Nuevo fiscal nacional

El Mercurio, jueves 4 de octubre de 2007.

Por 31 votos a favor, cinco en contra -de los senadores Navarro, Naranjo y Núñez (PS), Ruiz-Esquide y Pizarro (DC)- y una abstención (Alvear, DC), el Senado ratificó al fiscal metropolitano dela zona occidente, Sabas Chahuán, como el nuevo fiscal nacional, que reemplazará a Guillermo Piedrabuena desde el 30 de noviembre próximo. Al parecer, la propuesta presidencial de su nombre y el acogimiento del Senado se fundaron en una apreciación positiva de su gestión en la referida fiscalía y de la experiencia en ella recogida desde 2005, y en una inclinación a estimular la carrera funcionaria dentro del Ministerio Público.Así, se descartó para esta vital segunda fase del mismo la opción alternativa que representaba Juan Enrique Vargas, uno de los creadores intelectuales del nuevo sistema procesal penal y un experto internacional en esta área, que había reunido la más alta votación en la quina de la Corte Suprema.Este nuevo período tiene exigencias diferentes del anterior. La primera etapa del Ministerio Público exigía un fuerte trabajo de organización de la institución. La fiscalía, como órgano persecutor, era un organismo diseñado especialmente para la reforma procesal y resultaba del todo ajeno a nuestra tradición. Era comprensible que en sus primeros ocho años este órgano autónomo pusiera especial atención en su organización interna, en la búsqueda de paridad de criterios de persecución entre las distintas fiscalías y, también, de un modo de comunicación con la opinión pública que escruta su desempeño. La gran cantidad de instructivos entonces dictados fue una muestra de ese proceso de consolidación.La etapa próxima a iniciarse necesita un giro que se oriente ahora al diseño e implementación de estrategias de persecución del delito eficaces. El Ministerio Público es el gran administrador de la acción penal pública, lo que supone mucho más que la mera persecución de delitos. Sus facultades para decidir dónde poner los énfasis de persecución -en qué delitos centrar más su atención-, su relación directa con los órganos policiales en la investigación, la decisión respecto de las eventuales salidas alternativas, entre otros, hacen de él un corresponsable de la implementación de una política antidelictiva eficiente. En dicha misión está enmarcado por las pautas que el legislador fije en el derecho penal sustantivo, pero la vinculación del Ministerio Público con los diferentes poderes del Estado que participan en la operación del sistema penal le asigna la responsabilidad y la oportunidad de contribuir determinantemente a la disminución de la criminalidad. Razonablemente, eso es lo que la opinión pública espera del nuevo fiscal nacional.Él tiene dos áreas básicas de responsabilidad establecidas por la Constitución y la ley. La primera es fijar los criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos y sus responsables; la adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos, y el ejercicio de la acción penal pública. En la práctica, esto significa fijar la política de persecución penal del país: sus prioridades y las metodologías para alcanzar sus metas.La segunda es de gestión: criterios en cuanto a recursos humanos y económicos, reglamentos para la superintendencia directiva, correccional y económica.Evidentemente, la primera es la que justifica la existencia de esta institución; la segunda es sólo instrumental respecto de ella. Sin embargo, en la práctica, el fiscal nacional debe necesariamente alcanzar un complejo equilibrio entre ambas, pues mal podría aplicarse con éxito una política de persecución penal, por acertada que fuere, si el instrumento flaquease por disfuncionalidades de cualquier especie. Éstas pueden ir desde insuficiente prolijidad hasta la sobrerregulación, desde la improvisación hasta la burocratización, desde la indiferencia a la experiencia internacional exitosa hasta el desarrollo de un espíritu corporativista entre los funcionarios. Sabas Chahuán ha dicho ya que "el fiscal nacional es el primer fiscal, no es un administrador". Eso parece anticipar un rumbo que, naturalmente, habrá de responder luego a la realidad y, asimismo, a las grandes expectativas existentes.