Martes 08 de Julio de 2008
La voz de la autoridad económica
Ya no cabe duda de que el panorama económico es muy complejo. Como lo ratifican las últimas cifras, Chile enfrenta una inflación elevada y un bajo crecimiento. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero aquí se ha manifestado con especial intensidad. En un año se ha triplicado la inflación medida en 12 meses, y el crecimiento, que en el presupuesto se proyectó en 5,3 por ciento, difícilmente alcanzará durante 2008 el cuatro por ciento. Si bien esta situación tiene un fuerte componente externo, también es el resultado de decisiones discutibles y de la falta de reformas económicas profundas. Entretanto, el pesimismo tanto de empresarios como de consumidores registra alzas severas.
En este cuadro difícil, numerosas voces piden políticas que son incoherentes entre sí, defendiendo de manera simultánea bajas de impuestos -en particular a los combustibles- y aumentos de gasto público. Ambas políticas no sólo carecen de un impacto evidente en el crecimiento, sino que aumentan la presión sobre los precios. Sin embargo, en un escenario de confusión y de ausencia de liderazgo, pueden encontrar un espacio de acogida que, obviamente, sería muy contraproducente para todos los chilenos.
Es indispensable y urgente oír una voz más clara de nuestras autoridades económicas, que permita mantener el foco en el mediano y largo plazo. Ellas pueden influir mucho en el cariz del debate, pero, lamentablemente, no lo están haciendo. Se requiere una presencia más decidida que, por una parte, explique la inconveniencia de algunas políticas sugeridas por los más diversos sectores y, por otra, muestre un camino de reformas posibles para fortalecer la economía en el corto, mediano y largo plazo.
Para consolidar dicho camino se requiere, en primer lugar, asegurar un manejo prudente del gasto público. Con tal objeto, podrían postergarse o suprimirse de inmediato gastos corrientes del Estado. Estas acciones, si bien pueden no tener un impacto directo sobre los precios, enviarían una señal significativa de que el Ejecutivo está haciendo sus mejores esfuerzos para apoyar el control de la inflación. Sentaría, además, las bases para discutir una expansión moderada del presupuesto del sector público en 2009. El crecimiento potencial del país parece estar a la baja y no hay razones para pensar que el precio de largo plazo del cobre, a pesar de los elevados valores actuales, haya experimentado un alza respecto del año pasado. Si a esto se suman los aumentos de costos de Codelco, hay buenos argumentos para pensar que el presupuesto del próximo año no tiene mucho espacio para crecer. Todos éstos son aspectos que conviene poner desde ya sobre la mesa, para darle un contexto a un debate que, en tiempos electorales, en cualquier caso se va a producir necesariamente.
En segundo lugar, pero con no menor importancia, el Gobierno tiene que abrirse a evaluar reformas estructurales que apunten a la eficiencia de la economía. Hay un campo amplio para avanzar en este ámbito. Por ejemplo, bajar impuestos a las personas, con compensaciones razonables en gasto público, y mayores impuestos a bienes cuyo consumo causa externalidades negativas; complementar el proyecto de reforma al seguro de cesantía que se enviará próximamente al Congreso con una reformulación del sistema de indemnizaciones por años de servicio, que rigidiza la economía sin proteger a los trabajadores; apurar reformas al Estado que aseguren un uso más eficiente de los recursos públicos y una mejor gestión pública, incluyendo el estudio de la apertura de empresas públicas a la bolsa y una revisión de marcos regulatorios como el de los hidrocarburos.
En suma, es hora de analizar reformas que cambien el curso actual del debate público, alejándolo de tópicos nocivos, que sólo giran en torno a cómo debe gastar Chile sus ahorros extraordinarios en iniciativas de dudosa calidad y de nulo o negativo impacto en el combate de la inflación y en el fortalecimiento del crecimiento.
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