La resolución del juez Cerda

Viernes 5 de octubre de 2007

Sobre los alcances éticos de las conductas que se han atribuido al ex Presidente Pinochet, la ciudadanía ha tenido oportunidad de formarse un juicio particular en cada caso. Pero lo que ahora se discute es la resolución concreta del juez Carlos Cerda, que incide en toda la institucionalidad jurídica chilena. Dicho magistrado, 72 horas después de retomar el caso Riggs, dictó una controvertida resolución que somete a proceso a la viuda del ex Presidente Pinochet, todos sus hijos, dos abogados que participaron en su defensa, ayudantes cercanos y altos oficiales en retiro y en servicio activo que colaboraron con el ex gobernante y ex comandante en jefe del Ejército. El juez estima que hay presunciones fundadas de su participación como autores en el delito de malversación de caudales públicos, y ordenó su detención preventiva. Su resolución se funda en que la fuente de los ingresos no justificados por la familia Pinochet Hiriart entre 1973 y 2003, que él calcula en cerca de 20 millones de dólares, serían los gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe.El juez estuvo alejado de la causa desde agosto de 2006 y sólo reasumió la investigación el pasado lunes, cuando la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones rechazó las implicancias -básicamente por falta de imparcialidad- invocadas por la defensa. Pero es de todos conocido su juicio adverso al gobierno militar. Ya estuvo a un paso de ser removido del Poder Judicial por su rechazo a una resolución de sus superiores que revocó un procesamiento del magistrado en una causa de derechos humanos. Cerda ha expresado que, como juez, debe dar preeminencia a la convicción jurídica que se forme a partir de la aplicación, entre otros, de los principios generales del derecho, por sobre lo que establezcan expresamente las leyes. Ese razonamiento le valió una reciente amonestación de la Corte Suprema por desobedecer una orden de no innovar de la 5ª Sala de la Corte de Apelaciones que paralizaba las diligencias del caso Riggs hasta que se resolviera una implicancia en su contra. Movido, según dijo, por "sus convicciones jurídicas" y "no por capricho", decidió suspender dicha orden, por estimar que uno de los ministros que formaban el voto de mayoría -Alfredo Pfeiffer- estaba inhabilitado para intervenir en el caso Riggs.Esto le ha significado cierta publicidad internacional, como antes al juez Juan Guzmán: esta misma semana, Cerda viajaría a Washington para recibir el Premio Internacional de Justicia 2007 -algo más de 88 millones de pesos- otorgado por la Fundación Gruber. Ello puede explicar que en esta resolución se refiera a Pinochet como el que "oficiaba de Presidente de la República". La falta de imparcialidad que le atribuyen los acusados debe aclararse con la debida acuciosidad, en beneficio de la imagen del Poder Judicial.Al reasumir la causa, Cerda quiso dejar constancia en el expediente de que el incidente de implicancia -mecanismo que resguarda la garantía básica del debido proceso- comprometió la prontitud de la justicia por disposición de las leyes chilenas y de diversos tratados.En el plano propiamente jurídico, su resolución suscita dudas. Las conductas descritas en el texto son de naturaleza muy diversa. Los familiares aparecen fundamentalmente como destinatarios de recursos que el juez estima de origen ilícito, mientras a los militares (r) se les atribuye responsabilidad en la administración de esos recursos de origen público. No obstante, se imputa el mismo delito a todo el grupo de 23 personas. Extraña también que el juez impute a varios particulares la autoría de un delito de malversación de fondos públicos, en el que sólo pueden incurrir funcionarios públicos.Tratándose de situaciones tan distintas, es probable que algunos apelen contra el procesamiento. Otros ya presentaron recursos de amparo, por estimar absolutamente ilegal la privación de libertad ordenada por Cerda.Las dudas que despierta esta resolución confirman, una vez más, la inconveniencia de haber rechazado, por razones políticas, el traspaso de las causas del antiguo al moderno sistema de justicia criminal. La mayor transparencia y respeto a la presunción de inocencia del nuevo sistema es incompatible con una resolución de las características y efectos de este procesamiento.