Conflicto sindical en la filial de AquaChile, la tercera firma más grande del mundo en el sector

Domingo 17 de febrero de 2008

Conflicto sindical en la filial de AquaChile, la tercera firma más grande del mundo en el sector
La autoridad ha definido al problema como una pugna entre la compañía y sus trabajadores. Pero en el sector privado se quejan de que se dé una imagen de tolerancia hacia los exaltados.



Pablo Tirado y Alejandro Sáez

El conflicto en la salmonera Aguas Claras, propiedad de AquaChile, ha marcado la agenda de la semana y ha vuelto a poner en discusión la política laboral del Gobierno. El principal impulsor de dicha política es el secretario del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien se ha erigido a sí mismo, según fuentes de la Concertación, como el "ministro de los trabajadores". La imagen que queda en ciertos círculos del sector privado es que el personero es demasiado tolerante con algunas actitudes de parte de los dirigentes sindicales, que llegan incluso al nivel de los disturbios, como ocurre ahora en Puerto Montt.

Para actores del sector privado, su actitud frente a los problemas es una forma de legitimar el actuar de dirigentes de los trabajadores más exaltados. De hecho, se recuerda en el mundo de las empresas la imagen de Andrade abrazado de Cristián Cuevas, un ya reconocido dirigente comunista que valida acciones de fuerza para obtener, en su visión, "mejores condiciones para los trabajadores".

Andrade ha dicho que es "re fácil echarle la culpa a dirigentes exaltados, a partidos que andan agitando y al Gobierno que no arregla...". En parte, porque está convencido de que existen empresas donde la conflictividad laboral es menor, porque en ellas son mejores las condiciones para los trabajadores. Siguiendo esta línea, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, sostuvo que "aquí ha habido un mal manejo entre una empresa y sus trabajadores", refiriéndose al caso de Aguas Claras.

Empresarios salmoneros sienten que "han sido, en parte, dejados de lado por la autoridad". Han reiterado que "no negociarán bajo la presión de estar con una planta tomada", y sostienen que ellos ya han hecho una oferta a sus empleados; que además los violentistas son sólo un porcentaje del total de trabajadores y que la posición del mismo Gobierno ha sido un tanto "errática: primero valoró los resultados de la mesas de diálogo en el sector y ahora no adopta una posición clara sobre la violencia surgida en el sur", dice un cercano de la firma.

Hay una visión divergente entre las empresas y el Ejecutivo. Para las primeras, éste ya es un tema que pasó al plano de la seguridad pública, donde se debe intervenir para tranquilizar los ánimos.

Para el Gobierno, en cambio, éste es un conflicto entre privados, que requiere de una solución conversada entre las partes. La opinión oficial, sin embargo, no ha dejado contento a los empresarios, que están sin poder desarrollar su labor productiva.

Para algunos asesores laborales vinculados a la misma Concertación, "Andrade es claramente un ministro con mucho poder, que tiene el respaldo de la Presidenta Michelle Bachelet y que ha logrado seguir en el Gabinete a pesar de los múltiples cambios".

Conocidas son sus diferencias con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a quien Andrade habría calificado, según fuentes de la Concertación, como "el ministro de los empresarios", en una clara distinción con él mismo, que es "el de los trabajadores".

Aunque no quiere entrar en polémica, el ministro (s) Mauricio Jélvez, comenta que "es su deber, es su tarea, mantener relaciones cordiales con sus trabajadores".

Muchos han sido los temas conflictivos en el ámbito laboral que siguen en la palestra: la eliminación del concepto de empresas, la negociación interempresas y el fin del reemplazo de los trabajadores en huelga.

En el caso de Aguas Claras, ha sido la autoridad regional la que ha tomado contacto con las partes.

Aunque también ha habido reuniones a nivel nacional, lo que hasta el cierre de esta edición se observa no es precisamente una actitud más decidida de parte de la autoridad para contener los actos violentistas: sobre las crisis de Aguas Claras, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo que las malas relaciones laborales al interior de la compañía es una responsabilidad que "no es posible endosar ni al Gobierno (...) ni a las autoridades policiales".

¿Alguien gana?

Cuando el problema entre trabajadores pasa al nivel de la violencia, distintas fuentes consultadas estiman que nadie gana con la imagen de caminos y empresas en toma y con la actividad productiva detenida.

Fuentes cercanas a la Concertación comentan "que al Gobierno le conviene mantener presente el tema laboral en un año de elecciones. Lo ha hecho en períodos de comicios anteriores y puede resultarle en éste".

Pero lo que encuentran más difícil de entender es que se permita que estos problemas lleguen al nivel de la violencia.

Éste ya es otro tema, que incluso puede jugarle una mala pasada a la autoridad, donde la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones en las encuestas y un talón de Aquiles para la Concertación.

En un escenario de ruptura del orden público, varios empresarios ponen su vista en quien asumió hace poco más de un mes como ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, supuestamente un hombre más duro para enfrentar hechos vandálicos: "aunque no está claro el peso que pueda tener Pérez Yoma al final del día en temas laborales".

Fuentes consultadas por "El Mercurio" coinciden en que un escenario donde esté presente la discusión laboral es favorable desde el punto de vista electoral, "pues logra que los defensores de los trabajadores queden bien parados frente a la gente".

Sin embargo, cuando la situación toma un cariz violento, el Gobierno queda en una encrucijada: "no puede castigar abiertamente los hechos de violencia, porque aparecería como un ente represor, lo que sería devastador".

Las denuncias contra los salmoneros

Las reivindicaciones de los trabajadores salmoneros han sido respaldadas por diferentes organizaciones no gubernamentales.

El 15 de enero pasado partió la última campaña de las ONG's Oxfam y Terram, que contempla inserciones en medios de prensa por más de 40 millones de pesos para promover, según reza la página web, "mejores prácticas laborales y ambientales en la salmonicultura chilena".

La campaña está basada en cifras de la AChS que indican que la industria de la pesca ocupa el segundo lugar en la tasa de accidentabilidad -sólo es superada por la construcción- y por el hecho de que, según la Fundación Terram, ocho de cada 10 fiscalizaciones a la industria terminaría en multa.

Pero las denuncias acerca de malas condiciones laborales a las que aseguran estar sometidos los trabajadores de la industria del salmón no se limitan sólo a Chile.

En junio del año pasado, Ricardo Casas, de la Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras (Fetrainpes) viajó a Noruega apoyado por la campaña internacional Pure Salmon, donde participó de la reunión de accionistas de Marine Harvest, el mayor productor de salmón y truchas del mundo. En ese viaje, el dirigente trató de influir en la clasificación de riesgo de las compañías que operan en Chile.

Cronología de la crisis

El conflicto laboral que marcó la pauta durante la semana tuvo su génesis el 20 de diciembre de 2007, cuando tres sindicatos de trabajadores de la industria del salmón presentaron en conjunto un proyecto de contrato colectivo a Aguas Claras -propiedad de AquaChile-, pero la empresa sólo aceptó negociar con el Sindicato de Trabajadores Aguas Claras S.A. El 10 de enero de 2008 un grupo de trabajadores se tomó dos plantas, pero al segundo día depusieron el acto y aceptaron la fórmula propuesta por la empresa.

Pero el 22 de enero la Dirección del Trabajo objetó la negociación interempresa solicitada por los sindicatos, lo que provocó que un centenar de trabajadores y personas externas a la firma ocuparan la planta de Calbuco. Dos días después del veredicto el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, recibe en audiencia al presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, y a representantes de AquaChile. "Fue una pésima señal para los empresarios", comenta una fuente relacionada con el caso.

Como las conversaciones no dieron frutos, el Sindicato de Trabajadores de Aguas Claras S.A. votó la huelga el 30 de enero, y aunque por 10 días se logró constituir una mesa de negociaciones, el 11 de febrero aparecieron tomados cuatro centros de producción.