política -54 por ciento de los ciudadanos no se identifica con ninguna agrupación política- no eleva la identificación ciudadana con la oposición. Con todo, se ha configurado un cuadro en el que la Concertación, por primera vez, no tiene ya una ventaja evidente sobre la Alianza.Ésta, en consecuencia, tiene una oportunidad real para avanzar electoralmente. Pero, a su vez, eso requiere de sus líderes un trabajo mancomunado que tenga como norte la preocupación ciudadana, y que las soluciones ofrecidas sean audaces y se inscriban en la tradición liberal-conservadora que ha caracterizado a esta opción política en el mundo entero.
Nuevo fiscal nacional
El Mercurio, jueves 4 de octubre de 2007.
Por 31 votos a favor, cinco en contra -de los senadores Navarro, Naranjo y Núñez (PS), Ruiz-Esquide y Pizarro (DC)- y una abstención (Alvear, DC), el Senado ratificó al fiscal metropolitano dela zona occidente, Sabas Chahuán, como el nuevo fiscal nacional, que reemplazará a Guillermo Piedrabuena desde el 30 de noviembre próximo. Al parecer, la propuesta presidencial de su nombre y el acogimiento del Senado se fundaron en una apreciación positiva de su gestión en la referida fiscalía y de la experiencia en ella recogida desde 2005, y en una inclinación a estimular la carrera funcionaria dentro del Ministerio Público.Así, se descartó para esta vital segunda fase del mismo la opción alternativa que representaba Juan Enrique Vargas, uno de los creadores intelectuales del nuevo sistema procesal penal y un experto internacional en esta área, que había reunido la más alta votación en la quina de la Corte Suprema.Este nuevo período tiene exigencias diferentes del anterior. La primera etapa del Ministerio Público exigía un fuerte trabajo de organización de la institución. La fiscalía, como órgano persecutor, era un organismo diseñado especialmente para la reforma procesal y resultaba del todo ajeno a nuestra tradición. Era comprensible que en sus primeros ocho años este órgano autónomo pusiera especial atención en su organización interna, en la búsqueda de paridad de criterios de persecución entre las distintas fiscalías y, también, de un modo de comunicación con la opinión pública que escruta su desempeño. La gran cantidad de instructivos entonces dictados fue una muestra de ese proceso de consolidación.La etapa próxima a iniciarse necesita un giro que se oriente ahora al diseño e implementación de estrategias de persecución del delito eficaces. El Ministerio Público es el gran administrador de la acción penal pública, lo que supone mucho más que la mera persecución de delitos. Sus facultades para decidir dónde poner los énfasis de persecución -en qué delitos centrar más su atención-, su relación directa con los órganos policiales en la investigación, la decisión respecto de las eventuales salidas alternativas, entre otros, hacen de él un corresponsable de la implementación de una política antidelictiva eficiente. En dicha misión está enmarcado por las pautas que el legislador fije en el derecho penal sustantivo, pero la vinculación del Ministerio Público con los diferentes poderes del Estado que participan en la operación del sistema penal le asigna la responsabilidad y la oportunidad de contribuir determinantemente a la disminución de la criminalidad. Razonablemente, eso es lo que la opinión pública espera del nuevo fiscal nacional.Él tiene dos áreas básicas de responsabilidad establecidas por la Constitución y la ley. La primera es fijar los criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos y sus responsables; la adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos, y el ejercicio de la acción penal pública. En la práctica, esto significa fijar la política de persecución penal del país: sus prioridades y las metodologías para alcanzar sus metas.La segunda es de gestión: criterios en cuanto a recursos humanos y económicos, reglamentos para la superintendencia directiva, correccional y económica.Evidentemente, la primera es la que justifica la existencia de esta institución; la segunda es sólo instrumental respecto de ella. Sin embargo, en la práctica, el fiscal nacional debe necesariamente alcanzar un complejo equilibrio entre ambas, pues mal podría aplicarse con éxito una política de persecución penal, por acertada que fuere, si el instrumento flaquease por disfuncionalidades de cualquier especie. Éstas pueden ir desde insuficiente prolijidad hasta la sobrerregulación, desde la improvisación hasta la burocratización, desde la indiferencia a la experiencia internacional exitosa hasta el desarrollo de un espíritu corporativista entre los funcionarios. Sabas Chahuán ha dicho ya que "el fiscal nacional es el primer fiscal, no es un administrador". Eso parece anticipar un rumbo que, naturalmente, habrá de responder luego a la realidad y, asimismo, a las grandes expectativas existentes.
Por 31 votos a favor, cinco en contra -de los senadores Navarro, Naranjo y Núñez (PS), Ruiz-Esquide y Pizarro (DC)- y una abstención (Alvear, DC), el Senado ratificó al fiscal metropolitano dela zona occidente, Sabas Chahuán, como el nuevo fiscal nacional, que reemplazará a Guillermo Piedrabuena desde el 30 de noviembre próximo. Al parecer, la propuesta presidencial de su nombre y el acogimiento del Senado se fundaron en una apreciación positiva de su gestión en la referida fiscalía y de la experiencia en ella recogida desde 2005, y en una inclinación a estimular la carrera funcionaria dentro del Ministerio Público.Así, se descartó para esta vital segunda fase del mismo la opción alternativa que representaba Juan Enrique Vargas, uno de los creadores intelectuales del nuevo sistema procesal penal y un experto internacional en esta área, que había reunido la más alta votación en la quina de la Corte Suprema.Este nuevo período tiene exigencias diferentes del anterior. La primera etapa del Ministerio Público exigía un fuerte trabajo de organización de la institución. La fiscalía, como órgano persecutor, era un organismo diseñado especialmente para la reforma procesal y resultaba del todo ajeno a nuestra tradición. Era comprensible que en sus primeros ocho años este órgano autónomo pusiera especial atención en su organización interna, en la búsqueda de paridad de criterios de persecución entre las distintas fiscalías y, también, de un modo de comunicación con la opinión pública que escruta su desempeño. La gran cantidad de instructivos entonces dictados fue una muestra de ese proceso de consolidación.La etapa próxima a iniciarse necesita un giro que se oriente ahora al diseño e implementación de estrategias de persecución del delito eficaces. El Ministerio Público es el gran administrador de la acción penal pública, lo que supone mucho más que la mera persecución de delitos. Sus facultades para decidir dónde poner los énfasis de persecución -en qué delitos centrar más su atención-, su relación directa con los órganos policiales en la investigación, la decisión respecto de las eventuales salidas alternativas, entre otros, hacen de él un corresponsable de la implementación de una política antidelictiva eficiente. En dicha misión está enmarcado por las pautas que el legislador fije en el derecho penal sustantivo, pero la vinculación del Ministerio Público con los diferentes poderes del Estado que participan en la operación del sistema penal le asigna la responsabilidad y la oportunidad de contribuir determinantemente a la disminución de la criminalidad. Razonablemente, eso es lo que la opinión pública espera del nuevo fiscal nacional.Él tiene dos áreas básicas de responsabilidad establecidas por la Constitución y la ley. La primera es fijar los criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos y sus responsables; la adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos, y el ejercicio de la acción penal pública. En la práctica, esto significa fijar la política de persecución penal del país: sus prioridades y las metodologías para alcanzar sus metas.La segunda es de gestión: criterios en cuanto a recursos humanos y económicos, reglamentos para la superintendencia directiva, correccional y económica.Evidentemente, la primera es la que justifica la existencia de esta institución; la segunda es sólo instrumental respecto de ella. Sin embargo, en la práctica, el fiscal nacional debe necesariamente alcanzar un complejo equilibrio entre ambas, pues mal podría aplicarse con éxito una política de persecución penal, por acertada que fuere, si el instrumento flaquease por disfuncionalidades de cualquier especie. Éstas pueden ir desde insuficiente prolijidad hasta la sobrerregulación, desde la improvisación hasta la burocratización, desde la indiferencia a la experiencia internacional exitosa hasta el desarrollo de un espíritu corporativista entre los funcionarios. Sabas Chahuán ha dicho ya que "el fiscal nacional es el primer fiscal, no es un administrador". Eso parece anticipar un rumbo que, naturalmente, habrá de responder luego a la realidad y, asimismo, a las grandes expectativas existentes.
miércoles, 3 de octubre de 2007
Un mal que corroe a la democracia
Por Luis Pardo, Presidente Federación de Medios de Comunicación Social de Chile
El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica.
La tensión entre medios y gobernantes es propia del ejercicio de ambos papeles: los medios deben informar, con sentido crítico, acerca de todo aquello que sea de interés público, en tanto que los gobernantes quisieran que se informe más sobre sus logros que de las críticas a su gestión.En democracia, esta tensión se resuelve en gran medida por la vocación democrática de ambos actores. Los gobernantes democráticos saben que los medios cumplen una función esencial en la sociedad moderna y los utilizan para rebatir las críticas y exponer sus logros. Los medios saben que su credibilidad y alcance dependen exclusivamente del juicio público: un medio panfletario o desequilibrado, sea de oposición o de gobierno, no alcanzará jamás una credibilidad y repercusión amplia en la sociedad.Pero la vocación democrática no basta; es necesaria una institucionalidad que garantice el pleno ejercicio de las libertades de expresión y opinión. De no existir dicha institucionalidad, inexorablemente el peso del Estado se impone, ahogando la libertad.De ahí que el primer paso de los gobiernos no democráticos consista en debilitar la institucionalidad, como queda de manifiesto en el caso venezolano: en 2004 el gobierno dictó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, imponiendo restricciones a la libertad de expresión con sanciones altamente punitivas, otorgando espacios obligatorios para el Ejecutivo y creando una comisión, controlada por el Estado, para promover la "programación y producción nacional independiente". En 2005 modificó el Código Penal, criminalizando formas de expresión propias del periodismo y del ciudadano común, y aumentando los tipos de desacato, difamación, injuria, instigación, ultraje y calumnia, entre otros delitos, todo con un sustantivo aumento de las penas. Sin dar tregua, el Ministerio Público venezolano inició una ofensiva judicial en contra de periodistas y medios, estrenando los nuevos delitos.A todo lo anterior se suma la presión descarada de las diferentes agencias del Estado mediante fiscalizaciones y actos arbitrarios, y la discriminación en la asignación de fuertes presupuestos publicitarios estatales, premiando a los medios afines y castigando todo asomo de independencia. De las arengas e insultos destemplados del gobernante venezolano a través de los cientos de medios que controla, se pasó a los ataques físicos de las turbas de camisas rojas contra medios y periodistas independientes. Este proceso de deterioro creciente de la convivencia democrática, de la institucionalidad jurídica y del papel de los medios alcanzó su máximo punto con el cierre arbitrario e ilegal del principal canal de televisión venezolano (RCTV-2007), que busca doblegar la independencia de los medios sobrevivientes.Este fenómeno se está propagando de manera alarmante en Latinoamérica. Las amenazas a medios en Ecuador y Bolivia están a la orden del día, y no se han hecho esperar los intentos de legislar imponiendo restricciones a la libertad de expresión por distintas vías. En Ecuador se ha dictado un decreto para prohibir la emisión de "videos o grabaciones clandestinas", estableciendo sanciones que pueden llegar a la clausura por hasta 90 días de las transmisiones del canal o radioemisora infractora. Así, por ejemplo, la difusión de un video que capte un acto de corrupción caería en la categoría de "video clandestino", impidiendo toda posibilidad de periodismo investigativo. A ello se agrega el intento de gravar con un impuesto especial las transmisiones de radio y televisión y otras múltiples iniciativas de semejante índole.Pero esta tentación de limitar el ejercicio de la libertad de expresión no es privativa de ciertos gobiernos que comparten una visión ideológica. Recientemente se ha iniciado en México una reforma constitucional que contempla prohibir la publicidad política en radio y televisión, otorgando al Instituto Federal Electoral la facultad de ordenar "la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley", sin mediar proceso alguno.El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica. Ello debiera movilizar a los actores políticos, académicos y demócratas en general a demandar de los organismos internacionales que desempeñen un papel más activo en la contención de este mal que parece ser contagioso.
El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica.
La tensión entre medios y gobernantes es propia del ejercicio de ambos papeles: los medios deben informar, con sentido crítico, acerca de todo aquello que sea de interés público, en tanto que los gobernantes quisieran que se informe más sobre sus logros que de las críticas a su gestión.En democracia, esta tensión se resuelve en gran medida por la vocación democrática de ambos actores. Los gobernantes democráticos saben que los medios cumplen una función esencial en la sociedad moderna y los utilizan para rebatir las críticas y exponer sus logros. Los medios saben que su credibilidad y alcance dependen exclusivamente del juicio público: un medio panfletario o desequilibrado, sea de oposición o de gobierno, no alcanzará jamás una credibilidad y repercusión amplia en la sociedad.Pero la vocación democrática no basta; es necesaria una institucionalidad que garantice el pleno ejercicio de las libertades de expresión y opinión. De no existir dicha institucionalidad, inexorablemente el peso del Estado se impone, ahogando la libertad.De ahí que el primer paso de los gobiernos no democráticos consista en debilitar la institucionalidad, como queda de manifiesto en el caso venezolano: en 2004 el gobierno dictó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, imponiendo restricciones a la libertad de expresión con sanciones altamente punitivas, otorgando espacios obligatorios para el Ejecutivo y creando una comisión, controlada por el Estado, para promover la "programación y producción nacional independiente". En 2005 modificó el Código Penal, criminalizando formas de expresión propias del periodismo y del ciudadano común, y aumentando los tipos de desacato, difamación, injuria, instigación, ultraje y calumnia, entre otros delitos, todo con un sustantivo aumento de las penas. Sin dar tregua, el Ministerio Público venezolano inició una ofensiva judicial en contra de periodistas y medios, estrenando los nuevos delitos.A todo lo anterior se suma la presión descarada de las diferentes agencias del Estado mediante fiscalizaciones y actos arbitrarios, y la discriminación en la asignación de fuertes presupuestos publicitarios estatales, premiando a los medios afines y castigando todo asomo de independencia. De las arengas e insultos destemplados del gobernante venezolano a través de los cientos de medios que controla, se pasó a los ataques físicos de las turbas de camisas rojas contra medios y periodistas independientes. Este proceso de deterioro creciente de la convivencia democrática, de la institucionalidad jurídica y del papel de los medios alcanzó su máximo punto con el cierre arbitrario e ilegal del principal canal de televisión venezolano (RCTV-2007), que busca doblegar la independencia de los medios sobrevivientes.Este fenómeno se está propagando de manera alarmante en Latinoamérica. Las amenazas a medios en Ecuador y Bolivia están a la orden del día, y no se han hecho esperar los intentos de legislar imponiendo restricciones a la libertad de expresión por distintas vías. En Ecuador se ha dictado un decreto para prohibir la emisión de "videos o grabaciones clandestinas", estableciendo sanciones que pueden llegar a la clausura por hasta 90 días de las transmisiones del canal o radioemisora infractora. Así, por ejemplo, la difusión de un video que capte un acto de corrupción caería en la categoría de "video clandestino", impidiendo toda posibilidad de periodismo investigativo. A ello se agrega el intento de gravar con un impuesto especial las transmisiones de radio y televisión y otras múltiples iniciativas de semejante índole.Pero esta tentación de limitar el ejercicio de la libertad de expresión no es privativa de ciertos gobiernos que comparten una visión ideológica. Recientemente se ha iniciado en México una reforma constitucional que contempla prohibir la publicidad política en radio y televisión, otorgando al Instituto Federal Electoral la facultad de ordenar "la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley", sin mediar proceso alguno.El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica. Ello debiera movilizar a los actores políticos, académicos y demócratas en general a demandar de los organismos internacionales que desempeñen un papel más activo en la contención de este mal que parece ser contagioso.
Desafíos para la política social
Editorial, Mercurio, miércoles 3 de octubre de 2007.
