Domingo 16 de Diciembre de 2007.
El desastre social, económico y político del Transantiago es de tal envergadura, que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pese a tener mayoría oficialista, no pudo sino reprochar críticamente al ex Presidente Lagos por su responsabilidad en el diseño del fallido plan de transportes. El informe, que deberá conocer y votar la sala de la Cámara, desvanece los temores iniciales de que la investigación pudiese centrarse en responsabilidades administrativas y ejecutivas menores, sin incomodar a figuras de mayor peso político.
A medida que avanzó la investigación de los 13 diputados, presididos por Patricio Hales (PPD), la indignación moral frente a la indolencia exhibida por algunos de los comparecientes, la incompetencia de otros y la toma de conciencia de las dimensiones de este fracaso se fue apoderando de sus integrantes y quedó plasmada tanto en el texto aprobado por la mayoría de siete diputados oficialistas, como en la decisión de aceptar la incorporación de un "addendum" con un resumen de la opinión de minoría, naturalmente más dura, de los seis fiscalizadores de oposición.
El trabajo de los diputados Hales, Allende, Rubilar, Nogueira, Cristi, Burgos, Olivares, Montes, Sule, Farías, Mönckeberg, Melero y Uriarte se desarrolló con gran seriedad, fijando un nuevo estándar para el desempeño de estas instancias fiscalizadoras. Además, la inclusión en el informe oficial de la opinión de la minoría inaugura una sana práctica en nuestro sistema político.
La renuncia del ministro Cortázar, pese a su previsible rechazo, marcó un cambio irreversible para el Transantiago: si hace seis meses el ministro definió su cometido como "normalizarlo" hasta diciembre, al rechazar su renuncia la Presidenta le ha pedido "consolidar las bases de un nuevo sistema". No es la primera vez que ella intenta dar vuelta la página de este duro legado de la administración Lagos. Ya el 31 de mayo pasado desahució el nombre del fracasado plan al señalar, en visita de Estado en Noruega, que Transantiago "es una muy mala palabra".
Los esfuerzos de Cortázar son ampliamente reconocidos, pese al incumplimiento de sus metas. Para dimensionar el margen de error y la imposibilidad de resolver los aspectos centrales de esta política pública, basta considerar que el ministro declaró a mediados de año que el déficit mensual de cerca de 30 millones de dólares se reduciría, en el actual mes de diciembre, a 10 millones, pero la realidad es que ya en noviembre bordeaba los 35 millones de dólares.
Resulta casi provocador recordar que entre los argumentos que para impulsar este plan daban los estudios de académicos y figuras de gobierno, se sostenía que el sistema de las micros amarillas tenía un excedente de renta de aproximadamente 65 millones de dólares anuales, de los que podría beneficiarse parcialmente el Estado de Chile para obras de infraestructura. La realidad es que a los más de mil millones de dólares que el país ya ha gastado en un sistema que no funciona, se agrega una sangría mensual de recursos que se están traspasando de las arcas fiscales a los operadores privados del plan. Debe tenerse conciencia de que no se trata de aportes para financiar inversiones físicas o tecnológicas -que en último término quedarían en beneficio público-, sino que financian la rentabilidad virtualmente garantizada que se pactó con las empresas de transporte que se adjudicaron el servicio de las líneas.
La disposición ciudadana a subsidiar obras de infraestructura, como puede serlo el recién inaugurado camino a Torres del Paine, es muy distinta a verter millonarios recursos en contratos mal concebidos por ineptitud de las autoridades. Es imprescindible que el ministro aborde el tema de la evasión y dé una tarifa más realista para el financiamiento del plan. La tentación de eludir esas responsabilidades en un año electoral, para no asumir los costos de los errores cometidos, puede ser irresistible.
En ese sentido, las intervenciones públicas del ministro Cortázar, incluida su última conferencia de prensa tras ser confirmado en el cargo, no aclaran el estado preciso de algunos temas. Es el caso de los contratos del Estado con los operadores y de las modificaciones a que alude. ¿Hasta dónde esos cambios se encuentran acordados, pero aún no perfeccionados? ¿Ha variado contractualmente la debilitada posición en que se encontraba el Estado frente a su contraparte? Sería necesario que el confirmado ministro informara en detalle a la opinión pública sobre el estado actual de todo aquello que el informe de la Cámara individualiza como causas del desastre que afecta a millones de usuarios y que financian todos los chilenos.
Cambio de gabinete: inconveniente compás de espera
Entre las filas del oficialismo y del Gobierno reina hace algunas semanas la extendida sensación de un inminente cambio de gabinete. La solitaria inclusión del nuevo vocero, Francisco Vidal, y la ratificación del titular de Transportes, René Cortázar, no han despejado esa inquietud ni han dado luces de cuándo podría verificarse. Ese estado psicológico tiene un efecto inhibidor y paralizante. Lo anterior se acrecienta por el resquebrajamiento de las confianzas dentro de la Concertación. Los líderes partidarios y figuras del gobierno viven en estado de alerta para no ser sorprendidos con nombramientos que los debiliten dentro del bloque concertacionista.
No se puede descartar que las gruesas descoordinaciones con motivo del dictamen de la Dirección del Trabajo en materia de subcontratación y la defensa emprendida por Codelco, con repercusiones en el seno del gabinete, sean fruto de esa aparente indefinición política.
Un ajuste del equipo ministerial debiera fijar rumbos y clarificar prioridades, lo que tendría un beneficioso efecto ordenador. En todo caso, se hace urgente que la Presidenta Bachelet despeje esta incógnita en uno u otro sentido, sea confirmando o reestructurando a su grupo de colaboradores más directos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario