Miércoles 31 de octubre de 2007
Grupo de trabajo tendrá 15 días para sacar adelante las propuestas, entre las que se incluye el Ministerio de Seguridad.
B. MARINO Y M. CAMPUSANO
La defensa jurídica y la ayuda especializada para las víctimas de la delincuencia será uno de los puntos que concentrará el debate que en los próximos días llevará adelante la mesa unitaria que se conformó ayer entre La Moneda y la Alianza, a la cual se sumarán hoy los jefes de bancada de la Concertación.
Esta idea es una de las once propuestas contenidas en un documento que fue entregado por los negociadores de la oposición, Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI), al ministro del Interior, Belisario Velasco, y al subsecretario Felipe Harboe, en la primera reunión de los equipos que se conformaron tras la polémica que se generó con la repentina irrupción de Joaquín Lavín en los temas de seguridad ciudadana.
La posibilidad de acordar con éxito diversos mecanismos de protección a las víctimas radica fundamentalmente en que tanto La Moneda como el propio oficialismo compartan este punto como uno de los principales a la hora de realizar una estrategia antidelincuencia.
De hecho, no sólo fuentes de Interior aseguran que "todos estamos de acuerdo en atender mejor a las víctimas", sino que el vicepresidente de la DC y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, apoyó poner el acento en el tema.
"El tema de otorgar asistencia y protección a las víctimas de delitos es algo que venimos planteando hace mucho tiempo, muchos diputados, con menos zalagarda pública y en eso vamos a estar de acuerdo", dijo.
Pero a pesar de este consenso, el Ejecutivo no puede comprometerse de inmediato a la petición de la Alianza de crear una Defensoría Penal Ciudadana, debido a que -según se dijo- aún no se han hecho los estudios de factibilidad correspondientes, ni por parte del Gobierno ni desde la misma oposición.
Otras propuestas
La minuta elaborada por Chadwick y Espina incluyó también otras diez propuestas, algunas de las cuales están contenidas en la denominada "agenda corta" del Gobierno.
Se trata de las normas que impiden la libertad provisional de los detenidos por delitos graves; la que impide otorgar el beneficio de la suspensión condicional del juicio y la condena a quien haya cometido un delito con anterioridad; y la que otorga la posibilidad al fiscal para que apele a la resolución del juez de garantía cuando éste declare, por razones formales, ilegal la detención de un delincuente.
Todas éstas fueron aprobadas en forma unánime ayer en una comisión mixta del Congreso.
Y aunque la reunión, que se extendió por más de una hora, Gobierno y oposición conversaron en un clima que ambos lados catalogaron como "positivo y ameno", Espina recalcó que la responsabilidad final de sacar adelante las medidas antidelicuencia es del Ejecutivo.
"Cuando hay un cirujano es muy importante que tenga un buen bisturí, pero si el cirujano es malo, la operación va a fracasar", afirmó el parlamentario.
Enterado de las palabras, el subsecretario Harboe recordó que "el tango se baila de a dos" en referencia a la disposición de la Alianza y el oficialismo a alcanzar acuerdos en la materia.
Tras un encuentro en La Moneda entre el ministro Velasco, el subsecretario Harboe y los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina, la comisión Gobierno-Oposición trabajará en el Congreso con un plazo de 15 días.
Foto:HÉCTOR YÁÑEZ
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