La conformación de los hogares en nuestro país está cambiando de manera significativa, como lo muestran los censos. A su vez, la encuesta Casen 2006 permite apreciar las consecuencias de ello. Los hogares con presencia de madre y padre han retrocedido seis puntos porcentuales desde 1990, ubicándose en la actualidad en 61,2 por ciento. Poco más de un cuarto de los hogares cuenta con la presencia del padre o la madre. En el 85 por ciento de éstos -es decir, un millón 150 mil hogares- quien está a cargo es la madre. La probabilidad de que estos hogares caigan en pobreza es relativamente alta: ellos representan el 37 por ciento de los hogares en indigencia y el 32 por ciento de los que están en pobreza. Estas proporciones son superiores a las que existían en mediciones previas, sugiriendo que en estos hogares se esconde una pobreza dura, que reacciona con menor vigor a las oportunidades que abre el crecimiento económico.Esto ocurre, entre otros aspectos, porque menos de la mitad de las mujeres del quintil más pobre que son jefas de hogar participa en la fuerza de trabajo. En muchas ocasiones, la ausencia del padre significa un abandono total, que ahonda la desmedrada situación económica de esos hogares. Nuestra política social no está suficientemente preparada para lidiar con tales situaciones. Las políticas públicas no contemplan incentivos para la relación de los que deciden permanecer unidos, ni existe hoy focalización de subsidios, estímulos económicos ni tributarios que propicien la constitución de familias estables. Como es menor la probabilidad de que caigan en pobreza los hogares en que se mantiene la unión -lo que, en consecuencia, reduce la demanda potencial por apoyo del Estado-, parecería razonable promover iniciativas que premien la vida en pareja. Por cierto, incentivos de este tipo pueden crear uniones artificiales que, a la larga, no son beneficiosas para la sociedad. En cualquier caso, éstas son reflexiones pertinentes, que se están haciendo en otros países y que serían necesarias también en el nuestro.Quizás más importante es pensar cómo se diseña la política social para esta realidad, especialmente cuando ella lleva aparejada la ausencia de la figura paterna y origina una situación persistente de pobreza o de problemas sociales complejos. Por cierto, el análisis de estos casos requiere cuidado, entre otros aspectos, porque la existencia de hogares encabezados por mujeres no necesariamente significa ausencia del padre, pobreza o problemas sociales. Muchas veces, en el análisis de estas situaciones se establecen correlaciones estadísticas que no resisten escrutinios más acabados y que, a menudo, malinterpretan la evidencia.En todo caso, se han ido acumulando antecedentes que sugieren que la total ausencia de la figura paterna, además de los previsibles efectos negativos sobre la situación socioeconómica de los hogares, tiene impactos más duraderos, en particular en el desarrollo de los hijos, sobre todo varones. Se observa que el desarrollo de las habilidades no cognitivas en la niñez y adolescencia de los varones parece estar ligado a la presencia directa o indirecta del padre. Además, es por la figura paterna que los jóvenes "imaginan" su ingreso al mundo laboral. En ausencia de estos desarrollos y preparaciones en el seno familiar, a los niños y jóvenes les resulta más difícil adaptarse a las demandas provenientes de los mundos escolar y laboral, entre otros.El desarrollo de las habilidades no cognitivas en las nuevas realidades que enfrenta un número creciente de hogares chilenos es un desafío innegable de la política social, que el Estado central no tiene capacidad de enfrentar. Se requiere fortalecer efectivamente a gobiernos locales y organizaciones privadas para que aborden con flexibilidad y cercanía estas nuevas situaciones, que hacen indispensable cambiar los modos de hacer política social.
La conformación de los hogares en nuestro país está cambiando de manera significativa, como lo muestran los censos. A su vez, la encuesta Casen 2006 permite apreciar las consecuencias de ello. Los hogares con presencia de madre y padre han retrocedido seis puntos porcentuales desde 1990, ubicándose en la actualidad en 61,2 por ciento. Poco más de un cuarto de los hogares cuenta con la presencia del padre o la madre. En el 85 por ciento de éstos -es decir, un millón 150 mil hogares- quien está a cargo es la madre. La probabilidad de que estos hogares caigan en pobreza es relativamente alta: ellos representan el 37 por ciento de los hogares en indigencia y el 32 por ciento de los que están en pobreza. Estas proporciones son superiores a las que existían en mediciones previas, sugiriendo que en estos hogares se esconde una pobreza dura, que reacciona con menor vigor a las oportunidades que abre el crecimiento económico.Esto ocurre, entre otros aspectos, porque menos de la mitad de las mujeres del quintil más pobre que son jefas de hogar participa en la fuerza de trabajo. En muchas ocasiones, la ausencia del padre significa un abandono total, que ahonda la desmedrada situación económica de esos hogares. Nuestra política social no está suficientemente preparada para lidiar con tales situaciones. Las políticas públicas no contemplan incentivos para la relación de los que deciden permanecer unidos, ni existe hoy focalización de subsidios, estímulos económicos ni tributarios que propicien la constitución de familias estables. Como es menor la probabilidad de que caigan en pobreza los hogares en que se mantiene la unión -lo que, en consecuencia, reduce la demanda potencial por apoyo del Estado-, parecería razonable promover iniciativas que premien la vida en pareja. Por cierto, incentivos de este tipo pueden crear uniones artificiales que, a la larga, no son beneficiosas para la sociedad. En cualquier caso, éstas son reflexiones pertinentes, que se están haciendo en otros países y que serían necesarias también en el nuestro.Quizás más importante es pensar cómo se diseña la política social para esta realidad, especialmente cuando ella lleva aparejada la ausencia de la figura paterna y origina una situación persistente de pobreza o de problemas sociales complejos. Por cierto, el análisis de estos casos requiere cuidado, entre otros aspectos, porque la existencia de hogares encabezados por mujeres no necesariamente significa ausencia del padre, pobreza o problemas sociales. Muchas veces, en el análisis de estas situaciones se establecen correlaciones estadísticas que no resisten escrutinios más acabados y que, a menudo, malinterpretan la evidencia.En todo caso, se han ido acumulando antecedentes que sugieren que la total ausencia de la figura paterna, además de los previsibles efectos negativos sobre la situación socioeconómica de los hogares, tiene impactos más duraderos, en particular en el desarrollo de los hijos, sobre todo varones. Se observa que el desarrollo de las habilidades no cognitivas en la niñez y adolescencia de los varones parece estar ligado a la presencia directa o indirecta del padre. Además, es por la figura paterna que los jóvenes "imaginan" su ingreso al mundo laboral. En ausencia de estos desarrollos y preparaciones en el seno familiar, a los niños y jóvenes les resulta más difícil adaptarse a las demandas provenientes de los mundos escolar y laboral, entre otros.El desarrollo de las habilidades no cognitivas en las nuevas realidades que enfrenta un número creciente de hogares chilenos es un desafío innegable de la política social, que el Estado central no tiene capacidad de enfrentar. Se requiere fortalecer efectivamente a gobiernos locales y organizaciones privadas para que aborden con flexibilidad y cercanía estas nuevas situaciones, que hacen indispensable cambiar los modos de hacer política social.
martes, 2 de octubre de 2007
La cara siniestra de la desigualdad
El Mercurio, por Eugenio Tironi, martes 2 de octubre de 2007.
Con posterioridad al 11 de septiembre pasado, Gobierno y oposición han dado señales de promover un acuerdo en torno a una estrategia de largo plazo para hacer frente a la violencia en las poblaciones de Santiago. Ya era hora de que la clase política tomara la ofensiva en esta materia, antes de que sea demasiado tarde.Como lo revela una encuesta reciente (www.ECosociALsurvey.org), la delincuencia se ha transformado en la principal fuente de temor de la población urbana, al punto de que 47 por ciento vive con el miedo de ser víctima de un robo o asalto. Este sentimiento de vulnerabilidad es mucho más agudo entre las mujeres: 61 por ciento de ellas (contra 38 por ciento de los hombres) se siente "poco o nada segura caminando por su barrio al anochecer", y 41 por ciento (contra 19 por ciento de los hombres) se siente, incluso, "poco o nada segura cuando está sola en su casa y es de noche".El temor es también superior en los grupos de menor educación e ingresos. La inseguridad ante la delincuencia es, así, una de las caras más siniestras de la desigualdad. A esto se suma que 61 por ciento de los encuestados estima que "a la gente que dirige el país no le importa lo que pase con personas como uno" (68 por ciento entre los grupos de menor educación). Esto explica la disposición extraordinariamente alta a tomar el asunto de la seguridad en sus propias manos: 43 por ciento de los encuestados justifica tener un arma de fuego para defenderse en su casa. Es urgente, pues, que la clase dirigente actúe unida y con decisión y perseverancia ante un fenómeno que corroe cruel y silenciosamente nuestra convivencia.Pero una cosa es la voluntad y otra la eficacia. Para obtener resultados se requiere un diagnóstico compartido. Hoy estamos más cerca de tenerlo. Hay más conocimiento comparado, más evidencia empírica y más experiencia en políticas públicas sobre la materia -algunas exitosas y muchas fracasadas.Pero prevalecen todavía muchos mitos. Dos se me vienen inmediatamente a la mente. El primero es que los delincuentes no van a la cárcel. El problema es, lamentablemente, otro: Chile tiene la población penal más alta de Iberoamérica, compuesta casi en su totalidad por individuos que provienen de los grupos más pobres, en su mayoría jóvenes. Para los jóvenes pobres chilenos, la experiencia de la cárcel es cada vez más corriente. El país gasta 250 mil pesos al mes por cada preso. ¿Para qué? Para que salgan de la prisión sin rehabilitarse y mejor preparados para cometer delitos, que probablemente serán de más riesgo y más violentos, para "compensar" el tiempo pasado entre rejas.Otro mito es que la justicia chilena se ha vuelto "garantista". Siempre hay casos excepcionales, pero la evidencia empírica reunida por Paz Ciudadana hasta 2006 muestra que la reforma procesal penal no ha reducido el número de sentencias de cárcel. Ahora bien, que la justicia otorgue garantía a los imputados es un principio básico de la democracia. La adhesión a este principio es muy bajo en Chile: apenas 51 por ciento está de acuerdo con que los derechos de las personas sean respetados "en toda circunstancia", una de las cifras más bajas en América Latina. Por eso mismo, la clase política debiera ser más cuidadosa con la crítica al "garantismo", pues no es inocua en una sociedad en la que los principios democráticos son particularmente débiles.Para detener el avance de la delincuencia y la inseguridad se requiere poner este tema en el centro de la agenda pública (incluyendo la agenda pro equidad) y contar con una estrategia integral para hacerle frente. Esto supone aplicar más inteligencia que prejuicios, más evidencia empírica que mitos.
