Discrepancias entre la Concertación y la Alianza sobre el grado de severidad en las medidas antidelincuencia han entorpecido el avance de los proyectos.
HERNÁN CISTERNAS
Una vez que una comisión mixta de diputados y senadores resuelva las últimas discrepancias entre la Concertación y la Alianza, en las próximas semanas podría convertirse en ley el primer proyecto de la "agenda corta" de seguridad ciudadana, que ingresó en julio del año pasado.
El avance de esta iniciativa ha tenido diversos tropiezos por las discrepancias entre la Alianza y la Concertación en cuanto a la rigurosidad de las penas.
Es así que durante su paso por el Senado, donde permaneció doce meses, se acogieron varias indicaciones de la oposición que endurecieron las normas del texto original que elaboró el Ejecutivo. Sin embargo, hace dos semanas los diputados de la Concertación intentaron rechazar la mayoría de esos cambios por estimar que con varios de ellos se volvía al viejo sistema procesal penal.
La Alianza -que calificó tales críticas como "garantistas", porque sólo se ocupaban de los derechos de los delincuentes y no de las víctimas- votó a favor de mantener las modificaciones del Senado, posición que fue compartida por los diputados del Partido Radical. Los votos de estos últimos definieron una mayoría circunstancial que permitió que se aprobaran todas las normas objetadas por la Concertación, salvo dos aspectos que serán resueltos en comisión mixta.
Entre las normas aprobadas figura el retorno del control de identidad, que permite a las policías revisar las órdenes de detención pendientes y registrar ropas, equipajes y vehículos en búsqueda de indicios de un delito, en cuyo caso podrán detener sin esperar la orden judicial.
Asimismo, a pesar del rechazo de la Concertación, se aprobó la ampliación de seis a doce horas del plazo para considerar un delito como flagrante.
Además, pasa a ser circunstancia agravante tener condena anterior por delitos de la misma especie. La existencia de procesos pendientes y actuar en grupos o pandillas será considerado para determinar si la libertad de un imputado es o no peligrosa para la sociedad.
Para fortalecer la acción preventiva, las policías estarán obligadas a tener una base de datos unificada y actualizada de las personas que hubieran sido detenidas o que registren órdenes de detención.
En tanto, el debate sobre la creación del Ministerio o Subsecretaría de Seguridad se postergó hasta quince días más, por el acuerdo al que llegaron ayer la Alianza y el Gobierno (ver nota principal).
Junto a esto, en el Senado permanece desde enero sin avances el proyecto que sanciona a los encapuchados y a quienes cometen delitos en manifestaciones públicas, y desde la semana pasada está en la Cámara el proyecto que modifica la Ley de Control de Armas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario