Miércoles 16 de julio de 2008
Resolución del titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán:
Investigan supuestos vínculos de tres fiscales con abogado de narcos
Fueron nombrados por detenido Ariel Marín, defensor de los "Car'e Jarro".
P. LEZAETA, C. CARO Y H. ÁVALOS
Ya lejos de la causa por narcotráfico y asociación ilícita, el foco de atención sobre el denominado caso de los narcos "Car'e Jarro" emigró ayer hacia los presuntos nexos de Ariel Marín, el abogado de la banda criminal, con fiscales del Ministerio Público, luego que el propio fiscal nacional, Sabas Chahuán, ordenara abrir una investigación criminal contra el prosecutor Juan Pablo Buono-Core y otros dos de sus colegas de Santiago Sur, cuyos nombres hasta anoche no habían sido revelados.
Según contextualizó Chahuán, "la denuncia en contra de los fiscales la hace un sujeto que está preso (Marín). La vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, pero los fiscales imputados tienen todo el derecho a legítima defensa". Al explicar el nombramiento del jefe de la V Región, Jorge Abbott, como fiscal especial del caso, Chahuán detalló que obedecía a su interés por despejar "todas las dudas mediante una investigación criminal".
Abbott -quien fue notificado telefónicamente de su designación- confirmó ayer que conoce los antecedentes del caso.
En relación con las investigaciones ya existentes dentro del Ministerio Público, Chahuán aclaró que "se dispuso entre las facultades del jefe de los fiscales imputados, el fiscal regional sur (Alejandro Peña), una investigación administrativa. Y la facultad del fiscal nacional es disponer una investigación criminal, para lo cual debe nombrar a un fiscal regional".
En el plano de la indagatoria administrativa, se dijo a este medio que es posible que el fiscal a cargo, Cristián Galdames, pida una ampliación del sumario.
Al referirse a los ilícitos que podrían surgir en la indagatoria, Chahuán dijo que "eventualmente podría haber cohecho y obstrucción a la investigación. Lo importante es la señal que están dando todas las instituciones de que en Chile no hay tolerancia contra la corrupción".
El fiscal Héctor Barros, quien investiga la red de los "Car'e Jarro", explicó que "en la investigación que llevo de esta organización no existe ninguna vinculación de ningún fiscal, ni tampoco del fiscal Buono-Core". Aclaró que los prosecutores no están involucrados en los delitos de narcotráfico, lavado de dinero ni asociación ilícita de la banda, sino que sólo habrían tenido algún nexo con el abogado de la banda narco, Ariel Marín.
Regresa Peña
Ayer por la tarde, el fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña, volvió de sus vacaciones para interiorizarse de la investigación decretada por Chahuán. Según trascendió, se reunió con su equipo más cercano.
Además, Peña sostuvo una reunión de trabajo con el propio Sabas Chahuán.
Investigaciones
El subdirector (s) de Investigaciones, Óscar Gutiérrez, dispuso abrir un sumario por presuntas faltas o delitos cometidos por dos detectives de la Fuerza de Tarea Sur también presuntamente ligados a los "Car'e Jarro". La medida se sustenta en denuncias del abogado Marín.
Abogado sólo confirma datos
Según Gonzalo Figueroa, defensor del sindicado abogado de los "Car'e Jarro", Ariel Marín, éste no estaría aportando nuevos antecedentes a la investigación por la banda narco de La Victoria. Según el profesional, "lo que él está haciendo es responder si reconoce o no su voz en las grabaciones que tiene la Fiscalía Sur".
"En ese sentido, hay que dejar claro que aquí no se han entregado datos que no conozca la policía... insisto en que se trata de elementos preexistentes en la indagatoria", dijo Figueroa a este diario.
"Ayer (lunes) -añadió el abogado-, después de tres días de declaraciones hablé con mi cliente, y me relató que lo que han hecho, como decía, es que le han enseñado antecedentes, audios...y él dice sí o no".
"Él ha pasado por el fiscal regional (Alejandro Peña), el fiscal nacional (Sabás Chauán)... Si la importancia que le da la fiscalía a este asunto son los supuestos vínculos de Ariel con funcionarios de fiscalías... eso es lo que les importa a ellos, más allá de la investigación. Es decir, están viendo que no haya ningún nexo que altere, poco menos, las bases del Ministerio Público", enfatizó Figueroa.
DECLARACIÓN
MAÑANA sería reinterrogado el abogado de los narcos, Ariel Marín.
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martes, 22 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
Este año definen destino de 4 antiguas cárceles de regiones
Lunes 7 de julio de 2008
Gobierno sugerirá esta semana uso de ex penales de Rancagua y P. Arenas:
Este año definen destino de 4 antiguas cárceles de regiones
Inmuebles quedaron vacíos en el centro de ciudades. Estudios para ex recintos de Arica y Cauquenes ya están finalizados.
ROLANDO MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES
PUNTA ARENAS.- Los destinos de las antiguas cárceles de Punta Arenas y Rancagua quedarán definidos en los próximos días cuando el Ministerio de Bienes Nacionales dé a conocer a las autoridades los informes que establecen los usos que sus propias comunidades quieren para sus ex penales, luego que fueran deshabitados por los reclusos que fueron reubicados.
Después que estos inmuebles fiscales fueron desocupados por Gendarmería, Bienes Nacionales concordó con la Dirección de Presupuestos un conjunto de estudios de vocación de uso de los penales, antes de definir su destino final en cada región.
Los estudios consistieron en participación ciudadana, consulta a autoridades regionales, análisis arquitectónicos y revisión de instrumentos de planificación comunal del entorno del inmueble. Cada estudio tiene una propuesta para su mejor uso futuro.
Este año se realizaron estudios a las cárceles de Rancagua, Punta Arenas, Arica y Cauquenes, que están con informes finales aprobados, mientras que aún se encuentra en trámite el estudio del recinto de Valdivia, capital de la nueva Región de los Ríos.
Para la antigua cárcel de Rancagua, ubicada en la esquina de avenida Brasil y Lastarria, se ha planteado la idea de transformarla, en un futuro próximo, en un Centro de Justicia que albergue los servicios públicos de Gendarmería, Servicio Nacional de Menores (Sename), Seremi de Justicia, Ministerio Público y la Defensoría Penal.
También se ha propuesto habilitarla para que sea un centro que reúna a todos los servicios públicos o bien que se transforme en un centro cultural.
Sin embargo, la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, visita hoy Rancagua y dará a conocer los resultados del estudio con las sugerencias para un mejor uso del recinto.
Igual incógnita se disipará el jueves próximo en el extremo sur, ya que en Punta Arenas se busca el mejor destino para la ex cárcel pública ubicada a media cuadra de la Plaza de Armas Muñoz Gamero.
Entre las múltiples propuestas, se planteó transformar el ex penal en un centro cultural. Sin embargo, el seremi de Gobierno de Magallanes, Eduardo Barros, explicó que la opción de transformar el inmueble en un centro cívico para Punta Arenas es un anhelo de muchos años.
Por ello, ambas alternativas son abordadas con responsabilidad y rigor, afirma Barros, a través de los estudios técnicos efectuados por el Ministerio de Bienes Nacionales y un estudio de prefactibilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En tanto, la ex cárcel de La Serena será materia de estudio este año por parte de Bienes Nacionales, aunque ha surgido la idea de incorporarla a la infraestructura del Servicio de Salud.
RANCAGUA
SCHMIDT informará sugerencias para ex penal de la ciudad
Gobierno sugerirá esta semana uso de ex penales de Rancagua y P. Arenas:
Este año definen destino de 4 antiguas cárceles de regiones
Inmuebles quedaron vacíos en el centro de ciudades. Estudios para ex recintos de Arica y Cauquenes ya están finalizados.
ROLANDO MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES
PUNTA ARENAS.- Los destinos de las antiguas cárceles de Punta Arenas y Rancagua quedarán definidos en los próximos días cuando el Ministerio de Bienes Nacionales dé a conocer a las autoridades los informes que establecen los usos que sus propias comunidades quieren para sus ex penales, luego que fueran deshabitados por los reclusos que fueron reubicados.
Después que estos inmuebles fiscales fueron desocupados por Gendarmería, Bienes Nacionales concordó con la Dirección de Presupuestos un conjunto de estudios de vocación de uso de los penales, antes de definir su destino final en cada región.
Los estudios consistieron en participación ciudadana, consulta a autoridades regionales, análisis arquitectónicos y revisión de instrumentos de planificación comunal del entorno del inmueble. Cada estudio tiene una propuesta para su mejor uso futuro.
Este año se realizaron estudios a las cárceles de Rancagua, Punta Arenas, Arica y Cauquenes, que están con informes finales aprobados, mientras que aún se encuentra en trámite el estudio del recinto de Valdivia, capital de la nueva Región de los Ríos.
Para la antigua cárcel de Rancagua, ubicada en la esquina de avenida Brasil y Lastarria, se ha planteado la idea de transformarla, en un futuro próximo, en un Centro de Justicia que albergue los servicios públicos de Gendarmería, Servicio Nacional de Menores (Sename), Seremi de Justicia, Ministerio Público y la Defensoría Penal.
También se ha propuesto habilitarla para que sea un centro que reúna a todos los servicios públicos o bien que se transforme en un centro cultural.
Sin embargo, la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, visita hoy Rancagua y dará a conocer los resultados del estudio con las sugerencias para un mejor uso del recinto.
Igual incógnita se disipará el jueves próximo en el extremo sur, ya que en Punta Arenas se busca el mejor destino para la ex cárcel pública ubicada a media cuadra de la Plaza de Armas Muñoz Gamero.
Entre las múltiples propuestas, se planteó transformar el ex penal en un centro cultural. Sin embargo, el seremi de Gobierno de Magallanes, Eduardo Barros, explicó que la opción de transformar el inmueble en un centro cívico para Punta Arenas es un anhelo de muchos años.
Por ello, ambas alternativas son abordadas con responsabilidad y rigor, afirma Barros, a través de los estudios técnicos efectuados por el Ministerio de Bienes Nacionales y un estudio de prefactibilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En tanto, la ex cárcel de La Serena será materia de estudio este año por parte de Bienes Nacionales, aunque ha surgido la idea de incorporarla a la infraestructura del Servicio de Salud.
RANCAGUA
SCHMIDT informará sugerencias para ex penal de la ciudad
martes, 18 de marzo de 2008
Agenda Corta Antidelincuencia parte con opiniones divididas
Viernes 14 de marzo de 2008
Hoy se publica en el Diario Oficial:
Agenda Corta Antidelincuencia parte con opiniones divididas
Mientras el Gobierno confía en que la nueva ley ayudará a disminuir la inseguridad de la gente, los jueces creen que podría recargar su labor y que no reducirá los delitos.
C. VALENZUELA, H. ÁVALOS Y R. DOWNEY
Con opiniones encontradas entre los diversos actores de la seguridad pública comienza hoy a regir, con su publicación en el Diario Oficial, la ley 20.253, conocida como Agenda Corta Antidelincuencia, texto legal que -entre otras medidas- endurece las sanciones para los delincuentes reincidentes y establece la permanencia en prisión del imputado mientras la Corte zanja si aprueba o no su libertad.
El Gobierno, según lo señaló el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tiene la plena confianza de que la norma podrá "evitar excepciones que provocan la inseguridad e incomprensión de la ciudadanía" ante libertades concedidas por los jueces que no son compartidas por la opinión pública.
A su vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, calificó la iniciativa como "un aporte para facilitar la persecución penal. Se trata de un conjunto de cambios que si bien no podemos decir que van a eliminar la delincuencia, sí van a aportar al trabajo de fiscales y policías".
Pero para los ministros de corte, algunas normas van a significar una recarga de trabajo que podría afectar otros procesos, según dijo el ministro Mario Carroza, quien preside la Asociación Nacional de Magistrados.
El presidente de la Corte de Santiago, Haroldo Brito, afirmó que "prontamente" se resolverá cómo el tribunal enfrentará la normativa, ya que se prevé un aumento de causas. En cuanto a la eficacia de la ley, sostuvo que, a su juicio, "la reacción estatal está encaminada hacia obtener los objetivos de tranquilidad y seguridad social en los que todos estamos empeñados".
Una percepción distinta tienen los jueces de garantía, quienes insisten en que la prisión preventiva no tendrá incidencia en la disminución de la delincuencia. Así lo expresó el magistrado Fernando Guzmán, quien agregó que la norma "sólo implicará restringir las facultades de los jueces de garantía de controlar la actividad persecutoria".
En Gendarmería, el mayor José Maldonado, secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, advirtió que "el Gobierno propuso enviar más infractores de ley a las cárceles, pero no otorgó más recursos materiales ni humanos, ni construye más cárceles".
Chahuán, respecto de ello, precisó que "los fiscales no pueden inhibirse de solicitar la prisión preventiva si eso es lo que procede".
Guillermo Piedrabuena: "Ahora hay que pensar en la Agenda Larga"
Ex fiscal nacional analiza virtudes y defectos de la ley que impulsó desde el Ministerio Público.
Para el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena -uno de los principales impulsores de la Agenda Corta Antidelincuencia durante sus dos años de tramitación legislativa-, si bien la nueva ley contiene aspectos valiosos, no es una solución definitiva para los problemas de la delincuencia en Chile.
A su juicio, ahora hay que ocuparse de sacar adelante en el Parlamento la Agenda Larga, que entre otras materias considera crear el Ministerio o Subsecretaría de Seguridad Pública; dar mayores recursos al Ministerio Público para mejorar la atención a las víctimas; enfrentar el problema carcelario; y contar con programas efectivos de rehabilitación social para los condenados y planes para quienes delinquen por primera vez, especialmente para que los más jóvenes no reincidan.