Con posterioridad al 11 de septiembre pasado, Gobierno y oposición han dado señales de promover un acuerdo en torno a una estrategia de largo plazo para hacer frente a la violencia en las poblaciones de Santiago. Ya era hora de que la clase política tomara la ofensiva en esta materia, antes de que sea demasiado tarde.Como lo revela una encuesta reciente (www.ECosociALsurvey.org), la delincuencia se ha transformado en la principal fuente de temor de la población urbana, al punto de que 47 por ciento vive con el miedo de ser víctima de un robo o asalto. Este sentimiento de vulnerabilidad es mucho más agudo entre las mujeres: 61 por ciento de ellas (contra 38 por ciento de los hombres) se siente "poco o nada segura caminando por su barrio al anochecer", y 41 por ciento (contra 19 por ciento de los hombres) se siente, incluso, "poco o nada segura cuando está sola en su casa y es de noche".El temor es también superior en los grupos de menor educación e ingresos. La inseguridad ante la delincuencia es, así, una de las caras más siniestras de la desigualdad. A esto se suma que 61 por ciento de los encuestados estima que "a la gente que dirige el país no le importa lo que pase con personas como uno" (68 por ciento entre los grupos de menor educación). Esto explica la disposición extraordinariamente alta a tomar el asunto de la seguridad en sus propias manos: 43 por ciento de los encuestados justifica tener un arma de fuego para defenderse en su casa. Es urgente, pues, que la clase dirigente actúe unida y con decisión y perseverancia ante un fenómeno que corroe cruel y silenciosamente nuestra convivencia.Pero una cosa es la voluntad y otra la eficacia. Para obtener resultados se requiere un diagnóstico compartido. Hoy estamos más cerca de tenerlo. Hay más conocimiento comparado, más evidencia empírica y más experiencia en políticas públicas sobre la materia -algunas exitosas y muchas fracasadas.Pero prevalecen todavía muchos mitos. Dos se me vienen inmediatamente a la mente. El primero es que los delincuentes no van a la cárcel. El problema es, lamentablemente, otro: Chile tiene la población penal más alta de Iberoamérica, compuesta casi en su totalidad por individuos que provienen de los grupos más pobres, en su mayoría jóvenes. Para los jóvenes pobres chilenos, la experiencia de la cárcel es cada vez más corriente. El país gasta 250 mil pesos al mes por cada preso. ¿Para qué? Para que salgan de la prisión sin rehabilitarse y mejor preparados para cometer delitos, que probablemente serán de más riesgo y más violentos, para "compensar" el tiempo pasado entre rejas.Otro mito es que la justicia chilena se ha vuelto "garantista". Siempre hay casos excepcionales, pero la evidencia empírica reunida por Paz Ciudadana hasta 2006 muestra que la reforma procesal penal no ha reducido el número de sentencias de cárcel. Ahora bien, que la justicia otorgue garantía a los imputados es un principio básico de la democracia. La adhesión a este principio es muy bajo en Chile: apenas 51 por ciento está de acuerdo con que los derechos de las personas sean respetados "en toda circunstancia", una de las cifras más bajas en América Latina. Por eso mismo, la clase política debiera ser más cuidadosa con la crítica al "garantismo", pues no es inocua en una sociedad en la que los principios democráticos son particularmente débiles.Para detener el avance de la delincuencia y la inseguridad se requiere poner este tema en el centro de la agenda pública (incluyendo la agenda pro equidad) y contar con una estrategia integral para hacerle frente. Esto supone aplicar más inteligencia que prejuicios, más evidencia empírica que mitos.
El Transantiago permanente
Editorial, El Mercurio, martes 2 de octubre de 2007.
El Transantiago es un grave problema en la discusión presupuestaria de este año. Pese a compartir principios económicos esenciales, los ministros de Transportes y Hacienda se enfrentaron respecto del monto del subsidio que se incluiría en el presupuesto del próximo año. Éste depende de aspectos políticos independientes del ministro de Transportes (ya que parte del déficit se debe a la decisión política de no subir los pasajes, pese a que es técnicamente necesario), así como de otros que sí dependen de los esfuerzos del ministro, como la tasa de evasión. Peor aún, se ha propuesto transformar el subsidio al transporte público en permanente -lo que es injustificable- y, además, él podría aumentar sustancialmente, porque los parlamentarios regionales, en un mal entendido principio de simetría en el gasto, han comenzado a exigir un subsidio también al transporte regional.Estas polémicas muestran hasta qué punto el Transantiago ha complicado y debilitado al Gobierno: está erosionando la disciplina fiscal, debido a la pérdida de capacidad para controlar la calidad del gasto público. Un subsidio permanente significa que ya no existe una definición de gestión eficiente en el transporte público, o en cualquier empresa estatal que reciba similar subsidio o, en adelante, exija recibirlo. En vez de la clara línea demarcatoria asociada al principio de un superávit operacional, el monto de un subsidio permanente responderá siempre a presiones sectoriales.Ya el actual subsidio transitorio al Transantiago es poco transparente, porque no se sabe con detalle la asignación de los recursos, los criterios en que se basa ni si existen otras asignaciones escondidas. ¿Qué podría esperar la ciudadanía si los subsidios fueran permanentes?El que parlamentarios pidan compensaciones es poco razonable, pues si se considera que el Transantiago ha sido un desastre para Santiago, destinar recursos para paliarlo no corresponde al tipo de gastos que requiere compensación. Y si fuera imprescindible realizar compensaciones, éstas no necesariamente deberían recaer en el sector transportes, ya que existen otros sectores regionales con mayores necesidades de gasto público.Entretanto, la estructura básica del Transantiago ha comenzado a ser modificada: algunos recorridos de alimentadores llegarán al centro de la ciudad y algunos troncales se extenderán para ingresar a las zonas de los alimentadores. Se busca reducir así el número de transbordos de los usuarios, uno de los aspectos más negativos del sistema. Según los planes del ministerio, esta medida sería revisada en algunos años, cuando por fin se tengan los corredores segregados que, por cierto, debieron haberse establecido originalmente.El Transantiago no sólo se distingue por sus malos efectos presupuestarios; además ha puesto a Chile en la bochornosa situación de que ahora nos visiten expertos para aprender cómo no deben hacerse las reformas al transporte público. Al respecto, un alto ejecutivo del exitoso Transmilenio de Colombia señaló que son indispensables las vías exclusivas y las zonas pagas para el buen funcionamiento del sistema. Con ellas, Bogotá logró una tasa de evasión de 0,26 por ciento, menos de 100 veces la tasa chilena, lo que habría evitado o reducido la necesidad de subsidios. Además, los corredores exclusivos de que dispone el sistema colombiano permiten una velocidad promedio de los buses de entre 26 y 40 km/hora (según sean locales o expresos, versus los apenas 17 del Transantiago). El sistema colombiano funciona como un Metro de superficie, con alta seguridad de servicio, lo que hace aceptables los transbordos, a diferencia del Transantiago.El ministro de Transportes, pese a su capacidad, enfrenta un problema que no tendrá solución definitiva hasta que se disponga de la infraestructura y el "software" de gestión que debieron existir desde el principio.
El Transantiago es un grave problema en la discusión presupuestaria de este año. Pese a compartir principios económicos esenciales, los ministros de Transportes y Hacienda se enfrentaron respecto del monto del subsidio que se incluiría en el presupuesto del próximo año. Éste depende de aspectos políticos independientes del ministro de Transportes (ya que parte del déficit se debe a la decisión política de no subir los pasajes, pese a que es técnicamente necesario), así como de otros que sí dependen de los esfuerzos del ministro, como la tasa de evasión. Peor aún, se ha propuesto transformar el subsidio al transporte público en permanente -lo que es injustificable- y, además, él podría aumentar sustancialmente, porque los parlamentarios regionales, en un mal entendido principio de simetría en el gasto, han comenzado a exigir un subsidio también al transporte regional.Estas polémicas muestran hasta qué punto el Transantiago ha complicado y debilitado al Gobierno: está erosionando la disciplina fiscal, debido a la pérdida de capacidad para controlar la calidad del gasto público. Un subsidio permanente significa que ya no existe una definición de gestión eficiente en el transporte público, o en cualquier empresa estatal que reciba similar subsidio o, en adelante, exija recibirlo. En vez de la clara línea demarcatoria asociada al principio de un superávit operacional, el monto de un subsidio permanente responderá siempre a presiones sectoriales.Ya el actual subsidio transitorio al Transantiago es poco transparente, porque no se sabe con detalle la asignación de los recursos, los criterios en que se basa ni si existen otras asignaciones escondidas. ¿Qué podría esperar la ciudadanía si los subsidios fueran permanentes?El que parlamentarios pidan compensaciones es poco razonable, pues si se considera que el Transantiago ha sido un desastre para Santiago, destinar recursos para paliarlo no corresponde al tipo de gastos que requiere compensación. Y si fuera imprescindible realizar compensaciones, éstas no necesariamente deberían recaer en el sector transportes, ya que existen otros sectores regionales con mayores necesidades de gasto público.Entretanto, la estructura básica del Transantiago ha comenzado a ser modificada: algunos recorridos de alimentadores llegarán al centro de la ciudad y algunos troncales se extenderán para ingresar a las zonas de los alimentadores. Se busca reducir así el número de transbordos de los usuarios, uno de los aspectos más negativos del sistema. Según los planes del ministerio, esta medida sería revisada en algunos años, cuando por fin se tengan los corredores segregados que, por cierto, debieron haberse establecido originalmente.El Transantiago no sólo se distingue por sus malos efectos presupuestarios; además ha puesto a Chile en la bochornosa situación de que ahora nos visiten expertos para aprender cómo no deben hacerse las reformas al transporte público. Al respecto, un alto ejecutivo del exitoso Transmilenio de Colombia señaló que son indispensables las vías exclusivas y las zonas pagas para el buen funcionamiento del sistema. Con ellas, Bogotá logró una tasa de evasión de 0,26 por ciento, menos de 100 veces la tasa chilena, lo que habría evitado o reducido la necesidad de subsidios. Además, los corredores exclusivos de que dispone el sistema colombiano permiten una velocidad promedio de los buses de entre 26 y 40 km/hora (según sean locales o expresos, versus los apenas 17 del Transantiago). El sistema colombiano funciona como un Metro de superficie, con alta seguridad de servicio, lo que hace aceptables los transbordos, a diferencia del Transantiago.El ministro de Transportes, pese a su capacidad, enfrenta un problema que no tendrá solución definitiva hasta que se disponga de la infraestructura y el "software" de gestión que debieron existir desde el principio.
Dónde estamos
Editorial, El Mercurio, martes 2 de octubre de 2007.
En el ranking de facilidades para hacer negocios del Banco Mundial, Chile ha caído nueve puestos, ubicándose en el lugar 33 entre 178 naciones. Es el segundo con mejor calificación en la región, siendo superado por casi todos los países desarrollados.Es interesante destacar el progreso de Europa Oriental, India, China, el Lejano Oriente y de la ex Unión Soviética, que, incluso, superan al de Europa Occidental. El avance de Chile fue notable y persistente, pero no llegó a ubicarlo en los primeros lugares. Más bien se resintió en el pasado reciente.En los últimos resultados, Chile muestra avances relativos en el manejo de licencias; es decir, en el número de procedimientos requeridos a quienes tienen que completar ciertos trámites de inversión, y en el número de días que exigen. En Chile se requieren 18 procedimientos, frente a 17 de América Latina, pero la duración es algo menor -155 días-, frente a una cifra del orden de 239 jornadas.Otro aspecto positivo es la protección que Chile otorga a los inversionistas: la divulgación de la información pertinente, por ejemplo, se califica con nota siete, frente a un 4,2 de la región.En lo negativo destacan las trabas para cerrar una empresa, que sitúan a nuestro país en el lugar 98. Este factor no suele llamar la atención en Chile, donde la comprensión del proceso de "destrucción creativa", clave para el desarrollo según Schumpeter, es escasa. En nuestro medio, las quiebras no son vistas como algo normal y, lejos de facilitarse, se dificultan y encarecen, con pérdidas significativas e inútiles de capital para los propietarios y trabajadores.En relación con el comercio fronterizo, Chile perdió posiciones, cayendo ocho puntos respecto del año pasado. Esta baja de calificación tiene que ver con los costos y procedimientos que son exigidos para las importaciones y exportaciones.En general, se observa en Chile una pérdida moderada, pero clara, de posiciones competitivas, todas ellas muy ligadas a la tendencia reciente a exagerar nuestras regulaciones en los más variados mercados y trámites. En el último estudio del Banco Mundial no se observan progresos en áreas como los trámites para abrir un negocio, manejar licencias y contratos de trabajadores.El fuerte impulso derivado de las reformas de libertad de mercado, precios, comercio y apertura, muy claro hasta el inicio del último quinquenio, parece estar desdibujado y confundido en una suerte de conformismo, más preocupado de la distribución que de los incentivos para el trabajo, la creatividad y la inversión.
En el ranking de facilidades para hacer negocios del Banco Mundial, Chile ha caído nueve puestos, ubicándose en el lugar 33 entre 178 naciones. Es el segundo con mejor calificación en la región, siendo superado por casi todos los países desarrollados.Es interesante destacar el progreso de Europa Oriental, India, China, el Lejano Oriente y de la ex Unión Soviética, que, incluso, superan al de Europa Occidental. El avance de Chile fue notable y persistente, pero no llegó a ubicarlo en los primeros lugares. Más bien se resintió en el pasado reciente.En los últimos resultados, Chile muestra avances relativos en el manejo de licencias; es decir, en el número de procedimientos requeridos a quienes tienen que completar ciertos trámites de inversión, y en el número de días que exigen. En Chile se requieren 18 procedimientos, frente a 17 de América Latina, pero la duración es algo menor -155 días-, frente a una cifra del orden de 239 jornadas.Otro aspecto positivo es la protección que Chile otorga a los inversionistas: la divulgación de la información pertinente, por ejemplo, se califica con nota siete, frente a un 4,2 de la región.En lo negativo destacan las trabas para cerrar una empresa, que sitúan a nuestro país en el lugar 98. Este factor no suele llamar la atención en Chile, donde la comprensión del proceso de "destrucción creativa", clave para el desarrollo según Schumpeter, es escasa. En nuestro medio, las quiebras no son vistas como algo normal y, lejos de facilitarse, se dificultan y encarecen, con pérdidas significativas e inútiles de capital para los propietarios y trabajadores.En relación con el comercio fronterizo, Chile perdió posiciones, cayendo ocho puntos respecto del año pasado. Esta baja de calificación tiene que ver con los costos y procedimientos que son exigidos para las importaciones y exportaciones.En general, se observa en Chile una pérdida moderada, pero clara, de posiciones competitivas, todas ellas muy ligadas a la tendencia reciente a exagerar nuestras regulaciones en los más variados mercados y trámites. En el último estudio del Banco Mundial no se observan progresos en áreas como los trámites para abrir un negocio, manejar licencias y contratos de trabajadores.El fuerte impulso derivado de las reformas de libertad de mercado, precios, comercio y apertura, muy claro hasta el inicio del último quinquenio, parece estar desdibujado y confundido en una suerte de conformismo, más preocupado de la distribución que de los incentivos para el trabajo, la creatividad y la inversión.
lunes, 1 de octubre de 2007
Cómo abordar la discusión presupuestaria
El Mercurio, Editorial; Lunes 1 de Octubre de 2007.
Tratándose de la principal herramienta de la política fiscal de un gobierno, es importante que la discusión no se centre únicamente en los aspectos numéricos involucrados, sino que, junto a ello, se les otorgue una especial prioridad a temas orientados a lograr una mejor gestión de los recursos y a permitir una mayor capacidad fiscalizadora del Congreso.
La elaboración de la Ley de Presupuestos de cada año es el principal hito de la política fiscal de un gobierno, pues se trata de una herramienta fundamental para impulsar sus proyectos. El reciente ingreso a tramitación legislativa del proyecto de presupuesto fiscal 2008 marca el inicio de un proceso deliberativo, tanto parlamentario como de opinión pública, que estará marcado por variados ejes, pero en el que predominará la discusión sobre la procedencia o improcedencia de la expansión del gasto fiscal que se está proponiendo.Para orientarse en ese debate, cabe tener presente que el ordenamiento institucional chileno es especialmente favorable para el Poder Ejecutivo, ya que el Congreso carece de facultades para modificar la estimación de los ingresos fiscales presentada por el Gobierno. Por consiguiente, el Legislativo no tiene competencia para imponer cambios en el nivel de gasto público propuesto por el Ejecutivo, limitándose su función a poder cuestionar partidas específicas que no le parezcan apropiadas, pudiendo sólo sugerir cambios. Esto da lugar a negociaciones con la autoridad política para, finalmente, lograr la aprobación del proyecto de ley sometido a discusión.En lo referido al impacto macroeconómico del presupuesto fiscal 2008, el Gobierno ha hecho especial hincapié en la responsabilidad con que se está abordando, para dar estricto cumplimiento al criterio basado en el balance estructural de las finanzas públicas, cuya regla vigente apunta a un superávit equivalente a 0,5 por ciento del PIB. Desde el punto de vista de los necesarios equilibrios financieros, ya no se discute la conveniencia de actuar sobre la base de parámetros de largo plazo.Sin embargo, la responsabilidad con que debe actuar el Gobierno en materia de gasto fiscal trasciende al compromiso de ceñirse al citado criterio de equilibrio financiero. Aun si se cumple esto último, la cuantía en que aumente el gasto público, así como su composición, pueden desempeñar un papel muy relevante para contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica o para exacerbar los desequilibrios que hoy preocupan. Enfrentado a un escenario que hace unos meses no se preveía, como la amenaza de un rebrote inflacionario, y en el marco de una economía en que las brechas de capacidad disponible están desapareciendo, una expansión del gasto fiscal que exceda la tasa de crecimiento potencial del PIB (en torno a cinco por ciento) tiene un riesgo desestabilizador evidente. Esto es especialmente aplicable a todas aquellas partidas de gasto de carácter esencialmente asistencial y que, por ende, no contribuyen a aumentar la capacidad productiva de la economía. Sería prudente, pues, que, sin alterar el mayor uso de recursos implícito en el cumplimiento de la regla fiscal vigente -que es lo que se propone en el proyecto de Ley de Presupuestos 2008-, se limite la expansión de los gastos corrientes a una tasa no superior a 5,0 por ciento, dejando el resto para iniciativas orientadas a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía. Dentro de esto último debería incluirse, por cierto, la opción de reducir impuestos que obstaculizan la inversión y la productividad.Mejorar fiscalización de eficiencia en el uso de recursos públicosPese a los márgenes limitados del Congreso para abordar la discusión presupuestaria, su papel no es por ello menos importante. El Legislativo debe concentrarse esencialmente en la fiscalización del uso de los recursos públicos, y en esta materia falta mucho por avanzar. La discusión de esta Ley de Presupuestos constituye una buena instancia para introducir en la legislación ciertos preceptos que permitan fortalecer la potestad fiscalizadora del Congreso.En las actuales circunstancias, hay bastante consenso técnico -que se ha hecho extensivo incluso al mundo político- en cuanto a la necesidad de poner énfasis en controlar mejor la calidad del gasto público. Los ejemplos de programas mal evaluados, sumados a los casos de uso indebido de recursos en ciertas reparticiones, y a la frustración del propio Gobierno al constatar que en determinadas áreas no se perciben mejoras concretas, a pesar de los significativos aumentos presupuestarios a lo largo del tiempo, están creando las condiciones para enfrentar el tema con un prisma diferente.No se puede desconocer que la Dirección de Presupuestos ha introducido importantes cambios en el último tiempo, con el propósito de mejorar la gestión de los recursos fiscales, pero ello ha demostrado ser insuficiente, por cuanto se carece de instancias de fiscalización independientes del Gobierno. Prueba de ello es que en el caso de los proyectos de inversión no siempre se aplican las recomendaciones emanadas de los estudios de evaluación socioeconómica realizados, y tampoco hay suficiente transparencia en el sentido de permitir a la ciudadanía acceder a esta información. Los paneles de expertos que evalúan determinados programas de gasto responden, a fin de cuentas, al propio Gobierno.Sería conveniente incorporar en esta ley una facultad para que el propio Congreso, por medio de la Comisión Mixta del presupuesto, disponga de recursos para contratar por su cuenta a terceros, con el fin de evaluar el desempeño de los programas cuando se estime conveniente hacerlo, y que estos antecedentes se pongan en conocimiento de la ciudadanía.
Tratándose de la principal herramienta de la política fiscal de un gobierno, es importante que la discusión no se centre únicamente en los aspectos numéricos involucrados, sino que, junto a ello, se les otorgue una especial prioridad a temas orientados a lograr una mejor gestión de los recursos y a permitir una mayor capacidad fiscalizadora del Congreso.
La elaboración de la Ley de Presupuestos de cada año es el principal hito de la política fiscal de un gobierno, pues se trata de una herramienta fundamental para impulsar sus proyectos. El reciente ingreso a tramitación legislativa del proyecto de presupuesto fiscal 2008 marca el inicio de un proceso deliberativo, tanto parlamentario como de opinión pública, que estará marcado por variados ejes, pero en el que predominará la discusión sobre la procedencia o improcedencia de la expansión del gasto fiscal que se está proponiendo.Para orientarse en ese debate, cabe tener presente que el ordenamiento institucional chileno es especialmente favorable para el Poder Ejecutivo, ya que el Congreso carece de facultades para modificar la estimación de los ingresos fiscales presentada por el Gobierno. Por consiguiente, el Legislativo no tiene competencia para imponer cambios en el nivel de gasto público propuesto por el Ejecutivo, limitándose su función a poder cuestionar partidas específicas que no le parezcan apropiadas, pudiendo sólo sugerir cambios. Esto da lugar a negociaciones con la autoridad política para, finalmente, lograr la aprobación del proyecto de ley sometido a discusión.En lo referido al impacto macroeconómico del presupuesto fiscal 2008, el Gobierno ha hecho especial hincapié en la responsabilidad con que se está abordando, para dar estricto cumplimiento al criterio basado en el balance estructural de las finanzas públicas, cuya regla vigente apunta a un superávit equivalente a 0,5 por ciento del PIB. Desde el punto de vista de los necesarios equilibrios financieros, ya no se discute la conveniencia de actuar sobre la base de parámetros de largo plazo.Sin embargo, la responsabilidad con que debe actuar el Gobierno en materia de gasto fiscal trasciende al compromiso de ceñirse al citado criterio de equilibrio financiero. Aun si se cumple esto último, la cuantía en que aumente el gasto público, así como su composición, pueden desempeñar un papel muy relevante para contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica o para exacerbar los desequilibrios que hoy preocupan. Enfrentado a un escenario que hace unos meses no se preveía, como la amenaza de un rebrote inflacionario, y en el marco de una economía en que las brechas de capacidad disponible están desapareciendo, una expansión del gasto fiscal que exceda la tasa de crecimiento potencial del PIB (en torno a cinco por ciento) tiene un riesgo desestabilizador evidente. Esto es especialmente aplicable a todas aquellas partidas de gasto de carácter esencialmente asistencial y que, por ende, no contribuyen a aumentar la capacidad productiva de la economía. Sería prudente, pues, que, sin alterar el mayor uso de recursos implícito en el cumplimiento de la regla fiscal vigente -que es lo que se propone en el proyecto de Ley de Presupuestos 2008-, se limite la expansión de los gastos corrientes a una tasa no superior a 5,0 por ciento, dejando el resto para iniciativas orientadas a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía. Dentro de esto último debería incluirse, por cierto, la opción de reducir impuestos que obstaculizan la inversión y la productividad.Mejorar fiscalización de eficiencia en el uso de recursos públicosPese a los márgenes limitados del Congreso para abordar la discusión presupuestaria, su papel no es por ello menos importante. El Legislativo debe concentrarse esencialmente en la fiscalización del uso de los recursos públicos, y en esta materia falta mucho por avanzar. La discusión de esta Ley de Presupuestos constituye una buena instancia para introducir en la legislación ciertos preceptos que permitan fortalecer la potestad fiscalizadora del Congreso.En las actuales circunstancias, hay bastante consenso técnico -que se ha hecho extensivo incluso al mundo político- en cuanto a la necesidad de poner énfasis en controlar mejor la calidad del gasto público. Los ejemplos de programas mal evaluados, sumados a los casos de uso indebido de recursos en ciertas reparticiones, y a la frustración del propio Gobierno al constatar que en determinadas áreas no se perciben mejoras concretas, a pesar de los significativos aumentos presupuestarios a lo largo del tiempo, están creando las condiciones para enfrentar el tema con un prisma diferente.No se puede desconocer que la Dirección de Presupuestos ha introducido importantes cambios en el último tiempo, con el propósito de mejorar la gestión de los recursos fiscales, pero ello ha demostrado ser insuficiente, por cuanto se carece de instancias de fiscalización independientes del Gobierno. Prueba de ello es que en el caso de los proyectos de inversión no siempre se aplican las recomendaciones emanadas de los estudios de evaluación socioeconómica realizados, y tampoco hay suficiente transparencia en el sentido de permitir a la ciudadanía acceder a esta información. Los paneles de expertos que evalúan determinados programas de gasto responden, a fin de cuentas, al propio Gobierno.Sería conveniente incorporar en esta ley una facultad para que el propio Congreso, por medio de la Comisión Mixta del presupuesto, disponga de recursos para contratar por su cuenta a terceros, con el fin de evaluar el desempeño de los programas cuando se estime conveniente hacerlo, y que estos antecedentes se pongan en conocimiento de la ciudadanía.
domingo, 30 de septiembre de 2007
Amenaza que se extiende
Editorial El Mercurio, Domingo 30 de septiembre de 2007
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha asegurado que su gobierno es diferente del de Chávez, pese a registrarse numerosas declaraciones de mutuas coincidencias y a un alineamiento internacional de ambos regímenes que los aleja de las democracias más consolidadas de la región y, en cambio, los acerca a su dictadura más notoria, la cubana.Nuevas razones se presentan ahora para dudar de tal diferenciación, pues Correa ha emprendido un camino alarmantemente coincidente con el de Chávez en dirección a coartar la libertad de expresión en su país. Se recordará que este último negó en mayo pasado la renovación de la concesión a la cadena privada RCTV, opositora a su gobierno, a pretexto de que años atrás habría cohonestado un golpe de Estado. En Ecuador, también Correa amenaza con revocar la concesión de la opositora emisora privada Teleamazonas, aduciendo que ella está envuelta en una conspiración para poner término a su gobierno y que su propietario, el empresario Fidel Egas, es accionista mayoritario del Banco Pichincha. Pero el Consejo Nacional de Radio y Televisión del Ecuador ha fallado que no hay incompatibilidad entre ambas condiciones de Egas.También, al igual que Chávez, que fundó una televisora estatal en reemplazo de RCTV, Correa se propone crear otra similar, que supuestamente servirá para llevar al público los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, que se elige hoy. De paso, el gobernante pretende clausurar el actual Congreso ecuatoriano, para lo cual carece de atribuciones legales.Bajo el gobierno de Correa, el sector privado, satisfecho del buen pie económico del país, ha observado una actitud que algunos estiman como de indiferencia frente a las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión a partir de la caducidad de la concesión a Teleamazonas. Igualmente, en el caso venezolano, una mezcla de amenazas a empresarios y de satisfacción de éstos con la prosperidad económica, derivada de los ingresos extraordinarios del petróleo, ha llevado a que círculos partidarios de las libertades democráticas reprochen a dichos empresarios su indiferencia ante la clausura de RCTV y otros menoscabos a la libertad de expresión.Si bien ambos "nuevos socialismos" latinoamericanos dicen ser diferentes de sus similares totalitarios, no cabe duda de que siguen pasos idénticos a éstos para distanciarse de los cánones democráticos, y muestran la misma dificultad de los extintos y actuales socialismos reales para aceptar opiniones disidentes y una plena libertad de expresión.
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha asegurado que su gobierno es diferente del de Chávez, pese a registrarse numerosas declaraciones de mutuas coincidencias y a un alineamiento internacional de ambos regímenes que los aleja de las democracias más consolidadas de la región y, en cambio, los acerca a su dictadura más notoria, la cubana.Nuevas razones se presentan ahora para dudar de tal diferenciación, pues Correa ha emprendido un camino alarmantemente coincidente con el de Chávez en dirección a coartar la libertad de expresión en su país. Se recordará que este último negó en mayo pasado la renovación de la concesión a la cadena privada RCTV, opositora a su gobierno, a pretexto de que años atrás habría cohonestado un golpe de Estado. En Ecuador, también Correa amenaza con revocar la concesión de la opositora emisora privada Teleamazonas, aduciendo que ella está envuelta en una conspiración para poner término a su gobierno y que su propietario, el empresario Fidel Egas, es accionista mayoritario del Banco Pichincha. Pero el Consejo Nacional de Radio y Televisión del Ecuador ha fallado que no hay incompatibilidad entre ambas condiciones de Egas.También, al igual que Chávez, que fundó una televisora estatal en reemplazo de RCTV, Correa se propone crear otra similar, que supuestamente servirá para llevar al público los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, que se elige hoy. De paso, el gobernante pretende clausurar el actual Congreso ecuatoriano, para lo cual carece de atribuciones legales.Bajo el gobierno de Correa, el sector privado, satisfecho del buen pie económico del país, ha observado una actitud que algunos estiman como de indiferencia frente a las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión a partir de la caducidad de la concesión a Teleamazonas. Igualmente, en el caso venezolano, una mezcla de amenazas a empresarios y de satisfacción de éstos con la prosperidad económica, derivada de los ingresos extraordinarios del petróleo, ha llevado a que círculos partidarios de las libertades democráticas reprochen a dichos empresarios su indiferencia ante la clausura de RCTV y otros menoscabos a la libertad de expresión.Si bien ambos "nuevos socialismos" latinoamericanos dicen ser diferentes de sus similares totalitarios, no cabe duda de que siguen pasos idénticos a éstos para distanciarse de los cánones democráticos, y muestran la misma dificultad de los extintos y actuales socialismos reales para aceptar opiniones disidentes y una plena libertad de expresión.
¿Nuevas metas -2020- por los mismos caminos?
Editorial El Mercurio, 30 de septiembre de 2007
En su primera cuenta pública, en mayo de 2000, el Presidente Lagos invitó a los chilenos a "trabajar en un gran proyecto común: ...llegar al bicentenario, en 2010, como un país plenamente desarrollado". Este jueves, al presentar al país el proyecto de presupuesto fiscal 2008, el ministro de Hacienda señaló que "en 2020 alcanzaremos los ingresos de un país como Portugal. Entonces podremos decir que somos desarrollados". Sin explicitarlo, Velasco derogó oficialmente la meta fijada por Lagos.Cabe preguntarse si, más allá de esa expresión de voluntad, se están haciendo las cosas del mejor modo posible para alcanzar esa meta y no frustrar nuevamente las expectativas. En entrevista en esta edición, el ministro de Hacienda expresa confianza en que se está actuando con responsabilidad para preservar la estabilidad de la economía, y que la expansión del gasto y la distribución de ese incremento reflejan los énfasis y prioridades de la Presidenta.La Jefa del Estado expresó su satisfacción con la gran cantidad de recursos destinados a educación y salud, en cumplimiento de su compromiso de mejorar la calidad de ambas y de su prioridad de fortalecer la protección social del país.Lamentablemente, la ausencia de un programa político claro no se puede resolver con un plan de gastos -como lo es el presupuesto público-, por ordenado y priorizado que aparezca. La experiencia de los últimos años prueba que la mayor destinación de recursos no asegura los resultados y objetivos buscados, no sólo por los problemas de ejecución eficiente y proba de ese presupuesto, sino también por la equivocada concepción que inspira algunas políticas y programas públicos.La disponibilidad de recursos es un medio para poder ejecutar proyectos que permitan alcanzar el desarrollo -y tanto más en las excepcionales circunstancias de holgura actual-. Pero el camino al éxito de muchos países desarrollados y nuestra propia historia económica demuestran que no basta con la existencia de recursos económicos: éstos se pueden malgastar -y se han malgastado- cuando no existen buenas ideas, falla la capacidad de gestión o se ignoran los estándares éticos. Por el contrario, las buenas iniciativas e ideas ayudan decisivamente a suplir la falta de recursos. Así, los gobiernos de los primeros decenios del siglo XIX fueron de extraordinario desarrollo para Chile, pese a la pobreza y escasez de la época.Del fracaso del Transantiago se culpa a su diseño y su implementación, pero nadie aduce que faltaron medios económicos. Igual sucede con los tribunales de familia. Su crisis no deriva de la falta de aquéllos, sino de una deficiente evaluación de la demanda que enfrentarían.En las antípodas se encuentra la Reforma Procesal Penal, pese a que se implementó en un período de mayor austeridad que el actual. Ahí hubo una acabada reflexión para estructurar esa política pública y buena capacidad para implementarla.Otro tanto puede decirse de los fracasos que reveló la violencia del 11 de septiembre pasado. Ahora sabemos que vistosos planes públicos carecen de adecuada evaluación sobre su efecto en la marginalidad y la violencia observada en muchas poblaciones de Santiago. Y nos enteramos de que el programa de intervención de barrios -ideado por el ex subsecretario del Interior Jorge Correa- fue quedando abandonado durante este Gobierno, sin mayores explicaciones ni política alternativa.Andrés Velasco señala que hay preocupación por la calidad del gasto -en qué y cómo se gasta-. Haciendo abstracción de múltiples señales contradictorias en esta materia, como los escándalos en los PGE o las millonarias pérdidas de EFE, la institucionalidad encargada de esa evaluación es muy precaria: los expertos convocados para esa tarea reportan al mismo Gobierno que los eligió. Para reforzar la evaluación de la calidad del gasto público deben considerarse fórmulas más institucionales, con mayor participación del Congreso y de la Contraloría.De los "temas de Estado" al "pacto social"Preocupado por la urgencia de problemas sociales y la violencia del 11 de septiembre, en el tedeum de Fiestas Patrias el cardenal Errázuriz hizo un llamado "a la unidad y a la búsqueda de consensos". Esta semana, la Presidenta Bachelet pidió a la Alianza RN-UDI celebrar un "gran pacto social" para abordar los "temas fundamentales" del país. Como ejemplos de éstos citó la seguridad ciudadana, agobiada por el aumento de la delincuencia y la violencia juvenil, y la mala calidad de la educación, pero no especificó los alcances de su iniciativa: en qué consiste, cómo se haría efectivo y quiénes serán convocados. La Mandataria quiere que oposición y Gobierno se pongan de acuerdo en semejantes temas fundamentales, pero muchos piensan que su entusiasmo con esa idea responde a las crecientes dificultades del bloque oficialista para concordar planteamientos, metas y caminos para alcanzar estas últimas. En efecto, los gobiernos suelen identificar como "temas de Estado" aquellos en que tienen dificultades y están expuestos a la crítica. El contraste de propuestas es propio y aun imprescindible en una democracia moderna, pues permite a la ciudadanía sopesar las ideas de los actores políticos y optar por unos u otros, pero la exacerbación del conflicto puede privar de eficacia a ese ejercicio de cultura política, en desmedro de quienes esperan una acción del Estado para mejorar sus difíciles condiciones.Sin perjuicio de ello, los "grandes temas" o "temas de Estado", como gustan de decir las autoridades, no están excluidos del debate político ni del análisis crítico de la gestión pública y de las propuestas alternativas en cada área. Por el contrario, dada su importancia, es forzoso que todo sector político tenga un pronunciamiento sobre ellos frente a la ciudadanía, y que ésta los conozca.
En su primera cuenta pública, en mayo de 2000, el Presidente Lagos invitó a los chilenos a "trabajar en un gran proyecto común: ...llegar al bicentenario, en 2010, como un país plenamente desarrollado". Este jueves, al presentar al país el proyecto de presupuesto fiscal 2008, el ministro de Hacienda señaló que "en 2020 alcanzaremos los ingresos de un país como Portugal. Entonces podremos decir que somos desarrollados". Sin explicitarlo, Velasco derogó oficialmente la meta fijada por Lagos.Cabe preguntarse si, más allá de esa expresión de voluntad, se están haciendo las cosas del mejor modo posible para alcanzar esa meta y no frustrar nuevamente las expectativas. En entrevista en esta edición, el ministro de Hacienda expresa confianza en que se está actuando con responsabilidad para preservar la estabilidad de la economía, y que la expansión del gasto y la distribución de ese incremento reflejan los énfasis y prioridades de la Presidenta.La Jefa del Estado expresó su satisfacción con la gran cantidad de recursos destinados a educación y salud, en cumplimiento de su compromiso de mejorar la calidad de ambas y de su prioridad de fortalecer la protección social del país.Lamentablemente, la ausencia de un programa político claro no se puede resolver con un plan de gastos -como lo es el presupuesto público-, por ordenado y priorizado que aparezca. La experiencia de los últimos años prueba que la mayor destinación de recursos no asegura los resultados y objetivos buscados, no sólo por los problemas de ejecución eficiente y proba de ese presupuesto, sino también por la equivocada concepción que inspira algunas políticas y programas públicos.La disponibilidad de recursos es un medio para poder ejecutar proyectos que permitan alcanzar el desarrollo -y tanto más en las excepcionales circunstancias de holgura actual-. Pero el camino al éxito de muchos países desarrollados y nuestra propia historia económica demuestran que no basta con la existencia de recursos económicos: éstos se pueden malgastar -y se han malgastado- cuando no existen buenas ideas, falla la capacidad de gestión o se ignoran los estándares éticos. Por el contrario, las buenas iniciativas e ideas ayudan decisivamente a suplir la falta de recursos. Así, los gobiernos de los primeros decenios del siglo XIX fueron de extraordinario desarrollo para Chile, pese a la pobreza y escasez de la época.Del fracaso del Transantiago se culpa a su diseño y su implementación, pero nadie aduce que faltaron medios económicos. Igual sucede con los tribunales de familia. Su crisis no deriva de la falta de aquéllos, sino de una deficiente evaluación de la demanda que enfrentarían.En las antípodas se encuentra la Reforma Procesal Penal, pese a que se implementó en un período de mayor austeridad que el actual. Ahí hubo una acabada reflexión para estructurar esa política pública y buena capacidad para implementarla.Otro tanto puede decirse de los fracasos que reveló la violencia del 11 de septiembre pasado. Ahora sabemos que vistosos planes públicos carecen de adecuada evaluación sobre su efecto en la marginalidad y la violencia observada en muchas poblaciones de Santiago. Y nos enteramos de que el programa de intervención de barrios -ideado por el ex subsecretario del Interior Jorge Correa- fue quedando abandonado durante este Gobierno, sin mayores explicaciones ni política alternativa.Andrés Velasco señala que hay preocupación por la calidad del gasto -en qué y cómo se gasta-. Haciendo abstracción de múltiples señales contradictorias en esta materia, como los escándalos en los PGE o las millonarias pérdidas de EFE, la institucionalidad encargada de esa evaluación es muy precaria: los expertos convocados para esa tarea reportan al mismo Gobierno que los eligió. Para reforzar la evaluación de la calidad del gasto público deben considerarse fórmulas más institucionales, con mayor participación del Congreso y de la Contraloría.De los "temas de Estado" al "pacto social"Preocupado por la urgencia de problemas sociales y la violencia del 11 de septiembre, en el tedeum de Fiestas Patrias el cardenal Errázuriz hizo un llamado "a la unidad y a la búsqueda de consensos". Esta semana, la Presidenta Bachelet pidió a la Alianza RN-UDI celebrar un "gran pacto social" para abordar los "temas fundamentales" del país. Como ejemplos de éstos citó la seguridad ciudadana, agobiada por el aumento de la delincuencia y la violencia juvenil, y la mala calidad de la educación, pero no especificó los alcances de su iniciativa: en qué consiste, cómo se haría efectivo y quiénes serán convocados. La Mandataria quiere que oposición y Gobierno se pongan de acuerdo en semejantes temas fundamentales, pero muchos piensan que su entusiasmo con esa idea responde a las crecientes dificultades del bloque oficialista para concordar planteamientos, metas y caminos para alcanzar estas últimas. En efecto, los gobiernos suelen identificar como "temas de Estado" aquellos en que tienen dificultades y están expuestos a la crítica. El contraste de propuestas es propio y aun imprescindible en una democracia moderna, pues permite a la ciudadanía sopesar las ideas de los actores políticos y optar por unos u otros, pero la exacerbación del conflicto puede privar de eficacia a ese ejercicio de cultura política, en desmedro de quienes esperan una acción del Estado para mejorar sus difíciles condiciones.Sin perjuicio de ello, los "grandes temas" o "temas de Estado", como gustan de decir las autoridades, no están excluidos del debate político ni del análisis crítico de la gestión pública y de las propuestas alternativas en cada área. Por el contrario, dada su importancia, es forzoso que todo sector político tenga un pronunciamiento sobre ellos frente a la ciudadanía, y que ésta los conozca.
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