Domingo 24 de febrero de 2008
Vía acusación constitucional
Diputados de la colectividad aseguran que existen los fundamentos para iniciar un juicio político en el Parlamento.
La UDI anunció ayer que un equipo de expertos, que integrarían los juristas Arturo Fermandois, Carlos Frontaura y Germán Concha, analizará los antecedentes para presentar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, por su actuación en el caso de las anomalías administrativas detectadas por la Contraloría en la Seremi Metropolitana
UDI se sumó ayer a iniciativa de RN para destituir a la ministra:
Alianza define fundamentos para acusación contra Provoste
El cargo sería inacción tras irregularidades en el Mineduc.
BRUNO EBNER
Bajo el argumento de ser "inaceptable" que La Moneda dé por cerrado el tema de las irregularidades en el Mineduc, los diputados de la UDI anunciaron ayer que existen todos los antecedentes para acusar constitucionalmente a la ministra de Educación, Yasna Provoste.
Para el partido los fundamentos se acrecentarían, luego de las afirmaciones de ayer de la ex subsecretaria Pilar Romaguera a "El Mercurio". En éstas aseguró que las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Seremi Metropolitana fueron presentadas, en septiembre de 2007, para todo el 2006 y los primeros nueve meses del año en que se entregaron, quedando aún pendientes los anteriores (2004-2005).
Así, para la UDI, pierden fuerzas las afirmaciones de Provoste, quien sostiene que todas las conciliaciones del período investigado por la Contraloría quedaron listas en septiembre pasado.
"Ésta es la forma en la que ocurren los EFE, los Chiledeportes y los PGE. A partir de los estudios que hemos hecho, como diputados, creemos que se dan los antecedentes necesarios para la acusación constitucional", dijo el vicepresidente partidista, Rodrigo Álvarez.
De esta forma, la UDI se suma a la acción iniciada por sus socios de RN a inicios de semana, y que, en definitiva, de resultar exitosa en el Congreso, significaría la destitución de la ministra.
Estos días hubo contactos informales entre los voceros de la Alianza para comenzar a trabajar en conjunto en torno a la acusación, y que se establecerán de manera oficial, desde mañana y durante toda la semana.
Para la oposición el asunto cobra cada vez más forma. RN ya pidió a los integrantes de su comisión constitucional analizar los fundamentos jurídicos de la acusación. Entre éstos están sus ex presidentes Sergio Diez y Ricardo Rivadeneira, el ex senador Miguel Otero, además de los abogados Miguel Luis Amunátegui y Felipe Bulnes.
En la UDI, los antecedentes serán derivados a la fundación Jaime Guzmán. Allí el equipo jurídico lo lidera Miguel Flores, que trabajará con los abogados Arturo Fermandois, Carlos Frontaura y Germán Concha.
A priori, en el partido se informó que, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución, N°2, letra b, la más probable causal en contra de Provoste sería el haber dejado leyes sin ejecución. Es decir, acusarían una supuesta inacción de la ministra.
Ésta se sustentaría en que, luego de constatar las irregularidades en el Mineduc, Provoste no habría tomado medidas para sancionar a los responsables, partiendo por el ex seremi metropolitano, Alejandro Traverso.
La ministra, como ha sostenido en los últimos días, espera el que la Contraloría -que solicitó la destitución- se pronuncie sobre la reconsideración que pidió Traverso. Después de ello recién le aplicará una medida disciplinaria, si así lo estima.
El factor "colorín" en el nuevo escenario
La Alianza confía en que los ex DC apoyen la moción, y con esta nueva mayoría en el Congreso, usar esta herramienta en forma recurrente.
Para la Alianza, esta acusación constitucional será la primera oportunidad para poner a prueba la votación de los cinco diputados "colorines". La oposición está confiada en que el discurso "colorín" es duro en sancionar las faltas a la probidad, y cuenta con que los seguidores de Adolfo Zaldívar apoyarán la acusación con sus votos. La mayor confianza está en los diputados Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda. En especial en éste, quien es un posible adversario de Yasna Provoste en la Región de Atacama, donde la ministra -al igual que Mulet- desea competir por un cupo en el Senado.
De los 120 diputados, para la votación de la acusación en sala quedan inhabilitados los dos que hoy están desaforados. Contabilizados para la Concertación los ex PPD Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela -y restados los 5 "colorines"-, el oficialismo queda con 58 diputados.
Si a los 55 de la Alianza se les agregan los cinco ex DC, sumarán 60, por lo que la acusación podría aprobarse y así pasar al Senado. Allí, los senadores votan como juez imparcial y en conciencia y no pueden emitir opinión previa, pues quedan inhabilitados. Si aprueban la acusación -por mayoría simple-, Provoste quedaría destituida automáticamente de su cargo, siendo la primera acusación constitucional contra un ministro de Estado que prospere desde 1990 a la fecha.
Así, con el reordenamiento de las mayorías en el Congreso, la Alianza estima finalmente posible el uso recurrente de la acusación constitucional como arma de fiscalización.
"La Contraloría ha sido impecable en la fiscalización de los recursos públicos", aseguró el diputado Álvarez, junto a su par Iván Moreira.
Foto:CAROLINA MONTENEGRO
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