Pero Piedrabuena va más allá de los cambios legales. Enfatiza en la necesidad de dotar de más recursos a las policías y a los organismos auxiliares de Justicia, como Gendarmería. Próximo a publicar un libro sobre la Agenda Corta, el ex fiscal nacional destaca que esta ley precisa algunos criterios sobre jurisprudencia que, si bien eran corregidos por las cortes de Apelaciones, generaban una sensación de inseguridad en la ciudadanía.
Era el caso, explica, del concepto de flagrancia, el de no decretar la prisión preventiva, o declarar ilegal una detención, en que algunos jueces dejaban libres a algunos detenidos y cuando la Corte revertía la decisión, ya era imposible ubicarlos para formalizarlos.
Entre las deficiencias de la nueva legislación, estima que el texto es "muy tímido" a la hora de enfrentar el delito de receptación, pues sólo incorpora sanciones para quien transforma el objeto robado. Según Piedrabuena, es posible pensar en sanciones administrativas y comerciales para quienes han hecho una verdadera "industria" de los artículos sustraídos
Hoy se publica en el Diario Oficial:
Agenda Corta Antidelincuencia parte con opiniones divididas
Mientras el Gobierno confía en que la nueva ley ayudará a disminuir la inseguridad de la gente, los jueces creen que podría recargar su labor y que no reducirá los delitos.
C. VALENZUELA, H. ÁVALOS Y R. DOWNEY
Con opiniones encontradas entre los diversos actores de la seguridad pública comienza hoy a regir, con su publicación en el Diario Oficial, la ley 20.253, conocida como Agenda Corta Antidelincuencia, texto legal que -entre otras medidas- endurece las sanciones para los delincuentes reincidentes y establece la permanencia en prisión del imputado mientras la Corte zanja si aprueba o no su libertad.
El Gobierno, según lo señaló el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tiene la plena confianza de que la norma podrá "evitar excepciones que provocan la inseguridad e incomprensión de la ciudadanía" ante libertades concedidas por los jueces que no son compartidas por la opinión pública.
A su vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, calificó la iniciativa como "un aporte para facilitar la persecución penal. Se trata de un conjunto de cambios que si bien no podemos decir que van a eliminar la delincuencia, sí van a aportar al trabajo de fiscales y policías".
Pero para los ministros de corte, algunas normas van a significar una recarga de trabajo que podría afectar otros procesos, según dijo el ministro Mario Carroza, quien preside la Asociación Nacional de Magistrados.
El presidente de la Corte de Santiago, Haroldo Brito, afirmó que "prontamente" se resolverá cómo el tribunal enfrentará la normativa, ya que se prevé un aumento de causas. En cuanto a la eficacia de la ley, sostuvo que, a su juicio, "la reacción estatal está encaminada hacia obtener los objetivos de tranquilidad y seguridad social en los que todos estamos empeñados".
Una percepción distinta tienen los jueces de garantía, quienes insisten en que la prisión preventiva no tendrá incidencia en la disminución de la delincuencia. Así lo expresó el magistrado Fernando Guzmán, quien agregó que la norma "sólo implicará restringir las facultades de los jueces de garantía de controlar la actividad persecutoria".
En Gendarmería, el mayor José Maldonado, secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, advirtió que "el Gobierno propuso enviar más infractores de ley a las cárceles, pero no otorgó más recursos materiales ni humanos, ni construye más cárceles".
Chahuán, respecto de ello, precisó que "los fiscales no pueden inhibirse de solicitar la prisión preventiva si eso es lo que procede".
Guillermo Piedrabuena: "Ahora hay que pensar en la Agenda Larga"
Ex fiscal nacional analiza virtudes y defectos de la ley que impulsó desde el Ministerio Público.
Para el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena -uno de los principales impulsores de la Agenda Corta Antidelincuencia durante sus dos años de tramitación legislativa-, si bien la nueva ley contiene aspectos valiosos, no es una solución definitiva para los problemas de la delincuencia en Chile.
A su juicio, ahora hay que ocuparse de sacar adelante en el Parlamento la Agenda Larga, que entre otras materias considera crear el Ministerio o Subsecretaría de Seguridad Pública; dar mayores recursos al Ministerio Público para mejorar la atención a las víctimas; enfrentar el problema carcelario; y contar con programas efectivos de rehabilitación social para los condenados y planes para quienes delinquen por primera vez, especialmente para que los más jóvenes no reincidan.
Pero Piedrabuena va más allá de los cambios legales. Enfatiza en la necesidad de dotar de más recursos a las policías y a los organismos auxiliares de Justicia, como Gendarmería. Próximo a publicar un libro sobre la Agenda Corta, el ex fiscal nacional destaca que esta ley precisa algunos criterios sobre jurisprudencia que, si bien eran corregidos por las cortes de Apelaciones, generaban una sensación de inseguridad en la ciudadanía.
Era el caso, explica, del concepto de flagrancia, el de no decretar la prisión preventiva, o declarar ilegal una detención, en que algunos jueces dejaban libres a algunos detenidos y cuando la Corte revertía la decisión, ya era imposible ubicarlos para formalizarlos.
Entre las deficiencias de la nueva legislación, estima que el texto es "muy tímido" a la hora de enfrentar el delito de receptación, pues sólo incorpora sanciones para quien transforma el objeto robado. Según Piedrabuena, es posible pensar en sanciones administrativas y comerciales para quienes han hecho una verdadera "industria" de los artículos sustraídos
jueves, 14 de febrero de 2008
Delincuencia desenfadada
Editorial, Jueves 14 febrero 2008
Ha estremecido al país el asesinato de otros dos carabineros por delincuentes con los que se enfrentaron a balazos antenoche, en el sector norte de Santiago. Con esto, el número de efectivos de esa institución que han caído en cumplimiento de sus funciones llega a mil 17 (los dos anteriores en 2007 corresponden, respectivamente, a los cabos muertos en los incidentes nocturnos del 11 septiembre de 2007 y en el asalto a un banco en el centro de la capital, el 18 de octubre pasado). Perder la vida está dentro de los riesgos propios de su función que en todo el mundo asume un policía. Pero las características de este caso y lo que él representa como escalada marcan un hito negro.
Según los datos conocidos, no se trató de un común asalto más a una empresa: los hechores actuaron de noche y en grupo, buscando hacerlo sobre seguro; estaban bien organizados, como lo muestra su disponibilidad de movilización, armas de fuego de grueso calibre -capaz de atravesar los chalecos antibalas de los uniformados- y entrenamiento suficiente para detener su vehículo, enfrentar a la policía, con obvio desprecio de la autoridad pública, y vencerla. Está por esclarecerse si hubo alevosía -de haber rematado a las víctimas en el suelo- y si medió un secuestro. Aun sin eso, se observa una plétora de agravantes, coronadas por el hecho de que, además, los delincuentes utilizaron la misma patrullera de los asesinados para proseguir su fuga, abandonándola posteriormente.
El vocero del Gobierno, Francisco Vidal, expresó el deseo de que "ojalá sequen en la cárcel" a los responsables. La eficacia de las investigaciones policiales y la severidad de la justicia conforme a la ley son una evidente aspiración ciudadana universal. Pero, frente a la delincuencia, el país requiere mucho más que reacciones comprensiblemente emocionales. El Gobierno no es un indignado observador más del progreso incesante de la delincuencia: es el responsable de garantizar a la población un mínimo aceptable de seguridad pública, hoy inexistente.
Las políticas públicas en esta materia exigen que la policía tenga un poder de intimidación frente al delincuente potencial. Esto es normal en las democracias eficientes. Si la delincuencia no se siente intimidada, multiplica su audacia. Por tanto, todas las instancias competentes -autoridades de Gobierno a cargo de la seguridad, tribunales, fiscales, policías- deben reaccionar para que el actual desenfado con que actúan los delincuentes no pueda seguir avanzando sin ser reprimido con implacable energía, sin ambigüedades ni vacilaciones.
Si la policía no recupera su poder intimidatorio natural en un Estado de Derecho, su limitado número de efectivos está llamado a ir quedando arrinconado frente a un número de delincuentes que encuentra hoy múltiples incentivos para aumentar impunemente.
Cuando la ciudadanía percibe que la fuerza del orden legal ya no inhibe a los delincuentes, prolifera el desarrollo de la seguridad privada en los sectores que pueden costeársela. Eso es legítimo y mal puede criticarse, pero tiene costos. El constante aumento de éstos está ya incidiendo en la competitividad de nuestras empresas en el mercado internacional, pues las recarga indebidamente con algo que correspondería, lógicamente, a una función estatal financiada con los altos impuestos que pagan. Asimismo, la evidencia de un clima delictivo no contrarrestado con eficacia no contribuye a un clima de negocios que induzca a nuevas inversiones, nacionales o foráneas.
En el plano de las personas naturales, este cuadro también es alarmante. Los pudientes defienden sus vidas y sus bienes con guardias privados y variados sistemas de protección -con resultados relativos-, pero los que no lo son se encuentran en una inermidad angustiosa y desmoralizante. Como lo han advertido Paz Ciudadana y otras voces especialistas desde la década de 1990, los pobres que son víctimas de asaltos no sólo sufren una pérdida patrimonial proporcionalmente mucho peor -pues incide en su nivel mismo de subsistencia, y con menores o nulas posibilidades de reponerla-, sino que, además, a menudo decae su ánimo para trabajar o emprender, por el temor a perder los frutos de su esfuerzo.
La trágica escalada que se manifiesta en estas muertes policiales exige una respuesta eficaz de las autoridades. Ya no bastan las palabras, por fuertes que sean.
Ha estremecido al país el asesinato de otros dos carabineros por delincuentes con los que se enfrentaron a balazos antenoche, en el sector norte de Santiago. Con esto, el número de efectivos de esa institución que han caído en cumplimiento de sus funciones llega a mil 17 (los dos anteriores en 2007 corresponden, respectivamente, a los cabos muertos en los incidentes nocturnos del 11 septiembre de 2007 y en el asalto a un banco en el centro de la capital, el 18 de octubre pasado). Perder la vida está dentro de los riesgos propios de su función que en todo el mundo asume un policía. Pero las características de este caso y lo que él representa como escalada marcan un hito negro.
Según los datos conocidos, no se trató de un común asalto más a una empresa: los hechores actuaron de noche y en grupo, buscando hacerlo sobre seguro; estaban bien organizados, como lo muestra su disponibilidad de movilización, armas de fuego de grueso calibre -capaz de atravesar los chalecos antibalas de los uniformados- y entrenamiento suficiente para detener su vehículo, enfrentar a la policía, con obvio desprecio de la autoridad pública, y vencerla. Está por esclarecerse si hubo alevosía -de haber rematado a las víctimas en el suelo- y si medió un secuestro. Aun sin eso, se observa una plétora de agravantes, coronadas por el hecho de que, además, los delincuentes utilizaron la misma patrullera de los asesinados para proseguir su fuga, abandonándola posteriormente.
El vocero del Gobierno, Francisco Vidal, expresó el deseo de que "ojalá sequen en la cárcel" a los responsables. La eficacia de las investigaciones policiales y la severidad de la justicia conforme a la ley son una evidente aspiración ciudadana universal. Pero, frente a la delincuencia, el país requiere mucho más que reacciones comprensiblemente emocionales. El Gobierno no es un indignado observador más del progreso incesante de la delincuencia: es el responsable de garantizar a la población un mínimo aceptable de seguridad pública, hoy inexistente.
Las políticas públicas en esta materia exigen que la policía tenga un poder de intimidación frente al delincuente potencial. Esto es normal en las democracias eficientes. Si la delincuencia no se siente intimidada, multiplica su audacia. Por tanto, todas las instancias competentes -autoridades de Gobierno a cargo de la seguridad, tribunales, fiscales, policías- deben reaccionar para que el actual desenfado con que actúan los delincuentes no pueda seguir avanzando sin ser reprimido con implacable energía, sin ambigüedades ni vacilaciones.
Si la policía no recupera su poder intimidatorio natural en un Estado de Derecho, su limitado número de efectivos está llamado a ir quedando arrinconado frente a un número de delincuentes que encuentra hoy múltiples incentivos para aumentar impunemente.
Cuando la ciudadanía percibe que la fuerza del orden legal ya no inhibe a los delincuentes, prolifera el desarrollo de la seguridad privada en los sectores que pueden costeársela. Eso es legítimo y mal puede criticarse, pero tiene costos. El constante aumento de éstos está ya incidiendo en la competitividad de nuestras empresas en el mercado internacional, pues las recarga indebidamente con algo que correspondería, lógicamente, a una función estatal financiada con los altos impuestos que pagan. Asimismo, la evidencia de un clima delictivo no contrarrestado con eficacia no contribuye a un clima de negocios que induzca a nuevas inversiones, nacionales o foráneas.
En el plano de las personas naturales, este cuadro también es alarmante. Los pudientes defienden sus vidas y sus bienes con guardias privados y variados sistemas de protección -con resultados relativos-, pero los que no lo son se encuentran en una inermidad angustiosa y desmoralizante. Como lo han advertido Paz Ciudadana y otras voces especialistas desde la década de 1990, los pobres que son víctimas de asaltos no sólo sufren una pérdida patrimonial proporcionalmente mucho peor -pues incide en su nivel mismo de subsistencia, y con menores o nulas posibilidades de reponerla-, sino que, además, a menudo decae su ánimo para trabajar o emprender, por el temor a perder los frutos de su esfuerzo.
La trágica escalada que se manifiesta en estas muertes policiales exige una respuesta eficaz de las autoridades. Ya no bastan las palabras, por fuertes que sean.
Brusca alza de 7,2% en denuncias de los delitos graves en 2007
Jueves 14 de febrero de 2008
Sobre 60% de los más de medio millón de ilícitos informados en 2007, incluida la violencia intrafamiliar, corresponden a robos con fuerza (en casas) y lesiones.
El aumento registrado en 2007 rompe la tendencia a la estabilización de 2005, con 0,8%, y a la baja de 2006, con -0,5%. Gobierno: Ello se debe a una mayor confianza para denunciar.
El alza fue de 7,2% respecto de 2006:
Denuncias por los delitos más graves se dispararon en 2007
El incremento contrasta con la estabilización de 2005 (0,8%) y la baja de 2006 (-0,5%). Del más de medio millón de ilícitos reportados, el 60% son "lanzazos" y lesiones.
RICARDO DOWNEY
Un significativo aumento de 7,2% experimentaron en 2007 las denuncias de delitos de mayor connotación social, en comparación con el año anterior, según el último informe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
Las cifras evidencian un brusco cambio en la tendencia a la estabilización registrada en 2005, con una leve alza de 0,8%, y a la baja en 2006, con -0,5%.
El año pasado se denunciaron más de medio millón de delitos en todo el país (551.327), incluida violencia intrafamiliar. El 60% se concentra en robos con fuerza (a las casas) y lesiones.
No obstante, los incrementos más relevantes estuvieron en los reportes de robo por sorpresa o "lanzazos" (26,6%), robos con intimidación (16,5%) y robos con violencia (13,6%), estos dos últimos conocidos como asaltos.
También hubo un importante aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar (12,1%).
Por regiones
Por regiones, las que más aumentan son la Metropolitana (10,7%) y la del Biobío (9,9%), que agrupan a más de la mitad (57%) de las denuncias del país. También resaltan las alzas de las regiones de Antofagasta (10,5%) y de O'Higgins (6,3%), pero su incidencia en el total nacional no supera el 5%.
En 2007, sólo tres regiones (Coquimbo, Maule y los Lagos) bajaron sus tasas de denuncias. El año anterior fueron nueve.
En cuanto a las comunas con mayores tasas de denuncias, el ranking lo encabeza Santiago, con 13.636 reportes por cada 100 mil habitantes. Le siguen Providencia (8.650) y San Miguel (5.800). En provincias, en tanto, destacan Concepción (5.501) y Los Ángeles (3.789).
Las comunas con menores tasas de denuncias por cada 100 mil habitantes fueron Cerro Navia (1.371) y Maipú (1.379), ambas en la capital, y Chiguayante (1.408) y Vallenar (1.415), en Biobío y Coquimbo, en regiones.
En 2007 también hubo un aumento de 12,7% en las detenciones, siendo las mayores alzas por hurtos y lesiones, con el 77% de todos los arrestos.
Destaca el incremento de 79,4% de las detenciones por violencia intrafamiliar.
Gobierno ve más confianza en la gente
Para el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, el incremento de la tasa de denuncias observado entre los años 2006 y 2007 refleja una mayor confianza ciudadana en el sistema judicial.
A juicio de la autoridad, "lo que nos dice (el resultado de la encuesta es) que la campaña que estamos haciendo para aumentar las denuncias está dando buenos resultados".
Harboe también destacó el aumento en el número de personas detenidas, ya que, sostuvo, revela una mejor respuesta de la acción policial frente a la delincuencia.
El informe con las estadísticas nacionales sobre denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar incluye el cuarto trimestre de 2007 y el resumen anual de ese año, elaborado por la División de Seguridad Pública
Sobre 60% de los más de medio millón de ilícitos informados en 2007, incluida la violencia intrafamiliar, corresponden a robos con fuerza (en casas) y lesiones.
El aumento registrado en 2007 rompe la tendencia a la estabilización de 2005, con 0,8%, y a la baja de 2006, con -0,5%. Gobierno: Ello se debe a una mayor confianza para denunciar.
El alza fue de 7,2% respecto de 2006:
Denuncias por los delitos más graves se dispararon en 2007
El incremento contrasta con la estabilización de 2005 (0,8%) y la baja de 2006 (-0,5%). Del más de medio millón de ilícitos reportados, el 60% son "lanzazos" y lesiones.
RICARDO DOWNEY
Un significativo aumento de 7,2% experimentaron en 2007 las denuncias de delitos de mayor connotación social, en comparación con el año anterior, según el último informe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
Las cifras evidencian un brusco cambio en la tendencia a la estabilización registrada en 2005, con una leve alza de 0,8%, y a la baja en 2006, con -0,5%.
El año pasado se denunciaron más de medio millón de delitos en todo el país (551.327), incluida violencia intrafamiliar. El 60% se concentra en robos con fuerza (a las casas) y lesiones.
No obstante, los incrementos más relevantes estuvieron en los reportes de robo por sorpresa o "lanzazos" (26,6%), robos con intimidación (16,5%) y robos con violencia (13,6%), estos dos últimos conocidos como asaltos.
También hubo un importante aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar (12,1%).
Por regiones
Por regiones, las que más aumentan son la Metropolitana (10,7%) y la del Biobío (9,9%), que agrupan a más de la mitad (57%) de las denuncias del país. También resaltan las alzas de las regiones de Antofagasta (10,5%) y de O'Higgins (6,3%), pero su incidencia en el total nacional no supera el 5%.
En 2007, sólo tres regiones (Coquimbo, Maule y los Lagos) bajaron sus tasas de denuncias. El año anterior fueron nueve.
En cuanto a las comunas con mayores tasas de denuncias, el ranking lo encabeza Santiago, con 13.636 reportes por cada 100 mil habitantes. Le siguen Providencia (8.650) y San Miguel (5.800). En provincias, en tanto, destacan Concepción (5.501) y Los Ángeles (3.789).
Las comunas con menores tasas de denuncias por cada 100 mil habitantes fueron Cerro Navia (1.371) y Maipú (1.379), ambas en la capital, y Chiguayante (1.408) y Vallenar (1.415), en Biobío y Coquimbo, en regiones.
En 2007 también hubo un aumento de 12,7% en las detenciones, siendo las mayores alzas por hurtos y lesiones, con el 77% de todos los arrestos.
Destaca el incremento de 79,4% de las detenciones por violencia intrafamiliar.
Gobierno ve más confianza en la gente
Para el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, el incremento de la tasa de denuncias observado entre los años 2006 y 2007 refleja una mayor confianza ciudadana en el sistema judicial.
A juicio de la autoridad, "lo que nos dice (el resultado de la encuesta es) que la campaña que estamos haciendo para aumentar las denuncias está dando buenos resultados".
Harboe también destacó el aumento en el número de personas detenidas, ya que, sostuvo, revela una mejor respuesta de la acción policial frente a la delincuencia.
El informe con las estadísticas nacionales sobre denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar incluye el cuarto trimestre de 2007 y el resumen anual de ese año, elaborado por la División de Seguridad Pública
General Bernales critica a jueces que "no aplican la pena que corresponde"
Jueves 14 de febrero de 2008
Conmoción por asesinato de dos carabineros
Hizo ver su molestia porque entre los tres detenidos por el doble homicidio hay reincidentes.
Uno de los capturados, José Muñoz, registraba además una orden de detención por hurto.
Otro de los arrestados, Alejandro Salas Munita, era camionero del frigorífico asaltado.
El Gobierno pedirá 40 años de cárcel, sin derecho a beneficios, para los autores.
El cabo Carlos Cuevas, de 36 años, era compañero de promoción del cabo Cristián Vera, quien fue asesinado el 11 de septiembre del año pasado.
La viuda del cabo Job Burgos le pidió al general director Alejandro Bernales que se haga justicia con los asesinos de su marido.
Asesinato de dos carabineros durante asalto en Quilicura:
General Bernales critica a algunos jueces que no aplican penas que eviten la reincidencia
Se manifestó molesto por el hecho de que cuatro de los cinco involucrados en el caso tenían prontuario.
PEDRO LEZAETA
Una enérgica crítica contra "algunas personas que tienen un puesto y cuando tienen que aplicar una pena no aplican la que corresponde para que los delincuentes no sigan matando gente, violando, y estén libres cuando tienen que estar presos", realizó ayer el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, al comentar con "El Mercurio" el hecho de que cuatro de los cinco integrantes de la banda involucrada en el asesinato de dos carabineros el martes, en Quilicura, son reincidentes.
-Usted dice "personas que tienen un puesto", obviamente se refiere a jueces...
"¿Pero quién administra justicia? Los jueces, obvio. Pero no me refiero a todo el Poder Judicial, no me corresponde...".
-O sea, falta más "mano dura" de parte de algunos jueces...
"Lo que planteo es -y que no se tome como una crítica contra un poder del Estado, porque las viudas me lo piden y porque somos víctimas- que algunas personas puntuales se pongan la mano en el corazón y apliquen el máximo de las penas. Pero insisto, esto no tiene que ver con todo el Poder Judicial... ¿Quién soy yo para criticarlo?".
-Dice que ustedes son víctimas hoy, ¿qué exigen?
"Me quedo con lo que me dijo la viuda del cabo Carlos Cuevas. Ella dice que no le exige nada a la justicia y se lo deja a la institución, a los carabineros. En realidad, es lo que las dos viudas me piden y eso es lo que le pido yo al tribunal que lleva el caso, que aplique el máximo de la pena".
-En estas situaciones, ¿qué es lo que percibe de la gente?, ¿las personas se están acostumbrando a que mueran carabineros?
"No, de ninguna manera. Eso no puede pasar. La gente nos pide que los carabineros tengamos mano dura, la gente pide que siempre acudamos a sus llamados y nosotros hemos cumplido lo que la gente nos pide".
-Es decir, por ser más eficaces, por llegar más rápido ante un llamado de emergencia, se paga el costo de que maten a funcionarios...
"Es que en este caso hubo una emboscada. Premeditada, alevosa... Actuó gente que lo único que pensaba era en matar a los carabineros. Porque nos hemos vuelto un peligro para los delincuentes y quieren eliminarnos".
-¿Los delincuentes le están perdiendo el respeto a la autoridad policial?
"No. Estimo que si no tuviéramos detenciones o 4.500 procedimientos diarios, quizás sí podríamos decir eso. Pero no es el caso. Lo que sí se puede decir es que los delincuentes están más violentos, y actúan de forma más violenta".
-Los cabos Carlos Cuevas y Job Burgos, ¿estaban con sus elementos de seguridad?, ¿se cumplieron los protocolos de un buen procedimiento?
"Absolutamente. Insisto, fue un ataque a mansalva. Los carabineros están propensos a eso en las calles".
-¿Se siente frustrado?
"No, porque somos profesionales. Pero sí me siento molesto. Apenado, pero muy molesto".
-¿Bueno y qué hay que hacer para que no sigan muriendo carabineros?, ¿cuál es la fórmula para ayudar en eso?
"Creo en la rehabilitación, pero en la rehabilitación de quien comete delitos por omisión. Pero el que comete un delito realmente consciente, esa persona tiene que ser juzgada y se tiene que aplicar el máximo rigor de la ley. Cuando hay reincidencia, los jueces tienen que entender eso. Aunque sea una falta. Porque, por ejemplo, no es posible que la primera autoridad de la República no pueda descansar por culpa de un grupo de señoras que la siguen por todos lados y a las que hemos detenido 25 veces... y las vamos a seguir deteniendo. Ahí debería operar el tema de la reincidencia".
Inquietud de magistrado
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel, calificó como alarmante la situación de inseguridad que vive Carabineros, ante el crimen de dos funcionarios que concurrieron a un asalto en Quilicura, y pidió mayores recursos para garantizar la vida de los policías.
Villarroel aseguró que es necesario tener "instancias legislativas posteriores que den una mayor protección al personal de Carabineros de Chile, precisamente por esa función que están desempeñando a cargo de nuestra custodia personal y de la paz social", en declaraciones a Radio Cooperativa.
Mártires
El cabo primero Carlos Cuevas Golmo y el cabo segundo Job Isaías Burgos se convirtieron en los mártires 1.017 y 1.018 de Carabineros de Chile, que suma ya cuatro de sus funcionarios asesinados desde el 11 de septiembre del año pasado a la fecha.
En esa ocasión, en disturbios ocurridos en Pudahuel fue muerto el cabo primero Cristián Vera. Por este crimen hay un detenido.
Y un mes más tarde, el 18 de octubre, tras un asalto al Banco Security, en pleno centro de Santiago, fue asesinado el cabo Luis Moyano, hecho por el cual se busca a un grupo de ex lautaristas.
Para encontrar un doble homicidio de policías como el del martes en la noche hay que remontarse al 8 de enero de 1998, cuando los carabineros Luis Alberto Arroyo y Vianel Latín Carrasco fueron asesinados tras un enfrentamiento a tiros en la población La Legua.
El hecho se desencadenó cuando los dos policías detectaron a individuos sospechosos e intervinieron para verificar su documentación. El autor de los disparos fue un hombre, de nombre político "Pablo", quien tenía antecedentes penales como ex integrante del MIR y como integrante de la banda que asaltó Madeco y robó 85 millones de pesos
Conmoción por asesinato de dos carabineros
Hizo ver su molestia porque entre los tres detenidos por el doble homicidio hay reincidentes.
Uno de los capturados, José Muñoz, registraba además una orden de detención por hurto.
Otro de los arrestados, Alejandro Salas Munita, era camionero del frigorífico asaltado.
El Gobierno pedirá 40 años de cárcel, sin derecho a beneficios, para los autores.
El cabo Carlos Cuevas, de 36 años, era compañero de promoción del cabo Cristián Vera, quien fue asesinado el 11 de septiembre del año pasado.
La viuda del cabo Job Burgos le pidió al general director Alejandro Bernales que se haga justicia con los asesinos de su marido.
Asesinato de dos carabineros durante asalto en Quilicura:
General Bernales critica a algunos jueces que no aplican penas que eviten la reincidencia
Se manifestó molesto por el hecho de que cuatro de los cinco involucrados en el caso tenían prontuario.
PEDRO LEZAETA
Una enérgica crítica contra "algunas personas que tienen un puesto y cuando tienen que aplicar una pena no aplican la que corresponde para que los delincuentes no sigan matando gente, violando, y estén libres cuando tienen que estar presos", realizó ayer el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, al comentar con "El Mercurio" el hecho de que cuatro de los cinco integrantes de la banda involucrada en el asesinato de dos carabineros el martes, en Quilicura, son reincidentes.
-Usted dice "personas que tienen un puesto", obviamente se refiere a jueces...
"¿Pero quién administra justicia? Los jueces, obvio. Pero no me refiero a todo el Poder Judicial, no me corresponde...".
-O sea, falta más "mano dura" de parte de algunos jueces...
"Lo que planteo es -y que no se tome como una crítica contra un poder del Estado, porque las viudas me lo piden y porque somos víctimas- que algunas personas puntuales se pongan la mano en el corazón y apliquen el máximo de las penas. Pero insisto, esto no tiene que ver con todo el Poder Judicial... ¿Quién soy yo para criticarlo?".
-Dice que ustedes son víctimas hoy, ¿qué exigen?
"Me quedo con lo que me dijo la viuda del cabo Carlos Cuevas. Ella dice que no le exige nada a la justicia y se lo deja a la institución, a los carabineros. En realidad, es lo que las dos viudas me piden y eso es lo que le pido yo al tribunal que lleva el caso, que aplique el máximo de la pena".
-En estas situaciones, ¿qué es lo que percibe de la gente?, ¿las personas se están acostumbrando a que mueran carabineros?
"No, de ninguna manera. Eso no puede pasar. La gente nos pide que los carabineros tengamos mano dura, la gente pide que siempre acudamos a sus llamados y nosotros hemos cumplido lo que la gente nos pide".
-Es decir, por ser más eficaces, por llegar más rápido ante un llamado de emergencia, se paga el costo de que maten a funcionarios...
"Es que en este caso hubo una emboscada. Premeditada, alevosa... Actuó gente que lo único que pensaba era en matar a los carabineros. Porque nos hemos vuelto un peligro para los delincuentes y quieren eliminarnos".
-¿Los delincuentes le están perdiendo el respeto a la autoridad policial?
"No. Estimo que si no tuviéramos detenciones o 4.500 procedimientos diarios, quizás sí podríamos decir eso. Pero no es el caso. Lo que sí se puede decir es que los delincuentes están más violentos, y actúan de forma más violenta".
-Los cabos Carlos Cuevas y Job Burgos, ¿estaban con sus elementos de seguridad?, ¿se cumplieron los protocolos de un buen procedimiento?
"Absolutamente. Insisto, fue un ataque a mansalva. Los carabineros están propensos a eso en las calles".
-¿Se siente frustrado?
"No, porque somos profesionales. Pero sí me siento molesto. Apenado, pero muy molesto".
-¿Bueno y qué hay que hacer para que no sigan muriendo carabineros?, ¿cuál es la fórmula para ayudar en eso?
"Creo en la rehabilitación, pero en la rehabilitación de quien comete delitos por omisión. Pero el que comete un delito realmente consciente, esa persona tiene que ser juzgada y se tiene que aplicar el máximo rigor de la ley. Cuando hay reincidencia, los jueces tienen que entender eso. Aunque sea una falta. Porque, por ejemplo, no es posible que la primera autoridad de la República no pueda descansar por culpa de un grupo de señoras que la siguen por todos lados y a las que hemos detenido 25 veces... y las vamos a seguir deteniendo. Ahí debería operar el tema de la reincidencia".
Inquietud de magistrado
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel, calificó como alarmante la situación de inseguridad que vive Carabineros, ante el crimen de dos funcionarios que concurrieron a un asalto en Quilicura, y pidió mayores recursos para garantizar la vida de los policías.
Villarroel aseguró que es necesario tener "instancias legislativas posteriores que den una mayor protección al personal de Carabineros de Chile, precisamente por esa función que están desempeñando a cargo de nuestra custodia personal y de la paz social", en declaraciones a Radio Cooperativa.
Mártires
El cabo primero Carlos Cuevas Golmo y el cabo segundo Job Isaías Burgos se convirtieron en los mártires 1.017 y 1.018 de Carabineros de Chile, que suma ya cuatro de sus funcionarios asesinados desde el 11 de septiembre del año pasado a la fecha.
En esa ocasión, en disturbios ocurridos en Pudahuel fue muerto el cabo primero Cristián Vera. Por este crimen hay un detenido.
Y un mes más tarde, el 18 de octubre, tras un asalto al Banco Security, en pleno centro de Santiago, fue asesinado el cabo Luis Moyano, hecho por el cual se busca a un grupo de ex lautaristas.
Para encontrar un doble homicidio de policías como el del martes en la noche hay que remontarse al 8 de enero de 1998, cuando los carabineros Luis Alberto Arroyo y Vianel Latín Carrasco fueron asesinados tras un enfrentamiento a tiros en la población La Legua.
El hecho se desencadenó cuando los dos policías detectaron a individuos sospechosos e intervinieron para verificar su documentación. El autor de los disparos fue un hombre, de nombre político "Pablo", quien tenía antecedentes penales como ex integrante del MIR y como integrante de la banda que asaltó Madeco y robó 85 millones de pesos
miércoles, 31 de octubre de 2007
Diálogo oficialismo-Alianza centrará su debate en la defensa y apoyo de las víctimas
Miércoles 31 de octubre de 2007
Grupo de trabajo tendrá 15 días para sacar adelante las propuestas, entre las que se incluye el Ministerio de Seguridad.
B. MARINO Y M. CAMPUSANO
La defensa jurídica y la ayuda especializada para las víctimas de la delincuencia será uno de los puntos que concentrará el debate que en los próximos días llevará adelante la mesa unitaria que se conformó ayer entre La Moneda y la Alianza, a la cual se sumarán hoy los jefes de bancada de la Concertación.
Esta idea es una de las once propuestas contenidas en un documento que fue entregado por los negociadores de la oposición, Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI), al ministro del Interior, Belisario Velasco, y al subsecretario Felipe Harboe, en la primera reunión de los equipos que se conformaron tras la polémica que se generó con la repentina irrupción de Joaquín Lavín en los temas de seguridad ciudadana.
La posibilidad de acordar con éxito diversos mecanismos de protección a las víctimas radica fundamentalmente en que tanto La Moneda como el propio oficialismo compartan este punto como uno de los principales a la hora de realizar una estrategia antidelincuencia.
De hecho, no sólo fuentes de Interior aseguran que "todos estamos de acuerdo en atender mejor a las víctimas", sino que el vicepresidente de la DC y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, apoyó poner el acento en el tema.
"El tema de otorgar asistencia y protección a las víctimas de delitos es algo que venimos planteando hace mucho tiempo, muchos diputados, con menos zalagarda pública y en eso vamos a estar de acuerdo", dijo.
Pero a pesar de este consenso, el Ejecutivo no puede comprometerse de inmediato a la petición de la Alianza de crear una Defensoría Penal Ciudadana, debido a que -según se dijo- aún no se han hecho los estudios de factibilidad correspondientes, ni por parte del Gobierno ni desde la misma oposición.
Otras propuestas
La minuta elaborada por Chadwick y Espina incluyó también otras diez propuestas, algunas de las cuales están contenidas en la denominada "agenda corta" del Gobierno.
Se trata de las normas que impiden la libertad provisional de los detenidos por delitos graves; la que impide otorgar el beneficio de la suspensión condicional del juicio y la condena a quien haya cometido un delito con anterioridad; y la que otorga la posibilidad al fiscal para que apele a la resolución del juez de garantía cuando éste declare, por razones formales, ilegal la detención de un delincuente.
Todas éstas fueron aprobadas en forma unánime ayer en una comisión mixta del Congreso.
Y aunque la reunión, que se extendió por más de una hora, Gobierno y oposición conversaron en un clima que ambos lados catalogaron como "positivo y ameno", Espina recalcó que la responsabilidad final de sacar adelante las medidas antidelicuencia es del Ejecutivo.
"Cuando hay un cirujano es muy importante que tenga un buen bisturí, pero si el cirujano es malo, la operación va a fracasar", afirmó el parlamentario.
Enterado de las palabras, el subsecretario Harboe recordó que "el tango se baila de a dos" en referencia a la disposición de la Alianza y el oficialismo a alcanzar acuerdos en la materia.
Tras un encuentro en La Moneda entre el ministro Velasco, el subsecretario Harboe y los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina, la comisión Gobierno-Oposición trabajará en el Congreso con un plazo de 15 días.
Foto:HÉCTOR YÁÑEZ
Grupo de trabajo tendrá 15 días para sacar adelante las propuestas, entre las que se incluye el Ministerio de Seguridad.
B. MARINO Y M. CAMPUSANO
La defensa jurídica y la ayuda especializada para las víctimas de la delincuencia será uno de los puntos que concentrará el debate que en los próximos días llevará adelante la mesa unitaria que se conformó ayer entre La Moneda y la Alianza, a la cual se sumarán hoy los jefes de bancada de la Concertación.
Esta idea es una de las once propuestas contenidas en un documento que fue entregado por los negociadores de la oposición, Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI), al ministro del Interior, Belisario Velasco, y al subsecretario Felipe Harboe, en la primera reunión de los equipos que se conformaron tras la polémica que se generó con la repentina irrupción de Joaquín Lavín en los temas de seguridad ciudadana.
La posibilidad de acordar con éxito diversos mecanismos de protección a las víctimas radica fundamentalmente en que tanto La Moneda como el propio oficialismo compartan este punto como uno de los principales a la hora de realizar una estrategia antidelincuencia.
De hecho, no sólo fuentes de Interior aseguran que "todos estamos de acuerdo en atender mejor a las víctimas", sino que el vicepresidente de la DC y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, apoyó poner el acento en el tema.
"El tema de otorgar asistencia y protección a las víctimas de delitos es algo que venimos planteando hace mucho tiempo, muchos diputados, con menos zalagarda pública y en eso vamos a estar de acuerdo", dijo.
Pero a pesar de este consenso, el Ejecutivo no puede comprometerse de inmediato a la petición de la Alianza de crear una Defensoría Penal Ciudadana, debido a que -según se dijo- aún no se han hecho los estudios de factibilidad correspondientes, ni por parte del Gobierno ni desde la misma oposición.
Otras propuestas
La minuta elaborada por Chadwick y Espina incluyó también otras diez propuestas, algunas de las cuales están contenidas en la denominada "agenda corta" del Gobierno.
Se trata de las normas que impiden la libertad provisional de los detenidos por delitos graves; la que impide otorgar el beneficio de la suspensión condicional del juicio y la condena a quien haya cometido un delito con anterioridad; y la que otorga la posibilidad al fiscal para que apele a la resolución del juez de garantía cuando éste declare, por razones formales, ilegal la detención de un delincuente.
Todas éstas fueron aprobadas en forma unánime ayer en una comisión mixta del Congreso.
Y aunque la reunión, que se extendió por más de una hora, Gobierno y oposición conversaron en un clima que ambos lados catalogaron como "positivo y ameno", Espina recalcó que la responsabilidad final de sacar adelante las medidas antidelicuencia es del Ejecutivo.
"Cuando hay un cirujano es muy importante que tenga un buen bisturí, pero si el cirujano es malo, la operación va a fracasar", afirmó el parlamentario.
Enterado de las palabras, el subsecretario Harboe recordó que "el tango se baila de a dos" en referencia a la disposición de la Alianza y el oficialismo a alcanzar acuerdos en la materia.
Tras un encuentro en La Moneda entre el ministro Velasco, el subsecretario Harboe y los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina, la comisión Gobierno-Oposición trabajará en el Congreso con un plazo de 15 días.
Foto:HÉCTOR YÁÑEZ
Seguridad: Alianza va a La Moneda abierta a evaluar subsecretaría
Martes 30 de octubre de 2007
La Concertación, en tanto, exigió una mesa única de trabajo y no una paralela.
M. CAMPUSANO Y F. TORREALBA
Su disposición a evaluar la creación de una subsecretaría de seguridad en lugar de un ministerio expresaron ayer algunos de los integrantes de la comisión encargada del tema en la Alianza, en una reunión de coordinación previa a la que tendrán hoy los senadores Alberto Espina y Andrés Chadwick, en La Moneda, con el ministro Belisario Velasco y el subsecretario Felipe Harboe.
La apertura se da en momentos en que el Ejecutivo ha insistido que la mejor vía para canalizar la gestión en seguridad es a través de la creación de una subsecretaría de seguridad, dependiente de Interior, convirtiéndose así en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
"Nuestro compromiso permanente es hacer todos nuestros esfuerzos para que la lucha contra la delincuencia sea una lucha eficaz", aseveró Chadwick tras la cita aliancista.
En la oposición, especialmente en RN, han insistido en la necesidad de un nuevo ministerio, por lo que la disposición a materializar una subsecretaría se debería a que de esta manera palacio se comprometería a recoger varias de las iniciativas que RN y la UDI proponen.
Entre éstas se incluye ayuda especializada y jurídica a las víctimas, restringir las libertades provisionales, terminar con la puerta giratoria, mejorar la gestión de los programas de rehabilitación y las penas alternativas, entre otras.
En tanto, desde la Concertación, los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, en el propio encuentro que sostuvieron ayer con Velasco y Harboe, exigieron ser incorporados en la mesa de trabajo con la oposición.
Según los diputados Fulvio Rossi, del PS; Roberto León, de la DC; Jaime Quintana, del PPD, y Samuel Venegas, de los radicales, no se justifica el trabajo en paralelo, por lo que se mostraron confiados en que las labores pro seguridad quedarán aglutinadas en una sola comisión, en especial porque una vez concretadas las propuestas, éstas deberán materializarse en el Congreso.
"Lo único que la gente no quiere es más instancias burocráticas, la gente está cabreada de comisiones (...) no tiene ningún sentido que se junte el gobierno con la oposición y el gobierno con la Concertación", dijo el diputado Rossi.
La Concertación, en tanto, exigió una mesa única de trabajo y no una paralela.
M. CAMPUSANO Y F. TORREALBA
Su disposición a evaluar la creación de una subsecretaría de seguridad en lugar de un ministerio expresaron ayer algunos de los integrantes de la comisión encargada del tema en la Alianza, en una reunión de coordinación previa a la que tendrán hoy los senadores Alberto Espina y Andrés Chadwick, en La Moneda, con el ministro Belisario Velasco y el subsecretario Felipe Harboe.
La apertura se da en momentos en que el Ejecutivo ha insistido que la mejor vía para canalizar la gestión en seguridad es a través de la creación de una subsecretaría de seguridad, dependiente de Interior, convirtiéndose así en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
"Nuestro compromiso permanente es hacer todos nuestros esfuerzos para que la lucha contra la delincuencia sea una lucha eficaz", aseveró Chadwick tras la cita aliancista.
En la oposición, especialmente en RN, han insistido en la necesidad de un nuevo ministerio, por lo que la disposición a materializar una subsecretaría se debería a que de esta manera palacio se comprometería a recoger varias de las iniciativas que RN y la UDI proponen.
Entre éstas se incluye ayuda especializada y jurídica a las víctimas, restringir las libertades provisionales, terminar con la puerta giratoria, mejorar la gestión de los programas de rehabilitación y las penas alternativas, entre otras.
En tanto, desde la Concertación, los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, en el propio encuentro que sostuvieron ayer con Velasco y Harboe, exigieron ser incorporados en la mesa de trabajo con la oposición.
Según los diputados Fulvio Rossi, del PS; Roberto León, de la DC; Jaime Quintana, del PPD, y Samuel Venegas, de los radicales, no se justifica el trabajo en paralelo, por lo que se mostraron confiados en que las labores pro seguridad quedarán aglutinadas en una sola comisión, en especial porque una vez concretadas las propuestas, éstas deberán materializarse en el Congreso.
"Lo único que la gente no quiere es más instancias burocráticas, la gente está cabreada de comisiones (...) no tiene ningún sentido que se junte el gobierno con la oposición y el gobierno con la Concertación", dijo el diputado Rossi.
Críticas de Baytelman a los planes antidelitos generan reacciones
Lunes 29 de octubre de 2007
Mientras el Gobierno defendió sus programas, el diputado Burgos y académico de la U. de Chile apoyan al ex fiscal.
R. VERGARA, S. RIVAS Y A. BARRÍA
Las críticas del director ejecutivo de Paz Ciudadana y ex fiscal, Andrés Baytelman, a la manera que en el mundo político enfrenta el problema de la delincuencia no pasaron inadvertidas y generaron reacciones.
La principal fue la del Gobierno, que salió al paso de la visión crítica del ex persecutor, principalmente en lo que se refiere a la no evaluación de los programas públicos antidelitos. "No sabemos si en verdad funcionan...", señaló Baytelman.
"En el Gobierno tenemos un sistema de monitoreo permanente. Hemos dedicado una cantidad de recursos enormes, hemos visto resultados concretos en algunas áreas", respondió el vocero Ricardo Lagos Weber.
El ministro agregó: "Yo le diría que quien tiene opiniones, que las plantee, por los medios, pero también en reuniones. Que plantee sus puntos bien responsablemente. Todas las críticas son bienvenidas y todos los aportes también".
Quien estuvo de acuerdo con Baytelman fue el diputado Jorge Burgos (DC), presidente de la comisión de Legislación y Justicia de la Cámara.
"Es una voz que pone mesura en una cierta competencia de populismo que encuentro muy preocupante", reflexionó el parlamentario, quien criticó, también, cómo la administración de Michelle Bachelet lleva el tema.
"Ha sido un gobierno reactivo y no activo. Más bien 'está bailando con la música que pone la derecha'. No creo que el camino para enfrentar los problemas de seguridad sea el 'borrar con el codo' el nuevo proceso", advirtió el legislador.
Al final, Burgos alertó: "Cuidado con dar la señal al país de que a través de modificaciones procesales se avanza mucho, cuando el riesgo es que se puede retroceder".
El académico y director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, concuerda con Baytelman en cuanto a las falencias evaluativas de los programas. Sostiene, además, que los proyectos de ley de la llamada "agenda corta" no se basan en análisis empíricos.
"Creo que hay un divorcio entre el debate que se da en los medios, los anuncios, los discursos y las proyecciones, y lo que nosotros constatamos a través de estudios, análisis y conversación con actores. Eso lo noto, principalmente, a nivel parlamentario", opinó el académico.
En Reñaca, en tanto, los ministros de la Corte Suprema, en general, desestimaron que los esfuerzos legislativos que se realizan a través de la "agenda corta" vayan a tener escasos resultados, como planteó Baytelman.
El ministro Milton Juica recordó que la Suprema entregó un informe favorable a las medidas planteadas en dicha agenda y que, en rigor, "el tema de la seguridad ciudadana y el problema de la delincuencia no le corresponden enteramente al Poder Judicial, que tiene una función netamente represiva".
Hugo Frühling, experto en seguridad ciudadana de la U. de Chile.
Foto:EL MERCURIO
Mientras el Gobierno defendió sus programas, el diputado Burgos y académico de la U. de Chile apoyan al ex fiscal.
R. VERGARA, S. RIVAS Y A. BARRÍA
Las críticas del director ejecutivo de Paz Ciudadana y ex fiscal, Andrés Baytelman, a la manera que en el mundo político enfrenta el problema de la delincuencia no pasaron inadvertidas y generaron reacciones.
La principal fue la del Gobierno, que salió al paso de la visión crítica del ex persecutor, principalmente en lo que se refiere a la no evaluación de los programas públicos antidelitos. "No sabemos si en verdad funcionan...", señaló Baytelman.
"En el Gobierno tenemos un sistema de monitoreo permanente. Hemos dedicado una cantidad de recursos enormes, hemos visto resultados concretos en algunas áreas", respondió el vocero Ricardo Lagos Weber.
El ministro agregó: "Yo le diría que quien tiene opiniones, que las plantee, por los medios, pero también en reuniones. Que plantee sus puntos bien responsablemente. Todas las críticas son bienvenidas y todos los aportes también".
Quien estuvo de acuerdo con Baytelman fue el diputado Jorge Burgos (DC), presidente de la comisión de Legislación y Justicia de la Cámara.
"Es una voz que pone mesura en una cierta competencia de populismo que encuentro muy preocupante", reflexionó el parlamentario, quien criticó, también, cómo la administración de Michelle Bachelet lleva el tema.
"Ha sido un gobierno reactivo y no activo. Más bien 'está bailando con la música que pone la derecha'. No creo que el camino para enfrentar los problemas de seguridad sea el 'borrar con el codo' el nuevo proceso", advirtió el legislador.
Al final, Burgos alertó: "Cuidado con dar la señal al país de que a través de modificaciones procesales se avanza mucho, cuando el riesgo es que se puede retroceder".
El académico y director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, concuerda con Baytelman en cuanto a las falencias evaluativas de los programas. Sostiene, además, que los proyectos de ley de la llamada "agenda corta" no se basan en análisis empíricos.
"Creo que hay un divorcio entre el debate que se da en los medios, los anuncios, los discursos y las proyecciones, y lo que nosotros constatamos a través de estudios, análisis y conversación con actores. Eso lo noto, principalmente, a nivel parlamentario", opinó el académico.
En Reñaca, en tanto, los ministros de la Corte Suprema, en general, desestimaron que los esfuerzos legislativos que se realizan a través de la "agenda corta" vayan a tener escasos resultados, como planteó Baytelman.
El ministro Milton Juica recordó que la Suprema entregó un informe favorable a las medidas planteadas en dicha agenda y que, en rigor, "el tema de la seguridad ciudadana y el problema de la delincuencia no le corresponden enteramente al Poder Judicial, que tiene una función netamente represiva".
Hugo Frühling, experto en seguridad ciudadana de la U. de Chile.
Foto:EL MERCURIO
Velasco explica por qué no se ha reunido con Piñera
Lunes 29 de octubre de 2007
El ministro del Interior, Belisario Velasco, aseguró ayer que el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, jamás lo llamó para entregarle sus propuestas sobre seguridad, en medio de la polémica generada por haber recibido -en cambio- a Joaquín Lavín para lo mismo.
"Lo único que oí antes fue un 'aquí y ahora' que es más una imposición que el ánimo de dialogar. Pero él no me ha llamado ni me ha hecho saber que está dispuesto a conversar. Lavín lo hizo", aseguró Velasco a TVN.
Dijo que de haberlo llamado Piñera "por supuesto que lo habría recibido. Lo que pasa es que hubo una respuesta directa de Lavín en ese sentido", arguyó.
Además, desestimó que la Presidenta Bachelet fuera víctima de "femicidio político", sino que las críticas en su contra son sólo una muestra de machismo. "No creo que haya un 'femicidio', creo que hay gente que no está de acuerdo con ella y lo plantea de distintas formas".
El ministro del Interior, Belisario Velasco, aseguró ayer que el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, jamás lo llamó para entregarle sus propuestas sobre seguridad, en medio de la polémica generada por haber recibido -en cambio- a Joaquín Lavín para lo mismo.
"Lo único que oí antes fue un 'aquí y ahora' que es más una imposición que el ánimo de dialogar. Pero él no me ha llamado ni me ha hecho saber que está dispuesto a conversar. Lavín lo hizo", aseguró Velasco a TVN.
Dijo que de haberlo llamado Piñera "por supuesto que lo habría recibido. Lo que pasa es que hubo una respuesta directa de Lavín en ese sentido", arguyó.
Además, desestimó que la Presidenta Bachelet fuera víctima de "femicidio político", sino que las críticas en su contra son sólo una muestra de machismo. "No creo que haya un 'femicidio', creo que hay gente que no está de acuerdo con ella y lo plantea de distintas formas".
"El debate está fuera de foco, y no va a producir impacto en la seguridad pública"
Domingo 28 de octubre de 2007
"El énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación".
"No sabemos si los fondos públicos se invierten en programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad".
MAURICIO CARVALLO
Quien se hiciera conocido como fiscal del centro de Santiago y por la idea de estrategias antidelictuales inteligentes, sin dejar de reconocer méritos, plantea su crítica -descarnada, y a veces demoledora- sobre cómo Gobierno y oposición están enfrentando el tema de la delincuencia.
-¿Qué piensa del debate sobre delincuencia?
"La pregunta clave es: ¿qué funciona realmente? Hoy hay conocimiento muy específico, que constituye un estándar técnico. Los paquetes de medidas (agenda corta, 14 medidas del Gobierno, 34 de la oposición) contienen algunas iniciativas útiles, pero en su mayoría abordan problemas marginales o irrelevantes, varios ya superados, y algunas son contraproducentes. En su conjunto, me parece que pueden aprobarse todas mañana y no habría un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. Por otro lado, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública -el eje de todo el discurso del Gobierno-, siendo un esfuerzo meritorio, descansa casi enteramente sobre programas que no tienen evaluación".
-¿El estado de emergencia política con que parece estar tratándose el tema es lo que faltaba para disminuir la delincuencia?
"No. Veo cuatro ejes problemáticos para lograr resultados reales. Primero, el énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación. En segundo lugar, están las medidas "urgentes" tanto del Gobierno como de la oposición. Muchas de ellas son buenas, pero por otras razones: es bueno que los policías estén más protegidos, o que ciertas víctimas puedan ser mejor atendidas, y que jóvenes pobres puedan capacitarse. Pero eso no necesariamente impacta en la delincuencia. A cambio, esas medidas impiden que abordemos problemas realmente sustantivos, de los que sí urge hacerse cargo".
-¿Cómo así?
"Tomemos el tema de las franjas de impunidad, que domina el debate público. Las medidas de ambos lados apuntan a la prisión preventiva en los delitos graves, a las detenciones ilegales, a las facultades policiales para detener... Ninguno de éstos constituye realmente un problema de impunidad, más allá de los errores que se puedan cometer. Las facultades policiales dejaron de ser un problema importante hace tiempo. En cambio, la mitad de la población condenada, 40 mil personas al año, lo es a penas en libertad -alternativas a la cárcel-, diseñadas para promover la reinserción, pero la realidad las transforma hoy en una enorme franja de impunidad. Sorprende que nadie siquiera mencione este tema, frente al cual los problemas asociados a la prisión preventiva o a las detenciones ilegales parecen insignificantes. Lo mismo ocurre cuando las propuestas se focalizan en los delitos graves, porque las franjas de impunidad no están realmente aquí, sino en los delitos menores y de mediana gravedad (hurtos, robos con sorpresa, lesiones, amenazas). Son propuestas con el foco equivocado, y algunas de ellas derechamente contraproducentes".
-¿Por qué lo dice?
"Veamos la agenda corta. Hay delitos en que está claro que el imputado lo hizo, pero la prueba es débil. Por ejemplo, robo con intimidación. Todos los días, especialmente si el delito no produjo ningún daño real a las víctimas, el sistema obtiene condenas, pese a la debilidad del caso, por un procedimiento abreviado (negociación entre fiscal, imputado y defensor, en la que el imputado renuncia al juicio a cambio de una pena más baja). Las modificaciones de la agenda corta van a cerrar esta vía y van a forzar el juicio. Muchas de estas condenas se van a convertir en absoluciones si se llevan a juicio y, probablemente, los fiscales -en casos que hoy se condenan- simplemente no van a perseverar. Esta modificación va a producir impunidad, lo contrario de lo que se pretende. Esto, sin mencionar el impacto en cuanto a mayor población y costo carcelario".
-¿Y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública?
"Es el tercer eje problemático. Debe valorarse el esfuerzo por construir una estrategia integral. Es un buen discurso, pero no sabemos -y no quiero descalificarla, realmente no sabemos- si puede llegar a ser algo más que eso, porque la mayoría de sus programas no cuenta con evaluaciones. No sabemos si en verdad funcionan para la prevención y control del delito, o la reinserción. No sabemos cómo se están implementando, cuáles son sus problemas y correcciones, y si vale la pena la inversión que demandan. En el supuesto de que algunos sean eficaces, tampoco existe metodología para hacer de ellos un estándar de calidad, de manera que un mismo programa se aplique de diversas maneras en distintos lugares. Para su propia legitimación, los programas de la estrategia antidelincuencia deben abrirse a la evaluación independiente por la sociedad civil. Esta participación sería tanto o más importante que la que se invoca respecto de su gestación".
-Sin embargo, estos programas se están ampliando...
"Se aumentan su cobertura y el gasto, y no sabemos si los fondos públicos se están invirtiendo en ampliar programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad pública. La pregunta es por qué se trabaja de esta manera. El énfasis está en la cobertura, no en la implementación ni en asegurar metodologías medibles".
-¿Sería más rentable políticamente?
"No sé. Puede ser que parezca más impactante decir estamos atendiendo a 55 mil personas en lugar de decir mil 500, pero preocupándonos de construir una metodología evaluada y eficaz. Y la cuestión es: ¿quién va a responder cuando, en cinco años más, descubramos que lo que hicimos nos tiene igual que antes? Hoy, cinco años después, descubrimos que gastamos $15 mil millones en el Programa Comuna Segura, expandiéndolo año tras año, y parece que no funcionaba... Me parece imprescindible evaluar, porque empieza a haber información que sugiere que hay problemas en la capacidad para hacer llegar las iniciativas de la Estrategia a las personas y a los barrios. Programas emblemáticos han probado no funcionar, y en otros el impacto no está claro".
-¿Como por ejemplo?
"Comuna Segura fue hasta hace poco un programa emblemático, y tras cinco años y un gasto de $15 mil millones, desapareció o fue radicalmente reformulado, sin que haya documentación oficial, al menos pública, que explique la decisión, describa los problemas y la evaluación que determinaron tal decisión, justifique cómo el traspaso de los fondos a las municipalidades corrige esos problemas. En responsabilidad penal adolescente, los programas de rehabilitación y toda la filosofía en torno a la reinserción de los menores, que justificaron varios años y recursos para una reforma estructural, no parecen lograr instalarse. El Plan Cuadrante aparece evaluado por la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda como un avance muy importante en la gestión de los recursos policiales y en la satisfacción de las demandas por servicio policial, pero el mismo informe concluye también que no puede, a la fecha, contribuir al objetivo de reducir victimización y temor. En la red social a nivel de barrio y usuarios finales hay información que sugiere duplicación y sobreposición de programas, intervenciones de nivel puramente diagnóstico, escasa coordinación entre instituciones y programas, disputas por los fondos estatales, y en muchos casos falta de focalización. Todo esto se traduciría en programas de bajo impacto, y son $100 mil millones invertidos en esta área. Aunque, de nuevo, es difícil saber, porque no hay evaluaciones ni información disponible suficiente para hacer seguimientos independientes".
-¿Un ejemplo?
"Cuando se anuncia que 5 mil jóvenes en vulnerabilidad serán capacitados laboralmente, no está claro cuál es el grupo objetivo, si han cometido delitos, si son carreras delictuales en potencia, cómo se hizo ese diagnóstico y selección. Si sólo se trata de jóvenes pobres, sin duda es un gran programa social, pero no necesariamente está previniendo delincuencia. Tal vez sólo unos pocos o ninguno de esos jóvenes iban a seguir carreras delictuales. Tal vez algunos las sigan de todos modos, porque sus factores de riesgo están asociados a abuso de drogas, abusos sexuales o maltrato infantil. Si es así, el gasto no está focalizado, y probablemente el impacto tampoco.
-¿Qué está sucediendo con la rehabilitación?
"Las estrategias exitosas son integrales, y el discurso de la Estrategia Nacional debe ser reconocido. Pero eso quiere decir fuerte inversión de recursos, construcción de capacidad técnica y persistente voluntad política para diseñar programas probados de prevención y reinserción, y conjugarlos con formas eficaces de control y persecución del delito. Pero en inserción y rehabilitación -y ése es el cuarto eje problemático-, simplemente, no hay oferta programática. Las medidas alternativas a la cárcel, lidiando con la mitad de los condenados, disponen sólo del 3% del presupuesto de Gendarmería. Todos los años egresan de las cárceles chilenas alrededor de 20 mil personas, y necesitan oportunidades para rehacer sus vidas. La oferta estatal en la actualidad es un solo programa... que atiende a 250 personas. La propuesta de la Estrategia es aumentarlas en otros... 300 cupos. No hay oferta, en un área de máxima importancia si se quiere reducir delincuencia: es muy predecible que muchos vuelvan a delinquir. Aunque no lo sabemos, porque tampoco hay estudios fuertes y públicos de reincidencia".
-¿Qué rescata del debate político que surgió en los últimos días sobre este tema?
"Rescato la intención, el discurso de integralidad, la idea de hacer de esto una política de Estado. Que se haga en un trabajo conjunto entre el Gobierno, la oposición y todos los sectores. Como se hizo la Reforma Procesal Penal. Pero hasta ahora no ha alcanzado para desideologizar el tema. Si estuviera siendo abordado técnicamente, muy pocas de las medidas propuestas seguirían circulando".
"Hace unos días, el subsecretario del Interior, en una columna de opinión, vinculaba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con los intensos desarrollos internacionales en el área delincuencia. Si hubiera una sola lección que aprender de la experiencia internacional, es que son las prácticas, la implementación y la metodología lo que producen los cambios".
"Sin excepción, donde se ha logrado reducir el delito, se ha hecho sobre bases sustancialmente operativas. No son las leyes ni los planes ni los discursos. La experiencia internacional muestra también que en esta área -en la que por cada experiencia que funciona hay cientos que fracasan-, las metodologías exitosas sólo se han podido construir mediante un riguroso proceso de implementación, seguimiento, evaluación de objetivos y corrección. Por eso, en esta área, lo que no está evaluado no cuenta".
"El énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación".
"No sabemos si los fondos públicos se invierten en programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad".
MAURICIO CARVALLO
Quien se hiciera conocido como fiscal del centro de Santiago y por la idea de estrategias antidelictuales inteligentes, sin dejar de reconocer méritos, plantea su crítica -descarnada, y a veces demoledora- sobre cómo Gobierno y oposición están enfrentando el tema de la delincuencia.
-¿Qué piensa del debate sobre delincuencia?
"La pregunta clave es: ¿qué funciona realmente? Hoy hay conocimiento muy específico, que constituye un estándar técnico. Los paquetes de medidas (agenda corta, 14 medidas del Gobierno, 34 de la oposición) contienen algunas iniciativas útiles, pero en su mayoría abordan problemas marginales o irrelevantes, varios ya superados, y algunas son contraproducentes. En su conjunto, me parece que pueden aprobarse todas mañana y no habría un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. Por otro lado, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública -el eje de todo el discurso del Gobierno-, siendo un esfuerzo meritorio, descansa casi enteramente sobre programas que no tienen evaluación".
-¿El estado de emergencia política con que parece estar tratándose el tema es lo que faltaba para disminuir la delincuencia?
"No. Veo cuatro ejes problemáticos para lograr resultados reales. Primero, el énfasis está puesto en las modificaciones legales, cuando realmente los problemas principales son de implementación. En segundo lugar, están las medidas "urgentes" tanto del Gobierno como de la oposición. Muchas de ellas son buenas, pero por otras razones: es bueno que los policías estén más protegidos, o que ciertas víctimas puedan ser mejor atendidas, y que jóvenes pobres puedan capacitarse. Pero eso no necesariamente impacta en la delincuencia. A cambio, esas medidas impiden que abordemos problemas realmente sustantivos, de los que sí urge hacerse cargo".
-¿Cómo así?
"Tomemos el tema de las franjas de impunidad, que domina el debate público. Las medidas de ambos lados apuntan a la prisión preventiva en los delitos graves, a las detenciones ilegales, a las facultades policiales para detener... Ninguno de éstos constituye realmente un problema de impunidad, más allá de los errores que se puedan cometer. Las facultades policiales dejaron de ser un problema importante hace tiempo. En cambio, la mitad de la población condenada, 40 mil personas al año, lo es a penas en libertad -alternativas a la cárcel-, diseñadas para promover la reinserción, pero la realidad las transforma hoy en una enorme franja de impunidad. Sorprende que nadie siquiera mencione este tema, frente al cual los problemas asociados a la prisión preventiva o a las detenciones ilegales parecen insignificantes. Lo mismo ocurre cuando las propuestas se focalizan en los delitos graves, porque las franjas de impunidad no están realmente aquí, sino en los delitos menores y de mediana gravedad (hurtos, robos con sorpresa, lesiones, amenazas). Son propuestas con el foco equivocado, y algunas de ellas derechamente contraproducentes".
-¿Por qué lo dice?
"Veamos la agenda corta. Hay delitos en que está claro que el imputado lo hizo, pero la prueba es débil. Por ejemplo, robo con intimidación. Todos los días, especialmente si el delito no produjo ningún daño real a las víctimas, el sistema obtiene condenas, pese a la debilidad del caso, por un procedimiento abreviado (negociación entre fiscal, imputado y defensor, en la que el imputado renuncia al juicio a cambio de una pena más baja). Las modificaciones de la agenda corta van a cerrar esta vía y van a forzar el juicio. Muchas de estas condenas se van a convertir en absoluciones si se llevan a juicio y, probablemente, los fiscales -en casos que hoy se condenan- simplemente no van a perseverar. Esta modificación va a producir impunidad, lo contrario de lo que se pretende. Esto, sin mencionar el impacto en cuanto a mayor población y costo carcelario".
-¿Y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública?
"Es el tercer eje problemático. Debe valorarse el esfuerzo por construir una estrategia integral. Es un buen discurso, pero no sabemos -y no quiero descalificarla, realmente no sabemos- si puede llegar a ser algo más que eso, porque la mayoría de sus programas no cuenta con evaluaciones. No sabemos si en verdad funcionan para la prevención y control del delito, o la reinserción. No sabemos cómo se están implementando, cuáles son sus problemas y correcciones, y si vale la pena la inversión que demandan. En el supuesto de que algunos sean eficaces, tampoco existe metodología para hacer de ellos un estándar de calidad, de manera que un mismo programa se aplique de diversas maneras en distintos lugares. Para su propia legitimación, los programas de la estrategia antidelincuencia deben abrirse a la evaluación independiente por la sociedad civil. Esta participación sería tanto o más importante que la que se invoca respecto de su gestación".
-Sin embargo, estos programas se están ampliando...
"Se aumentan su cobertura y el gasto, y no sabemos si los fondos públicos se están invirtiendo en ampliar programas que producen mucho, poco o ningún impacto en seguridad pública. La pregunta es por qué se trabaja de esta manera. El énfasis está en la cobertura, no en la implementación ni en asegurar metodologías medibles".
-¿Sería más rentable políticamente?
"No sé. Puede ser que parezca más impactante decir estamos atendiendo a 55 mil personas en lugar de decir mil 500, pero preocupándonos de construir una metodología evaluada y eficaz. Y la cuestión es: ¿quién va a responder cuando, en cinco años más, descubramos que lo que hicimos nos tiene igual que antes? Hoy, cinco años después, descubrimos que gastamos $15 mil millones en el Programa Comuna Segura, expandiéndolo año tras año, y parece que no funcionaba... Me parece imprescindible evaluar, porque empieza a haber información que sugiere que hay problemas en la capacidad para hacer llegar las iniciativas de la Estrategia a las personas y a los barrios. Programas emblemáticos han probado no funcionar, y en otros el impacto no está claro".
-¿Como por ejemplo?
"Comuna Segura fue hasta hace poco un programa emblemático, y tras cinco años y un gasto de $15 mil millones, desapareció o fue radicalmente reformulado, sin que haya documentación oficial, al menos pública, que explique la decisión, describa los problemas y la evaluación que determinaron tal decisión, justifique cómo el traspaso de los fondos a las municipalidades corrige esos problemas. En responsabilidad penal adolescente, los programas de rehabilitación y toda la filosofía en torno a la reinserción de los menores, que justificaron varios años y recursos para una reforma estructural, no parecen lograr instalarse. El Plan Cuadrante aparece evaluado por la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda como un avance muy importante en la gestión de los recursos policiales y en la satisfacción de las demandas por servicio policial, pero el mismo informe concluye también que no puede, a la fecha, contribuir al objetivo de reducir victimización y temor. En la red social a nivel de barrio y usuarios finales hay información que sugiere duplicación y sobreposición de programas, intervenciones de nivel puramente diagnóstico, escasa coordinación entre instituciones y programas, disputas por los fondos estatales, y en muchos casos falta de focalización. Todo esto se traduciría en programas de bajo impacto, y son $100 mil millones invertidos en esta área. Aunque, de nuevo, es difícil saber, porque no hay evaluaciones ni información disponible suficiente para hacer seguimientos independientes".
-¿Un ejemplo?
"Cuando se anuncia que 5 mil jóvenes en vulnerabilidad serán capacitados laboralmente, no está claro cuál es el grupo objetivo, si han cometido delitos, si son carreras delictuales en potencia, cómo se hizo ese diagnóstico y selección. Si sólo se trata de jóvenes pobres, sin duda es un gran programa social, pero no necesariamente está previniendo delincuencia. Tal vez sólo unos pocos o ninguno de esos jóvenes iban a seguir carreras delictuales. Tal vez algunos las sigan de todos modos, porque sus factores de riesgo están asociados a abuso de drogas, abusos sexuales o maltrato infantil. Si es así, el gasto no está focalizado, y probablemente el impacto tampoco.
-¿Qué está sucediendo con la rehabilitación?
"Las estrategias exitosas son integrales, y el discurso de la Estrategia Nacional debe ser reconocido. Pero eso quiere decir fuerte inversión de recursos, construcción de capacidad técnica y persistente voluntad política para diseñar programas probados de prevención y reinserción, y conjugarlos con formas eficaces de control y persecución del delito. Pero en inserción y rehabilitación -y ése es el cuarto eje problemático-, simplemente, no hay oferta programática. Las medidas alternativas a la cárcel, lidiando con la mitad de los condenados, disponen sólo del 3% del presupuesto de Gendarmería. Todos los años egresan de las cárceles chilenas alrededor de 20 mil personas, y necesitan oportunidades para rehacer sus vidas. La oferta estatal en la actualidad es un solo programa... que atiende a 250 personas. La propuesta de la Estrategia es aumentarlas en otros... 300 cupos. No hay oferta, en un área de máxima importancia si se quiere reducir delincuencia: es muy predecible que muchos vuelvan a delinquir. Aunque no lo sabemos, porque tampoco hay estudios fuertes y públicos de reincidencia".
-¿Qué rescata del debate político que surgió en los últimos días sobre este tema?
"Rescato la intención, el discurso de integralidad, la idea de hacer de esto una política de Estado. Que se haga en un trabajo conjunto entre el Gobierno, la oposición y todos los sectores. Como se hizo la Reforma Procesal Penal. Pero hasta ahora no ha alcanzado para desideologizar el tema. Si estuviera siendo abordado técnicamente, muy pocas de las medidas propuestas seguirían circulando".
"Hace unos días, el subsecretario del Interior, en una columna de opinión, vinculaba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con los intensos desarrollos internacionales en el área delincuencia. Si hubiera una sola lección que aprender de la experiencia internacional, es que son las prácticas, la implementación y la metodología lo que producen los cambios".
"Sin excepción, donde se ha logrado reducir el delito, se ha hecho sobre bases sustancialmente operativas. No son las leyes ni los planes ni los discursos. La experiencia internacional muestra también que en esta área -en la que por cada experiencia que funciona hay cientos que fracasan-, las metodologías exitosas sólo se han podido construir mediante un riguroso proceso de implementación, seguimiento, evaluación de objetivos y corrección. Por eso, en esta área, lo que no está evaluado no cuenta".
La audaz operación de Belisario
Sábado 27 de octubre de 2007.
Pese al éxito inicial, el ministro enfrentó situaciones que le impiden garantizar que se llegará a un acuerdo.
BLANCA ARTHUR
Con ese instinto político que ni sus detractores le desconocen, el ministro del Interior, Belisario Velasco, realizó una de las más audaces operaciones políticas desde que está instalado en su cargo en La Moneda.
En momentos en que el panorama se le presentaba poco auspicioso, al punto que se daba por segura su caída, consiguió aparecer liderando un acuerdo que hasta ahora parecía imposible, como fue el que selló con la Alianza para enfrentar el tema de la seguridad pública.
Como resultado inmediato de su maniobra, Belisario Velasco pudo exhibir el reconocimiento público de la propia Presidenta Michelle Bachelet al inicio de este diálogo, que aplaudió como resultado de su convocatoria a un pacto social con la oposición.
Pero más allá de haberle permitido al Gobierno un respiro en el tema que más le complica, el jefe de gabinete sabe que la operación tiene sus complicaciones que le impiden garantizar que termine tan triunfante como comenzó.
Primer triunfo
En un gesto de audacia, el titular de Interior no dudó en aceptar la disposición mostrada por Joaquín Lavín, a quien citó a La Moneda el lunes. Con ello, lo primero que buscó fue retomar las riendas en el tema de seguridad, luego que el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestara en la víspera que el Gobierno estaba disponible para iniciar un diálogo con el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, tras la propuesta que éste había hecho sobre la materia.
Pero Velasco, en dupla con el subsecretario Felipe Harboe -quien se había contactado con Lavín por intermedio de su ex generalísima, Cristina Bitar-, decidió apostar a un acuerdo con el ex candidato UDI. De esa manera, por una parte le quitaba el piso a Viera-Gallo, pero además no descartaba la posibilidad de meter una cuña en la Alianza, en la medida en que Lavín consiguiera arrastrar a su partido, como éste intentó.
Decidido a no transar, el ministro del Interior notificó al comité político esa mañana de que más tarde acudirían a su despacho Lavín junto a representantes de la UDI, ante lo cual el resto de los ministros y los representantes de los partidos de la Concertación le plantearon que no debía marginar a lo menos a RN.
Pero manteniendo su ofensiva, Velasco no llamó a nadie más y recibió al ex presidenciable UDI, anotándose su primer triunfo. Porque aun cuando éste llegó solo, el compromiso público que asumió de jugarse para un acuerdo, hacía irreversible el inicio del diálogo con la oposición.
No a la cuña
Pese a que, además de ello, el ministro se impuso en la pugna soterrada con Viera-Gallo, que se inclinaba por un acuerdo global que incluyera a Piñera y a RN, no pudo meter la cuña en la Alianza, al menos con la fuerza que esperaba.
La expectativa de la dupla Velasco-Harboe era conseguir el respaldo de la UDI vía Lavín, especialmente para aprobar la creación de la subsecretaría de seguridad pública por la que ambos están jugados -en reemplazo de la idea inicial de un ministerio-, iniciativa que corría el riesgo de ser rechazada en los próximos días.
En su apuesta, el ministro Velasco partió del supuesto que la UDI no le quitaría el piso a Lavín, con lo que acertó, pero lo que escapó a sus cálculos fue que paralelamente la directiva presidida por el senador Hernán Larraín no estaría dispuesta a sacrificar la unidad que ha construido con RN, ni tampoco a entregarse a un acuerdo sin obtener nada a cambio.
Fue en ese contexto que el presidente de la UDI concordó con su par de RN, Carlos Larraín, tomar la ofensiva que les permitiera radicar en los partidos las tratativas sobre el tema, lo que consiguieron tras la reunión del martes en la tarde solicitada por ambos.
Tras dicho encuentro quedó establecido que el éxito que el ministro había conseguido con el inicio del diálogo, a lo menos corría el riesgo de no terminar en un acuerdo como el que se planteó al iniciar su operación.
Líos por comisión
Contrariamente a lo que podría suponerse, el principal resultado de esa cita, como fue el acuerdo de crear una comisión con representantes del Ministerio del Interior más los senadores aliancistas Alberto Espina y Andrés Chadwick, lejos de colaborar con los intereses de Velasco, conspiró en su contra.
De hecho, tanto el ministro como Harboe fueron contrarios a la fórmula, primero porque al entregar las decisiones a los partidos, la mediación de Lavín podía ser menos eficiente, pero además, porque ambos querían marginar de las negociaciones al senador de RN, dadas las discrepancias que ha tenido con él en el tema de la agenda de seguridad, en particular respecto a la aprobación de la subsecretaría.
Pero junto a los obstáculos que el Gobierno enfrentará en las tratativas con la oposición, la que no está dispuesta a llegar a acuerdos sin que se les acepten algunas de sus propuestas, el jefe de gabinete y su subsecretario deberán sortear los problemas con la Concertación, desde donde se alegó por haber sido marginados.
Como salida, se planteó la posibilidad de que el Gobierno forme un segundo grupo con representantes de su coalición, o bien se los incorpore al mismo equipo.
Considerando las dificultades que existen para conciliar las posturas en este tema, cualquiera sea la fórmula, en Interior admiten que el acuerdo por el que apostaron se les complicó.
Pese al éxito inicial, el ministro enfrentó situaciones que le impiden garantizar que se llegará a un acuerdo.
BLANCA ARTHUR
Con ese instinto político que ni sus detractores le desconocen, el ministro del Interior, Belisario Velasco, realizó una de las más audaces operaciones políticas desde que está instalado en su cargo en La Moneda.
En momentos en que el panorama se le presentaba poco auspicioso, al punto que se daba por segura su caída, consiguió aparecer liderando un acuerdo que hasta ahora parecía imposible, como fue el que selló con la Alianza para enfrentar el tema de la seguridad pública.
Como resultado inmediato de su maniobra, Belisario Velasco pudo exhibir el reconocimiento público de la propia Presidenta Michelle Bachelet al inicio de este diálogo, que aplaudió como resultado de su convocatoria a un pacto social con la oposición.
Pero más allá de haberle permitido al Gobierno un respiro en el tema que más le complica, el jefe de gabinete sabe que la operación tiene sus complicaciones que le impiden garantizar que termine tan triunfante como comenzó.
Primer triunfo
En un gesto de audacia, el titular de Interior no dudó en aceptar la disposición mostrada por Joaquín Lavín, a quien citó a La Moneda el lunes. Con ello, lo primero que buscó fue retomar las riendas en el tema de seguridad, luego que el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestara en la víspera que el Gobierno estaba disponible para iniciar un diálogo con el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, tras la propuesta que éste había hecho sobre la materia.
Pero Velasco, en dupla con el subsecretario Felipe Harboe -quien se había contactado con Lavín por intermedio de su ex generalísima, Cristina Bitar-, decidió apostar a un acuerdo con el ex candidato UDI. De esa manera, por una parte le quitaba el piso a Viera-Gallo, pero además no descartaba la posibilidad de meter una cuña en la Alianza, en la medida en que Lavín consiguiera arrastrar a su partido, como éste intentó.
Decidido a no transar, el ministro del Interior notificó al comité político esa mañana de que más tarde acudirían a su despacho Lavín junto a representantes de la UDI, ante lo cual el resto de los ministros y los representantes de los partidos de la Concertación le plantearon que no debía marginar a lo menos a RN.
Pero manteniendo su ofensiva, Velasco no llamó a nadie más y recibió al ex presidenciable UDI, anotándose su primer triunfo. Porque aun cuando éste llegó solo, el compromiso público que asumió de jugarse para un acuerdo, hacía irreversible el inicio del diálogo con la oposición.
No a la cuña
Pese a que, además de ello, el ministro se impuso en la pugna soterrada con Viera-Gallo, que se inclinaba por un acuerdo global que incluyera a Piñera y a RN, no pudo meter la cuña en la Alianza, al menos con la fuerza que esperaba.
La expectativa de la dupla Velasco-Harboe era conseguir el respaldo de la UDI vía Lavín, especialmente para aprobar la creación de la subsecretaría de seguridad pública por la que ambos están jugados -en reemplazo de la idea inicial de un ministerio-, iniciativa que corría el riesgo de ser rechazada en los próximos días.
En su apuesta, el ministro Velasco partió del supuesto que la UDI no le quitaría el piso a Lavín, con lo que acertó, pero lo que escapó a sus cálculos fue que paralelamente la directiva presidida por el senador Hernán Larraín no estaría dispuesta a sacrificar la unidad que ha construido con RN, ni tampoco a entregarse a un acuerdo sin obtener nada a cambio.
Fue en ese contexto que el presidente de la UDI concordó con su par de RN, Carlos Larraín, tomar la ofensiva que les permitiera radicar en los partidos las tratativas sobre el tema, lo que consiguieron tras la reunión del martes en la tarde solicitada por ambos.
Tras dicho encuentro quedó establecido que el éxito que el ministro había conseguido con el inicio del diálogo, a lo menos corría el riesgo de no terminar en un acuerdo como el que se planteó al iniciar su operación.
Líos por comisión
Contrariamente a lo que podría suponerse, el principal resultado de esa cita, como fue el acuerdo de crear una comisión con representantes del Ministerio del Interior más los senadores aliancistas Alberto Espina y Andrés Chadwick, lejos de colaborar con los intereses de Velasco, conspiró en su contra.
De hecho, tanto el ministro como Harboe fueron contrarios a la fórmula, primero porque al entregar las decisiones a los partidos, la mediación de Lavín podía ser menos eficiente, pero además, porque ambos querían marginar de las negociaciones al senador de RN, dadas las discrepancias que ha tenido con él en el tema de la agenda de seguridad, en particular respecto a la aprobación de la subsecretaría.
Pero junto a los obstáculos que el Gobierno enfrentará en las tratativas con la oposición, la que no está dispuesta a llegar a acuerdos sin que se les acepten algunas de sus propuestas, el jefe de gabinete y su subsecretario deberán sortear los problemas con la Concertación, desde donde se alegó por haber sido marginados.
Como salida, se planteó la posibilidad de que el Gobierno forme un segundo grupo con representantes de su coalición, o bien se los incorpore al mismo equipo.
Considerando las dificultades que existen para conciliar las posturas en este tema, cualquiera sea la fórmula, en Interior admiten que el acuerdo por el que apostaron se les complicó.
jueves, 25 de octubre de 2007
Sólo la "agenda corta" será ley este año
Discrepancias entre la Concertación y la Alianza sobre el grado de severidad en las medidas antidelincuencia han entorpecido el avance de los proyectos.
HERNÁN CISTERNAS
Una vez que una comisión mixta de diputados y senadores resuelva las últimas discrepancias entre la Concertación y la Alianza, en las próximas semanas podría convertirse en ley el primer proyecto de la "agenda corta" de seguridad ciudadana, que ingresó en julio del año pasado.
El avance de esta iniciativa ha tenido diversos tropiezos por las discrepancias entre la Alianza y la Concertación en cuanto a la rigurosidad de las penas.
Es así que durante su paso por el Senado, donde permaneció doce meses, se acogieron varias indicaciones de la oposición que endurecieron las normas del texto original que elaboró el Ejecutivo. Sin embargo, hace dos semanas los diputados de la Concertación intentaron rechazar la mayoría de esos cambios por estimar que con varios de ellos se volvía al viejo sistema procesal penal.
La Alianza -que calificó tales críticas como "garantistas", porque sólo se ocupaban de los derechos de los delincuentes y no de las víctimas- votó a favor de mantener las modificaciones del Senado, posición que fue compartida por los diputados del Partido Radical. Los votos de estos últimos definieron una mayoría circunstancial que permitió que se aprobaran todas las normas objetadas por la Concertación, salvo dos aspectos que serán resueltos en comisión mixta.
Entre las normas aprobadas figura el retorno del control de identidad, que permite a las policías revisar las órdenes de detención pendientes y registrar ropas, equipajes y vehículos en búsqueda de indicios de un delito, en cuyo caso podrán detener sin esperar la orden judicial.
Asimismo, a pesar del rechazo de la Concertación, se aprobó la ampliación de seis a doce horas del plazo para considerar un delito como flagrante.
Además, pasa a ser circunstancia agravante tener condena anterior por delitos de la misma especie. La existencia de procesos pendientes y actuar en grupos o pandillas será considerado para determinar si la libertad de un imputado es o no peligrosa para la sociedad.
Para fortalecer la acción preventiva, las policías estarán obligadas a tener una base de datos unificada y actualizada de las personas que hubieran sido detenidas o que registren órdenes de detención.
En tanto, el debate sobre la creación del Ministerio o Subsecretaría de Seguridad se postergó hasta quince días más, por el acuerdo al que llegaron ayer la Alianza y el Gobierno (ver nota principal).
Junto a esto, en el Senado permanece desde enero sin avances el proyecto que sanciona a los encapuchados y a quienes cometen delitos en manifestaciones públicas, y desde la semana pasada está en la Cámara el proyecto que modifica la Ley de Control de Armas.
HERNÁN CISTERNAS
Una vez que una comisión mixta de diputados y senadores resuelva las últimas discrepancias entre la Concertación y la Alianza, en las próximas semanas podría convertirse en ley el primer proyecto de la "agenda corta" de seguridad ciudadana, que ingresó en julio del año pasado.
El avance de esta iniciativa ha tenido diversos tropiezos por las discrepancias entre la Alianza y la Concertación en cuanto a la rigurosidad de las penas.
Es así que durante su paso por el Senado, donde permaneció doce meses, se acogieron varias indicaciones de la oposición que endurecieron las normas del texto original que elaboró el Ejecutivo. Sin embargo, hace dos semanas los diputados de la Concertación intentaron rechazar la mayoría de esos cambios por estimar que con varios de ellos se volvía al viejo sistema procesal penal.
La Alianza -que calificó tales críticas como "garantistas", porque sólo se ocupaban de los derechos de los delincuentes y no de las víctimas- votó a favor de mantener las modificaciones del Senado, posición que fue compartida por los diputados del Partido Radical. Los votos de estos últimos definieron una mayoría circunstancial que permitió que se aprobaran todas las normas objetadas por la Concertación, salvo dos aspectos que serán resueltos en comisión mixta.
Entre las normas aprobadas figura el retorno del control de identidad, que permite a las policías revisar las órdenes de detención pendientes y registrar ropas, equipajes y vehículos en búsqueda de indicios de un delito, en cuyo caso podrán detener sin esperar la orden judicial.
Asimismo, a pesar del rechazo de la Concertación, se aprobó la ampliación de seis a doce horas del plazo para considerar un delito como flagrante.
Además, pasa a ser circunstancia agravante tener condena anterior por delitos de la misma especie. La existencia de procesos pendientes y actuar en grupos o pandillas será considerado para determinar si la libertad de un imputado es o no peligrosa para la sociedad.
Para fortalecer la acción preventiva, las policías estarán obligadas a tener una base de datos unificada y actualizada de las personas que hubieran sido detenidas o que registren órdenes de detención.
En tanto, el debate sobre la creación del Ministerio o Subsecretaría de Seguridad se postergó hasta quince días más, por el acuerdo al que llegaron ayer la Alianza y el Gobierno (ver nota principal).
Junto a esto, en el Senado permanece desde enero sin avances el proyecto que sanciona a los encapuchados y a quienes cometen delitos en manifestaciones públicas, y desde la semana pasada está en la Cámara el proyecto que modifica la Ley de Control de Armas.
lunes, 22 de octubre de 2007
Gobierno se abre a incluir plan antidelincuencia de Piñera en el pacto social
Ministro del Interior analizará los planteamientos del casi seguro candidato presidencial de RN.
Entre otras materias, propone una Defensoría para las Víctimas.
Carabineros estrecha el cerco en torno a los asesinos del cabo Luis Moyano.
Ante mayor violencia, hay indumentaria de alta tecnología para policías.
Carabineros recibió "avalancha" de información sobre presuntos implicados:
Se estrecha cerco en torno a asesino de cabo tras publicación de fotos
Amplias repercusiones después de difundirse imágenes de dos de los pistoleros.
Allanamientos de madrugada en busca de los individuos que usaron moto en fatal asalto.
PEDRO LEZAETA
La cacería tras el asesino del cabo de Carabineros Luis Moyano y sus cómplices asaltantes se intensificó luego de la publicación de las fotos de dos de los implicados. La segunda imagen fue revelada ayer. A raíz de ello, una "avalancha" de información sobre presuntos autores cayó sobre el cuartel del OS-9 de la policía uniformada, que estrechó dramáticamente el cerco en torno a los criminales. Se recibieron cientos de llamadas que aportaron datos.
En este escenario, Carabineros realizó allanamientos de madrugada en la Quinta Región. Específicamente en Agua Santa y en Cartagena. En esta última ciudad se indagaron pistas de dos sujetos, quienes realizaron gastos desmedidos en taxis.
También hubo pericias y nuevas tomas de declaración ayer en el sitio en que fue asesinado Moyano.
En La Pintana se realizaron pesquisas de madrugada. Se suponía que en un domicilio de Roberto Hunneus podía estar uno de los individuos que condujeron la moto que iba a fiscalizar el cabo Luis Moyano cuando fue asesinado. No fue encontrado, pero sí valiosas pistas.
Otras diligencias, efectuadas con información residual, permitieron un importante decomiso de pasta base de cocaína y armas en la población San Gregorio de Santiago.
Por el momento, informantes de Carabineros han señalado que los presuntos integrantes de la banda que mató al cabo Moyano han realizado varios cambios de domicilio en el sector sur de la capital.
El OS-9 también cuenta con una imagen procesada de la moto -sobre la cual no hay denuncia por robo- usada por el sujeto que mató a Moyano y la rastrea en la capital.
Fue el propio general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, quien entregó las directrices de la investigación. "Calma, espera, precisión", fueron las recomendaciones que impartió.
Bernales ha indicado que todos los procedimientos realizados en el caso que significó la muerte de Moyano son susceptibles de ser mejorados para adecuarlos a la "violencia de hoy". Por ello, se espera que en el corto plazo, en especial en los servicios de motoristas -al cual pertenecía el carabinero mártir-, se realicen modificaciones.
En materia de indumentaria de seguridad para los efectivos, se ha afirmado que Carabineros cuenta con materiales y elementos de protección acordes con su labor.
No obstante, fuentes ligadas al tema de la protección personal en Carabineros indican que si aumentan los niveles de violencia, podría emplearse nuevo equipamiento de avanzada (ver infografía).
jueves, 18 de octubre de 2007
Chilenos reprueban al Gobierno en combate contra la delincuencia
El Mercurio, Reportajes domingo 13 octubre de 2007.
Aunque La Moneda insiste en la eficacia del Plan Cuadrante, 9 de cada 10 santiaguinos no conocen al carabinero a cargo de su barrio ni los programas del Ejecutivo para afrontar el tema. Los encuestados llaman a tener mano dura y a aumentar las penas a los delincuentes.GABRIEL PARDO Y ANDREA SIERRA
Vestida de carabinero. Así dio el vamos la Presidenta Bachelet a la puesta en marcha en Puerto Montt de uno de los proyectos clave del Gobierno para combatir la delincuencia: el Plan Cuadrante. En la ocasión hubo brindis, mucha prensa e, incluso, aplausos para la iniciativa que hoy opera en 72 comunas.
Sin embargo, a casi cuatro años desde que el Presidente Lagos diera inicio al funcionamiento del sistema en Santiago, donde cada comisaría se subdivide en sectores claramente delimitados para focalizar la vigilancia, con carabineros que establecen "contacto directo" con los vecinos, las cosas no han mejorado.
Así lo revela el sondeo de El Mercurio-Opina sobre delincuencia, pues ante la pregunta "¿conoce usted al carabinero a cargo de su cuadrante?", el 91,5% de los encuestados dice no saber quién es y 8 de cada 10 personas no sabe cómo ubicar al carabinero a cargo de su barrio.
Pese a ello, al evaluar el desempeño de las instituciones en el combate contra la delincuencia, Carabineros se lleva un 5,3 en la opinión ciudadana. Le siguen los municipios, aprobando a duras penas con un 4,0. Y, finalmente, el Gobierno, que reprueba en su labor de lucha contra el delito: alcanza un 3,8 como nota.
Una evaluación negativa que se ve acentuada al constatar que 7 de cada 10 chilenos están convencidos de que el Gobierno es el principal responsable de solucionar ese problema. No sólo eso. El sondeo revela que la población está desinformada sobre los planes que tiene La Moneda para combatir el delito. El 84% afirma que no conoce la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno (2006-2010) que fue implementada en noviembre pasado y que está a cargo del Ministerio del Interior.
Además, respecto de los extensos plazos que se ha fijado la iniciativa los encuestados aseguran, en un 61,1% de los casos, que "cada gobierno debe asumir su responsabilidad por sus planes".
El desconocimiento de la ciudadanía ante los planes gubernamentales se repite también frente a la labor de los municipios. Un 75% de los consultados reconoce no tener el teléfono de seguridad ciudadana de su comuna. Pero a la hora de votar en los comicios municipales, eso sí, el 53,9% sostiene que los problemas de delincuencia presentes en la comuna influyen "mucho" o "bastante" al momento de elegir quién será su futuro edil.
Otro de los aspectos que resaltan es que la ciudadanía opta por la "mano dura". Ante la pregunta ¿qué prefiere usted que se haga con una persona que robó?, dos tercios de los encuestados (66,8%) opina que "debe ir a la cárcel, independiente de lo que ocurra con él", contra un 24% que opta porque "sea rehabilitado sin quedar tras las rejas".
Ficha
Universo: Residentes en los hogares del Gran Santiago con teléfono fijo.
Tamaño muestral: 680 unidades, con distribución proporcional por comunas y aplicación de un sorteo aleatorio simple.
Margen de error: 5,0% margen de error. Nivel de confianza de 95%.
Método de muestreo: Encuesta en hogares a personas mayores de 18 años. Sorteo aleatorio del hogar.
Fecha de aplicación: Miércoles 10 de octubre de 2007.
Aunque La Moneda insiste en la eficacia del Plan Cuadrante, 9 de cada 10 santiaguinos no conocen al carabinero a cargo de su barrio ni los programas del Ejecutivo para afrontar el tema. Los encuestados llaman a tener mano dura y a aumentar las penas a los delincuentes.GABRIEL PARDO Y ANDREA SIERRA
Vestida de carabinero. Así dio el vamos la Presidenta Bachelet a la puesta en marcha en Puerto Montt de uno de los proyectos clave del Gobierno para combatir la delincuencia: el Plan Cuadrante. En la ocasión hubo brindis, mucha prensa e, incluso, aplausos para la iniciativa que hoy opera en 72 comunas.
Sin embargo, a casi cuatro años desde que el Presidente Lagos diera inicio al funcionamiento del sistema en Santiago, donde cada comisaría se subdivide en sectores claramente delimitados para focalizar la vigilancia, con carabineros que establecen "contacto directo" con los vecinos, las cosas no han mejorado.
Así lo revela el sondeo de El Mercurio-Opina sobre delincuencia, pues ante la pregunta "¿conoce usted al carabinero a cargo de su cuadrante?", el 91,5% de los encuestados dice no saber quién es y 8 de cada 10 personas no sabe cómo ubicar al carabinero a cargo de su barrio.
Pese a ello, al evaluar el desempeño de las instituciones en el combate contra la delincuencia, Carabineros se lleva un 5,3 en la opinión ciudadana. Le siguen los municipios, aprobando a duras penas con un 4,0. Y, finalmente, el Gobierno, que reprueba en su labor de lucha contra el delito: alcanza un 3,8 como nota.
Una evaluación negativa que se ve acentuada al constatar que 7 de cada 10 chilenos están convencidos de que el Gobierno es el principal responsable de solucionar ese problema. No sólo eso. El sondeo revela que la población está desinformada sobre los planes que tiene La Moneda para combatir el delito. El 84% afirma que no conoce la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno (2006-2010) que fue implementada en noviembre pasado y que está a cargo del Ministerio del Interior.
Además, respecto de los extensos plazos que se ha fijado la iniciativa los encuestados aseguran, en un 61,1% de los casos, que "cada gobierno debe asumir su responsabilidad por sus planes".
El desconocimiento de la ciudadanía ante los planes gubernamentales se repite también frente a la labor de los municipios. Un 75% de los consultados reconoce no tener el teléfono de seguridad ciudadana de su comuna. Pero a la hora de votar en los comicios municipales, eso sí, el 53,9% sostiene que los problemas de delincuencia presentes en la comuna influyen "mucho" o "bastante" al momento de elegir quién será su futuro edil.
Otro de los aspectos que resaltan es que la ciudadanía opta por la "mano dura". Ante la pregunta ¿qué prefiere usted que se haga con una persona que robó?, dos tercios de los encuestados (66,8%) opina que "debe ir a la cárcel, independiente de lo que ocurra con él", contra un 24% que opta porque "sea rehabilitado sin quedar tras las rejas".
Ficha
Universo: Residentes en los hogares del Gran Santiago con teléfono fijo.
Tamaño muestral: 680 unidades, con distribución proporcional por comunas y aplicación de un sorteo aleatorio simple.
Margen de error: 5,0% margen de error. Nivel de confianza de 95%.
Método de muestreo: Encuesta en hogares a personas mayores de 18 años. Sorteo aleatorio del hogar.
Fecha de aplicación: Miércoles 10 de octubre de 2007.
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